El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se muestra muy crítico con la proposición de ley promovida por el PP y Vox en el Parlamento andaluz para "ordenar" los regadíos en Doñana; y que inicia ahora su tramitación en la Cámara andaluza. Con él mantuvimos esta conversación tras la celebración el lunes del consejo de participación de Doñana en el que los científicos alertaron de la situación crítica que sufre el estado de conservación de este espacio natural.
¿Por qué rechaza la proposición de ley de PP y Vox para legalizar los regadíos en el entorno de Doñana?
Lo que estamos constatando es que la comunidad científica, los científicos que están en el consejo de participación de Doñana, dicen que esto es una aberración; que esta propuesta supone una mayor presión al espacio natural de Doñana. No puede ser, a estas alturas, sabiendo cuál ha sido la evolución del espacio natural de Doñana a lo largo de todo este tiempo, que se pongan en marcha medidas que van en contra de lo que la comunidad científica, aquellos que mejor conocen el espacio y su capacidad de carga, avalan. Ese es el mayor problema.
¿Por que no es aceptable, para usted?
Cuando alguien hace una propuesta sólida sobre disponibilidad de recursos naturales, que son escasos, lo razonable es contar con la información técnica y científica, con los datos de quienes tienen esa información para poder construir sobre eso su propuesta. El PP y Vox dicen que esta es una propuesta que no afecta ni a Doñana ni al agua de Doñana. Pero toca de lleno a la médula espinal de Doñana
¿Qué defectos le ve?
Estos grupos argumentan que se trata de una ordenación territorial, de definir los suelos que son susceptibles de ponerse en regadío. Yo pondría un símil. Cuando un ayuntamiento hace un plan reordenación urbana todo el mundo sabe que hay un informe preceptivo y vinculante que deben emitir las autoridades que tienen la competencia en materia de agua para determinar si ese plan es o no viable en términos de disponibilidad de recursos hidricos.
¿Y qué le falta?
No puede ponerse en marcha un plan de ordenación del territorio de estas características que no haya sido sometido al procedimiento del informe preceptivo, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, está obviando competencias que son de otra Administración. Es evidente que entran en materias que exceden del ámbito competencial de la comunidad autónoma.
Presentaría el Gobierno un recurso de inconstitucionalidad?
Ya lo anunció la vicepresidente tercera. Si el Parlamento andaluz sigue adelante con la tramitación de esta proposición de ley y la culmina en sus términos, el Gobierno de España viene obligado a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
No puede ponerse en marcha un plan de ordenación del territorio sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
¿Cuántas hectáreas de regadío quiere legalizar el PP? Se han hablado de 750 hectáreas y 650 explotaciones…
En la propuesta se habla en términos genéricos de 650 familias, que son el mismo número que aparecía en la anterior proposición de ley (presentada el año pasado y luego retirada); sin embargo, siendo el mismo número de familias afectadas, se modifica el número de hectáreas, con lo cual se induce a bastante confusión. La queja de los alcaldes es que la comunidad autónoma no les ha trasladado a los ayuntamientos la cartografía para poder identificar si efectivamente esos suelos lo son o no son.
No la conocen los ayuntamientos, pues...
Efectivamente, otra grave debilidad de partida es que quienes tienen competencia en materia de ordenación del territorio, que son los ayuntamientos, a estas alturas no saben cuál sería el suelo afectado y, por lo tanto, las personas a las que les afectaría la aplicación de la ley. Eso lo puso de manifiesto el alcalde de Moguer; dijo que no sabía si estaba de acuerdo porque no sabía en qué retraducía esa propuesta en términos reales en su municipio.
¿Desde el punto de vista del Ministerio, qué solución tiene este problema? La base de acuerdo sigue siendo el Plan de la Corona Forestal...
Nosotros no podemos obviar que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el cual la Comisión Europea viene exigiendo a España que justifique el cumplimiento de unas medidas que aparecen recogidas en ese plan, que se aprobó por cierto en el consejo de participación de Doñana.
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica
El PP dice que ese plan no responde a las necesidades reales…
El PP lanza también el mantra de que ese era un plan elaborado por el PSOE y que no respondía a las necesidades del territorio; como si fuera un plan vinculado a una posición ideológica concreta. Pero la verdad es que ese plan fue aprobado, consensuado y aceptado por dos gobiernos de distintos colores, el de la comunidad autónoma de Andalucía, presidida por Susana Díaz, y del gobierno central, encabezado por Mariano Rajoy. Y ahora en el consejo de participación de Doñana están sentados el gobierno de Andalucía y el gobierno de España. Y aquel plan concitó, con sus matices, la aprobación del consejo de participación. Y ese es el punto de partida, mientras que ahora se está invirtiendo el orden de las cosas. “En cambio, ahora se pretende imponer un plan unilateralmente parte de la Junta”, dicen.
El Plan de la Corona Forestal fue aprobado, consensuado y aceptado por dos gobiernos de distintos colores; el de ahora se quiere imponer
Vista oposición despertada entre los científicos, entre otros sectores, los representantes del Gobierno andaluz no recularon el lunes en el consejo de participación de Doñana…
No vimos esa voluntad, pese a que se les pidió. Pedimos que retiren esa iniciativa e iniciar un proceso de diálogo.
El gobierno andaluz se queja de que el Gobierno de España se niega a dialogar.
Acabamos de concluir el proceso de tramitación de la elaboración del plan hidrológico del Guadalquivir. Ha sido sometido al proceso de consultas también de todas las administraciones a lo largo de los últimos 4 años hasta su aprobación en Consejo de Ministros. Y, a lo largo de todo este tiempo, el gobierno de Andalucía en ningún momento, ni por activa ni por pasiva, ni formal ni informalmente, pidió o sugirió una modificación del plan hidrológico del Guadalquivir para poder incorporar una mayor superficie de regadío.
Cultivo de fresas en el entorno de Doñana
¿Y qué dice el Plan Hidrológico del Guadalquivir sobre todo esto?
El plan hidrológico del Guadalquivir estableció que no puede habilitarse ni un metro cuadrado más de suelo regable. Y si a lo largo de todo este tiempo no ha habido nada en este sentido, ¿cómo es posible que, una vez aprobada la planificación, se coloque sobre la mesa una iniciativa parlamentaria, una ley, de la que se deducen competencias para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando eso ya es imposible? El plan actual del Guadalquivir tiene su vigencia hasta el 2027. Cualquier modificación que se quisiera hacer debería ser ya para el siguiente período de planificación. ¿A qué viene una propuesta de urgencia? Está fuera del momento para poder ser planteada. Debería hacerse en todo caso para el siguiente período de planificación. No se puede plantear a toro pasado.
¿Y un trasvase a Doñana, para qué?
El presidente de la Confederación del Guadalquivir, Joaquín Páez, dijo el lunes que el trasvase desde el Tinto-Odiel-Piedras hacia Doñana eran 5 hm3 para abastecimiento y 15 hm3 pero no para el fin anunciado por PP y Vox. Dijo que serán para regadíos legales que tienen concesiones de agua subterránea, con lo cual se trata de caudales que suplirían a recursos que ahora se extraen legalmente, de manera que se aliviaría la presión sobre el acuífero de Doñana
La idea central del acuerdo referido Plan de Ordenación la Corona Norte Forestal de Doñana era hacer borrón y cuenta nueva, de manera que solo se legalizaban los regadíos que tuvieran fecha anterior al 2004. Pero el problema generado con la gran cantidad de personas con suelos de regadío ilegal es de tal magnitud que, sin aceptar los hechos consumados, habrá que darle una respuesta o solución pragmática, ¿no?, ¿cuál?
La solución pragmática pasa en primer lugar por que cada una de las administraciones incorpore sus competencias de actuación en el territorio, cada una las nuestras. Le dije al consejero andaluz que se deberían traer al consejo de participación de Doñana las herramientas que cada administraciones esté en condiciones de asegurar. Nosotros lo que decimos es que estamos impulsando un plan de actuación para Doñana¬ -que vamos a llevar al consejo de participación- dotado con más de 350 millones de euros de inversión atendiéndonos a nuestras competencias en materia de gestión del agua. De esa suma, más de 150 millones van destinados a disminuir las extracciones de aguas subterráneas, a actuaciones que básicamente van a suministros de aguas superficiales que sustituyen a aguas subterráneas; a compra de terrenos con derechos; a reutilización de aguas para otros usos, y a mejorar los sistemas de abastecimiento urbanos. Y otros 150 millones van a saneamiento y depuración, a mejorar las condiciones del agua que nutre Doñana y a mejorar la capacidad de reaprovechamiento de esas aguas. Esa es la línea de actuación bajo nuestras competencias.
¿Y que debe hacer la Junta de Andalucía?
La Junta tiene competencias en materia de agricultura o de industria. ¿No es viable abordar un plan en el que las plusvalías de una actividad de transformación primaria puedan quedar en el territorio?, ¿por qué hay que volcar toda la actividad en la explotación del producto del sector primario, cuando este ya ha superado la capacidad de carga, si se puede dar en el propio entorno de ese territorio una actividad industrial de transformación perfectamente, para generar empleo?
¿Hasta qué punto la crisis de Doñana es consecuencia de una climatología variable y el cambio climático, o fruto de esa extracción de agua sobredimensionada o de los factores?
Evidentemente son varios factores. Es verdad que probablemente el que mayor impacto lo genera el aprovechamiento del agua para usos económicos, para sus distintos usos económicos. Y ahí el sector turístico tira de las distintas necesidades de abastecimiento, ya sea para usos urbanos o para campos de golf. Pero es verdad que el grueso de la actividad económica que hace uso del agua de Doñana es el sector agrario. Y luego, lógicamente, hay un impacto causado por la variación de las condiciones climáticas que sufrimos con carácter general y que en Doñana se hace especialmente visible.
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