Diálogo con mediador o notario
La moción de censura que echó a Mariano Rajoy de la Moncloa ha entrado en la segunda vuelta. La aprobación de los presupuestos de Pedro Sánchez ha tropezado con una enmienda a la totalidad de ERC que presentó ayer Joan Tardà, quien explicó posteriormente sus razonamientos. El líder de ERC en el Congreso habló de gestos que consistían en que el Gobierno instara a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los presos independentistas y que se reconociera el derecho de autodeterminación.
El PDECat no coincide del todo en que no se aprueben los presupuestos, pero si Esquerra no los aprueba de poco servirán sus votos para que sean aprobados. Hay quien espera que en el último momento, dentro de una semana, los independentistas levanten su enmienda porque la dotación presupuestaria destinada a Catalunya sería una fuerte inyección de recursos que no llegarían si se mantiene el bloqueo presupuestario.
Es muy difícil que el poder político y el judicial puedan interferirse mutuamente después de muchos meses de instrucción de la causa de los hechos de octubre en Catalunya. El tren judicial no se va a detener por mucho que lo intentara Pedro Sánchez y por mucho que presionen los independentistas a través de la aprobación de los presupuestos.
Los detalles de alto voltaje emocional serán constantes en las próximas semanas y meses. Desde arrojar capazos de estiércol en las puertas de muchos juzgados en Catalunya hasta magnificar errores del procedimiento, el juicio va a dominar la política española.
Es prematuro afirmar que las sentencias estarán basadas en la venganza y en la voluntad de escarmentar como manifestó ayer Tardà al dar cuenta de la presentación de la enmienda a la totalidad. El juez Manuel Marchena es un jurista acreditado que ofrecerá garantías y que tendrá presente que las sentencias puedan ser desautorizadas en su día por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El hecho de que ofreciera a Quim Torra un sitial privilegiado si quiere asistir al juicio porque es un dirigente del Estado indica que las formalidades y garantías van a respetarse. En el juicio oral no se aportarán declaraciones sino hechos que serán utilizados por las defensas y por la Fiscalía. Nos vamos a enterar de actuaciones que harán sonrojar a muchos actores, de las dos partes, del procés.
Si los resultados en Andalucía pueden tomarse como muestra proyectada a unas elecciones generales, el conflicto catalán podría dar una mayoría a los tres partidos de derechas, que adoptarían medidas mucho más drásticas que las que adoptó Rajoy respecto a Catalunya. Así lo han manifestado explícitamente Pablo Casado, Albert Rivera y Santi Abascal.
Si se mantiene la enmienda a la totalidad por parte del independentismo, el Gobierno Sánchez quedará muy debilitado, aunque no hay que descartar que siga renqueante hasta que se agote la legislatura en el 2020. El problema de Pedro Sánchez desde que entró en la Moncloa es que sólo tiene 84 diputados y no podrá tomar decisiones de gran calado si sólo cuenta con la pinza de Podemos y los independentistas catalanes.
El problema es que el apoyo de los independentistas alimenta la fiera de la unidad de España y abre un boquete de votos hacia aquellos partidos que van a pasear el conflicto catalán por todos los rincones del país arañando diputados a la izquierda. La política ordinaria se ocupa de lo cotidiano, pero la buena política tiene puestas las luces largas pensando en los problemas a medio y a largo plazo.
El procés ha sido un fracaso sean cuales fueren las sentencias del juicio. Un independentista no va a dejar de serlo de hoy para mañana y los constitucionalistas tampoco se van a convertir en secesionistas. La vía unilateralista no ha conducido a ninguna parte y difícilmente será reconocida por el derecho internacional.
Antes de que se conozcan las sentencias y el desenlace del procés habrá que empezar a buscar salidas a un conflicto en el que se han cometido muchas equivocaciones. El diálogo tendrá que producirse mediante notario como insinúa Miquel Iceta o con la figura del mediador que ha pedido Tardà.
A pesar de las tensiones gestuales y mediáticas, el Gobierno Sánchez y el independentismo están en contacto, llegan a acuerdos parciales, pactan partidas que son imprescindibles para el funcionamiento ordinario de la función pública en Catalunya. Lo mismo ocurría también en plena vigencia del artículo 155 cuando Pere Aragonès y Elsa Artadi eran los interlocutores de las decisiones del gobierno Rajoy que afectaban a Catalunya.
La estrategia unilateral no cuenta con una mayoría social en Catalunya y no será aceptada por el Estado ni por Europa. Unas elecciones anticipadas no mejorarían el panorama. Lo mejor es hablar para desactivar el conflicto para el periodo que se abrirá al conocerse la sentencia. Hace falta imaginación y una visión estadista.