La mayor parte de la franja marítima comprendida entre la Comunidad de Valencia, Catalunya y Baleares quedará vetada a la investigación y la exploración petrolera. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un real decreto por el que se declara área marina protegida el corredor de migración de cetáceos que discurre entre la Península y Baleares. El veto persigue muy especialmente prohibir la realización de sondeos acústicos con cañones de aire comprimido y otros sistemas que causen contaminación acústica. Asimismo, en el área delimitada quedarán prohibidas las actividades extractivas de cualquier tipo que no estén en vigor actualmente.
El área que ahora queda protegida ocupa una superficie marina de 46.385 km2 (extensión tan grande como la de la comunidad de Aragón), con unos 85 kilómetros de anchura media.
Para reforzar su conservación, la zona se incluirá en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM), dentro del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación, conocido como Convenio de Barcelona.
Estas aguas presentan un gran valor ecológico y constituyen un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en el Mediterráneo Occidental.
El objetivo inmediato de la medida es evitar los efectos dañinos que ocasiona el ruido submarino sobre una gran diversidad de especies de cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo.
CORREDOR PARA CETÁCEOS EN EL MEDITERRÁNEO
El citado corredor no sólo es un valioso pasillo marítimo para el rorcual común, sino que también es el hábitat y la zona de alimentación para otras numerosas especies de cetáceos, como cachalote, delfín mular, delfín listado, delfín común y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier. También se verán favorecidas la tortuga boba y diversas especies de aves.
El Ministerio fija a la par un régimen de protección preventiva. Así, se prohíbe usar sistemas destinados a la investigación geológica subterránea (ya sea por medio de sondas, por aire comprimido, por explosiones controladas o mediante perforación subterránea). También se impedirá cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquellas relacionadas con permisos de investigación o explotación que estén en vigor.
Sin nuevas prospecciones en esta zona
“Con esta declaración se pone fin a nuevas prospecciones y a cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos” en esta zona, explicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La ministra anunció además que revisará las solicitudes de los proyectos de investigación presentados así como las concesiones vigentes.
El veto persigue muy especialmente prohibir la realización de sondeos acústicos, procedimiento habitualmente usado por las empresas de servicios petroleras. Para hacer estos sondeos, se emplea una embarcación especial con cañones de aire comprimido (air guns) que emiten ondas acústicas (con el fin de elaborar un mapa 3D de las formaciones rocosas susceptibles de albergar el crudo).
El problema es que estos ruidos pueden ocasionar daños fisiológicos irreversibles y pérdidas de audición a los cetáceos, así como el enmascaramiento de sus propios sonidos (fundamentales para su alimentación, reproducción y orientación).
Ejemplar de rorcual común, en el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, declarado área marina protegida
Consecuencias y vetos
La Alianza Mar Blava –una entidad que aglutina a decenas de organizaciones sociales e institucionales, sobre todo de Baleares– consideró que “la consecuencia inmediata de esta protección es que el Ministerio para la Transición Ecológica debe proceder al archivo definitivo de los proyectos de prospecciones petroleras actualmente en tramitación y cuyas superficies de actuación se solapan con el citado corredor”, según declaró Carlos Bravo, coordinador de la Alianza.
Esta entidad estima en concreto que con la creación de esta zona marina protegida deberían quedar archivados los doce permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León, así como la solicitud de investigación de hidrocarburos presentada por Repsol, Cepsa y otras petroleras frente a las costas de Tarragona, al estimar que coinciden con la cartografía del corredor de los cetáceos.
Esta entidad también quiere que el Gobierno dé la espalda definitivamente al proyecto Medsalt-2, promovido por el Instituto Nazionale di Oceanografia (Inogs) de Trieste (Italia) para estudiar las formaciones geológicas submarinas de Baleares mediante sondeos acústicos. El cuarto proyecto en liza es un estudio para investigar la presencia de hidrocarburos al norte de la plataforma Casablanca.
Un 13% de los mares protegidos
Con esta declaración, España se acerca al 13% de sus aguas marítimas protegidas, porcentaje situado por encima del objetivo fijado en las Metas de Aichi del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, en el que se establece que en el año 2020 al menos el 10% de las zonas marinas y costeras deben estar protegidas.
“Esto nos sitúa como uno de los países mediterráneos con más superficie marina protegida”, apunta Teresa Ribera.
La zona comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el lecho, el subsuelo y los recursos naturales. El corredor protegido se extiende por el norte, dentro de las aguas de soberanía española a la altura del Cap de Creus, en Girona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, por el sur.
Por el este, discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 km. y por el oeste, también paralela a las costas catalana y valenciana, se mantiene a unos 38 km de distancia.
Larga reivindicación
La propuesta de creación de esta área protegida es una vieja reivindicación promovida por la Alianza Mar Blava. Por eso, a lo largo de 2016 y 2017, esta entidad recabó numerosos apoyos institucionales, políticos y sociales para que el lugar fuera declarado como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona.
Entre los apoyos que logró reunir están los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Valencia, los Consells insulares baleares, grandes ciudades españolas, el Congreso de los Diputados, el Senado y las mayores oenegés ecologistas de ámbito estatal.
Últimas batallas en Baleares
El Parlamento balear aprobó el miércoles una proposición de ley –apoyada por todos los grupos–, en la que se insta, de nuevo, ante la Mesa del Congreso la prohibición de nuevas prospecciones petroleras en el Mediterráneo español (y no sólo en la franja marítima ahora protegida). En el 2017, el Parlament ya presentó esta proposición de ley ante las Cortes; pero fue vetada por el Gobierno del PP con el argumento de que afectaba a los presupuestos del Estado vigentes.
La Alianza Mar Blava, agrupación que se opone a las prospecciones, replicó que la iniciativa no incidía “en absoluto” en los presupuestos en vigor. Y ahora, con el PSOE al frente del Ejecutivo, cree que se dan las condiciones para tramitarla.
El último litigio lo protagoniza el proyecto Medsalt2, promovido por el Instituto Nazionale di Oceanografia (Inogs), de Trieste (Italia), que solicita estudiar las formaciones geológicas bajo el agua cerca de Eivissa mediante sondeos acústicos.
El instituto afirma que su investigación tiene sólo un carácter científico, pero la Alianza replica que es la punta de lanza de nuevos de exploración petrolera.