El invitado estrella del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunido ayer, fue Jaume Giró, el conseller de Economia i Finances. Hacía cinco años que ningún conseller catalán asistía a estas reuniones de los consejeros autonómicos de Hacienda. El último en hacerlo fue Oriol Junqueras. Es importante, en este sentido, que progresivamente se normalicen las relaciones de Catalunya con las instituciones del Estado y, sobre todo, que la voz de los representantes de la Generalitat pueda oírse en ellas al tiempo que se sigue de cerca el reparto del dinero que realiza la Administración central entre las autonomías.
La reunión de ayer fue especialmente importante porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó sobre la distribución de los recursos del Estado que se prevé en los presupuestos del 2022, así como de las recomendaciones de déficit público que deberían respetar las respectivas comunidades autónomas en ese año. Ningún gobierno autonómico está obligado a cumplir dichas recomendaciones porque todavía se mantiene, desde la Comisión Europea, la suspensión de las restricciones fiscales para facilitar el apoyo del sector público a la economía y las familias más vulnerables. El conseller catalán enumeró aspectos positivos de la propuesta de Hacienda, aunque lamentó que se mantenga un objetivo de déficit público de las autonomías del 0,6% del producto interior bruto (PIB). Sin más margen, Giró alertó de las dificultades de elaborar un presupuesto que satisfaga todas las necesidades de Catalunya todavía en plena emergencia social, económica y sanitaria.
La reforma del sistema de financiación se aplaza hasta que la pacten PSOE y PP
A diferencia de otras reuniones del CPFF no hubo ayer grandes críticas de los consejeros. La razón es que la ministra de Hacienda puso sobre la mesa un reparto récord de dinero. En concreto, en el 2022 las autonomías recibirán un total de 112.213 millones de euros –20.880 millones para Catalunya– en entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Esta cantidad, además, se sumará a los 3.900 millones de euros que recibirán por la liquidación del ejercicio 2020 y los 3.100 millones por los ingresos perdidos por las autonomías en el 2017 como consecuencia del cambio del sistema de gestión del IVA registrado entonces. Dos sentencias del Supremo han sido decisivas para que el Gobierno abone esta última cantidad y ponga fin a un contencioso que se mantenía desde hace cuatro años.
El total de recursos que recibirán las autonomías en el 2022 supone un aumento del 6,3% con respecto a este año. Es mucho dinero. Ello responde, según dijo la ministra Montero, a la voluntad del Gobierno de que nadie se quede atrás y mucho menos las administraciones públicas responsables de proveer servicios, sobre todo para paliar el impacto de la pandemia. A ello ayudarán decisivamente los fondos europeos, cuyos criterios de reparto se definirán en una nueva reunión que se celebrará el próximo lunes.
Pese a la aparente normalidad con la que transita la financiación autonómica hay que tener presente, como algunos consejeros se encargaron de recordar ayer, incluido Giró, que el sistema actual está obsoleto y que su reforma está pendiente desde hace cinco años. Esta es una grave anomalía que hay que resolver porque dificulta el correcto y equitativo funcionamiento del Estado de las autonomías. Para Catalunya, que está discriminada por este sistema, la reforma es crucial. La ministra de Hacienda, sin embargo, fue muy clara al advertir que no será posible reformar el sistema de financiación autonómica hasta que los dos grandes partidos del país, PSOE y PP, alcancen un pacto de Estado que posibilite la aprobación de la ley orgánica necesaria para ello. Ese pacto, además, es necesario para hacer cuadrar las cuentas del que debe ser el nuevo sistema, ya que la suma de las reivindicaciones de cada autonomía desborda cualquier escenario financiero realista. De momento, pues, seguirá el viejo sistema de financiación autonómica con los parches que sean necesarios en función de la coyuntura.