Antonio Baños, ex diputado de la CUP, criticaba en TV3 , la detención de Pablo Hasél por parte de los Mossos d’Esquadra, porque “ninguna ley catalana” persigue actuaciones como la del rapero. Cierto. Tampoco ninguna ley catalana castiga que al señor Baños le roben la cartera. Esas conductas están tipificadas en el Código Penal español. Y los Mossos d’Esquadra, como policía integral del país, deben actuar frente a todos los delitos y, en tanto que policía judicial, han de llevar a cabo las acciones que jueces y fiscales les encomienden.
Dolors Sabater, cabeza de lista de la CUP en las recientes elecciones al Parlament, en relación con los graves incidentes que estos días se han producido en diversas ciudades catalanas, evitaba condenar en la televisión catalana los actos de una minoría de manifestantes y atribuía a los Mossos buena parte de la responsabilidad de la violencia. Preguntada por cómo actuaría en un caso similar si su partido estuviera en el gobierno recurría, una vez más, al tópico: disolver la BRIMO (unidades antidisturbios) y las ARRO (unidades de apoyo puntual).
Que Pablo Hasél (por mucho que puedan desagradar sus letras) y que los líderes independentistas estén en la cárcel demuestra que no exageran los que afirman que la calidad democrática de España presenta graves carencias. Que parte del poder judicial español está anclado en otras épocas y precisa de una renovación urgente es una evidencia. Que piezas claves del ordenamiento jurídico, como el Código Penal y la denominada Ley mordaza, exigen cambios en profundidad parece obvio. Y la lentitud timorata del Ministro de Justicia está contribuyendo a agravar la situación. Ha hecho falta que destacados artistas, algunos situados en la órbita socialista, alzaran su voz a favor de la libertad de expresión para que el PSOE comience a pensar que quizás las exigencias de Unidas Podemos deben ser atendidas. Ahora bien, nada de eso justifica un asalto a una comisaría, la quema de contenedores y motos aparcadas en la vía pública y el destrozo del mobiliario de un sector como el de la hostelería que, además, es uno de los más afectados por la crisis derivada de la pandemia. En la Europa del siglo XXI no transforma más la realidad quien mayor número de piedras arroja sino quien sabe forjar mayorías dispuestas a cambiar las cosas.
Y tal como ocurrió en octubre de 2019 reaparece la polémica sobre la actuación policial. Sería conveniente que el debate también se centrara en la diferencia entre la protesta pacífica, que puede adoptar formas legítimas de desobediencia, y la violencia
Pero nuevamente oímos voces desde un sector del independentismo que cuestionan el sentido mismo de los Mossos d’Esquadra como policía de Catalunya. No creo ser sospechoso de connivencia con las malas praxis policiales: me tocó encabezar en el Parlament la exigencia de responsabilidades al conseller Felip Puig por los sucesos de 2011 y 2012, después de que éste afirmara que los Mossos debían situarse “al límite de la ley y un poco más allá”: comprobamos las consecuencias nefastas de esa equivocada visión en el desalojo de la Plaza de Catalunya de Barcelona. En 2013 propuse, sin éxito, en la Comisión parlamentaria que prohibió las balas de goma, vetar además las de foam, porque los informes médicos advertían de que también podían provocar heridas graves. En realidad, todavía no sabemos qué tipo de proyectil lanzado por los Mossos causó la grave lesión a Ester Quintana el año 2012. Al mismo tiempo, siempre he reconocido que el Parlament debería definirse sobre los medios alternativos de que se dota a los Mossos para no dejarles indefensos ante ataques violentos en concentraciones de masas: la solución no es fácil; y no se puede adoptar una decisión sin escuchar a los propios policías y a la sociedad civil. Cualquier acuerdo debería partir, como condición previa, de la condena inequívoca y sin paliativos, de la violencia provocada por grupos radicalizados, sean del color que sean. Con mayor razón ahora que hacen falta respuestas unitarias al incremento de la presencia agresiva de la extrema derecha.
Volvemos a escuchar propuestas de disolver BRIMO y ARRO sin ofrecer ninguna alternativa: ¿si se producen disturbios violentos que pueden causar daño a personas inocentes, quién debe intervenir? ¿Nadie? ¿Unidades de los Mossos sin preparación específica? Son imprescindibles las investigaciones en profundidad ante malas praxis policiales que hayan podido afectar a la integridad física de algún manifestante; y la mejora de los operativos; y el uso generalizado de la mediación como método para intentar resolver conflictos; y la actualización constante de la formación de los policías sobre el uso proporcionado de la fuerza; y la revisión de los protocolos para los casos de desahucio ordenados por los jueces con el objetivo de que tengan en cuenta la vulnerabilidad de las personas afectadas y la coordinación con los servicios sociales. Pero todo eso, en casos extremos, tal vez no será suficiente. Dolors Sabater expone como argumento para disolver la BRIMO que como alcaldesa de Badalona eliminó la unidad antidisturbios de la Policía Local creada por el anterior alcalde, García Albiol. Hizo bien. Pero pudo hacerlo porque no corresponde a las policías locales disponer de esas unidades puesto que quien desempeña esa función es la Policía de la Generalitat.
Si la han de continuar ejerciendo los Mossos, ¿qué proponemos? ¿Mantener las misiones de la BRIMO, cambiando su denominación para tranquilizar conciencias y poder alcanzar un pacto de gobierno? ¿O preferimos que los Mossos no actúen en el mantenimiento del orden público y devolver la competencia a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía como postulan VOX, PP y Ciudadanos? ¿No es mejor mantener en revisión permanente la actuación de las unidades antidisturbios de los Mossos y elaborar, desde las competencias de Generalitat y Ayuntamientos, proyectos que aborden, sin demagogia y de raíz, los problemas a que nos enfrentamos?
Lo mismo ocurre con las tareas de policía judicial: es legítimo que un buen sector de la sociedad aspire a la independencia. Pero en el marco jurídico vigente costó mucho vencer las resistencias del centralismo a que los Mossos pudieran ejercer una función que es decisiva para poder considerar que un Cuerpo de seguridad es realmente una policía de verdad. El pueblo catalán votó en el referéndum de 2006 que los Mossos actúen como policía judicial, tal como establece el artículo 164 del Estatut. Todavía hay grupos políticos de derechas y algunos jueces que se niegan a aceptarlo. Parece poco coherente que partidos que reclaman estructuras de estado para Catalunya se sumen a los que quisieran que los Mossos d’Esquadra fuesen una simple policía administrativa o decorativa.
El modelo policial catalán es fruto de amplios acuerdos nacidos en los años ochenta. Desde entonces han dirigido el Departamento de Interior miembros de Convergència Democràtica, Unió Democràtica, PSC, Iniciativa y Junts. Si alguna fuerza política no está dispuesta a asumir el desgaste que supone encabezar una Consejería tan complicada y desagradecida, pero tan importante para la defensa de los derechos de la ciudadanía, no debería estar en el gobierno. Si, finalmente, Pere Aragonés llega a ser President de la Generalitat deberá tener presente que su partido no figura en la lista de los grupos que hasta el día de hoy han dirigido Interior; pero, sea quien sea la persona elegida para desempeñar esa responsabilidad, deberá estar en disposición de analizar con el mismo rigor institucional las críticas que provengan de sectores alejados ideológicamente y las nacidas en ambientes políticamente cercanos.