El papel de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, en la investigación de la gestión de la dana que asoló la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, está siendo determinante para esclarecer los hechos que llevaron a una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de España. Con más de 227 fallecidos, miles de damnificados y una destrucción material sin precedentes, la magistrada ha demostrado una firmeza y una claridad de objetivos que la sitúan como una figura central en la búsqueda de responsabilidades. Su labor no solo se centra en determinar si hubo negligencia en la gestión de la emergencia, sino también en establecer si las muertes y lesiones pudieron evitarse con una actuación más diligente por parte de las autoridades competentes.
En esta línea, la actuación de la magistrada ha obligado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a revelar parte de su agenda y a reconocer la hora que llegó en el Cecopi (la jueza preguntó y repreguntó por las autoridades presentes en el centro de mando). Un testimonio que puede apartarlo del foco judicial, pero que le ha dejado en una complicada situación política tras confirmar que, aunque no es miembro del Cecopi, estuvo alejado del organismo de Emergencias en las horas claves de la tragedia.
La imagen de Carlos Mazón llegando al Cecopi a las 20.28 horas.
Cronología de la jornada de Carlos Mazón el día de la dana según su versión
Desde el inicio de la investigación, la jueza Ruiz Tobarra ha dejado claro que su objetivo es analizar los hechos ocurridos el 29 de octubre, un día clave en el que la falta de avisos adecuados a la población y la tardía emisión de la alerta por SMS a las 20.11 horas han sido señalados como factores determinantes en la magnitud de la tragedia. Ruiz Tobarra está desde 2007 en el juzgado de primera instancia de Catarroja, donde ha llevado casos de violencia de género y familia. Esta localidad de la comarca de l'Horta Sud ha sido de las más afectadas por la dana; en su término municipal se encontraron 25 cadáveres (la cifra más alta tras los 45 muertos de Paiporta).
En sus autos, la magistrada ha sido categórica al afirmar que la investigación se centra en los fallecimientos y lesiones asociados a una “actuación negligente”, excluyendo los daños materiales, que considera inevitables. Este enfoque ha permitido focalizar la atención en lo que realmente importa: las vidas humanas que se perdieron y las que pudieron salvarse con una gestión más eficaz.
La jueza ha pedido información a la CHJ a Aemet y a la Generalitat, también a medios
Uno de los aspectos más destacados de su labor es la minuciosidad con la que está recabando información. La jueza ha solicitado datos a todas las instituciones y organismos implicados, desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y Emergencias de la Generalitat Valenciana, hasta la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, ha requerido a los medios de comunicación que aporten material videográfico y declaraciones de autoridades y responsables de emergencias, con el fin de reconstruir con precisión cómo se gestionó la crisis.
Las imágenes de la televisión y los consejos de las autoridades que llegaron tarde
En uno de los autos, la jueza se refiere al papel de los medios de comunicación. “Se han recibido ya las piezas periodísticas y grabaciones que, de forma gráfica y especialmente útil, permiten hacerse una idea de cómo evolucionó la situación el 29 de octubre en toda la provincia de Valencia, como iba siendo afectada la población por las lluvias durante la mañana [...] las incomodidades y riesgos que sufrían algunos periodistas, la preocupación de sus compañeros en el estudio, las declaraciones de partícipes e implicados en la toma de decisiones en el Cecopi, y el contenido de algunas recomendaciones, que si bien no eran desacertadas, llegaron demasiado tarde, tras los fallecimientos y eran por ello completamente inútiles”.
La magistrada también ha mostrado una notable independencia y valentía al inadmitir querellas que carecen de fundamento legal, como la presentada por la asociación Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, o la interpuesta por el sindicato CGT contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debido a su condición de aforado. En ambos casos, la jueza ha argumentado que no existe base legal para atribuir responsabilidades penales a estas figuras. Al mismo tiempo, sí que ha admitido la personación de asociaciones de damnificados y partidos políticos como acusaciones populares, siempre que cumplan con los requisitos legales, como el pago de una fianza de 6.000 euros.
En el caso del auto en el que inadmite la querella contra la delegada del Gobierno, la magistrada deja claro que “el Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil”. Un comentario que limita la responsabilidad jurídica en la tragedia de la dana.
“Competencia autonómica”
“Asociar a la Delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29
de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo
en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal”, se argumenta en uno de los autos.
Otro aspecto clave de su labor es la atención que está prestando a las víctimas y sus familias. La jueza ha tomado declaración a más de 60 familiares de fallecidos, muchos de los cuales están recibiendo tratamiento psicológico debido al trauma sufrido. Además, ha encargado al Instituto de Medicina Legal de Valencia que evalúe los daños psicológicos de los afectados, reconociendo el profundo impacto emocional que ha tenido la tragedia. En sus autos, la magistrada ha descrito lo ocurrido como un “episodio dantesco”, en el que muchas personas vieron desaparecer a sus seres queridos ante sus ojos, lo que ha generado un “síndrome del superviviente” que debe ser tratado adecuadamente.
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La jueza Ruiz Tobarra también ha sido clara al señalar que la investigación se centra en la “palmaria ausencia de avisos a la población”, que impidió que las personas tomaran medidas de autoprotección. En este sentido, ha destacado que la alerta emitida a las 20.11 horas fue “notablemente tardía” y “errada en su contenido”, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si las muertes pudieron evitarse con una actuación más rápida y eficaz. Para responder a esta pregunta, la magistrada ha encargado a la Guardia Civil la elaboración de un informe detallado sobre la cronología de los hechos, centrado en el desbordamiento de ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesiones registrados.
Además, ha requerido a la Generalitat que informe sobre quién tomó la decisión de enviar el SMS de alerta y si se produjeron recesos en la reunión del Cecopi el día de la tragedia. Estas preguntas son cruciales para determinar si hubo fallos en la cadena de mando y en la toma de decisiones durante la emergencia. La jueza también ha solicitado a la Universitat de València que detalle qué órgano decidió suspender las clases ese día, en un intento por reconstruir el flujo de información entre las distintas instituciones.
La decisión “acertada” de la UV
“En el análisis de la posibilidad de tomar decisiones preventivas en relación con la Dana del 29 de octubre de 2024, habida cuenta de que la Universitat de València acordó acertadamente la suspensión de las clases el día 29 de octubre de 2024, procede solicitar a la misma informe de qué órgano tomó la decisión, en qué información se sustentó y si contó con algún técnico en dicha decisión”.
El ritmo de la investigación ha desatado los nervios en administraciones y políticos
El ritmo acelerado de la investigación ha generado nerviosismo entre las administraciones y sus representantes políticos, muchos de los cuales están preparando sus defensas con la ayuda de reputados letrados. La posibilidad de un macrojuicio con decenas de abogados involucrados no es descartable, lo que refleja la magnitud y complejidad del caso. Sin embargo, la jueza Ruiz Tobarra ha demostrado que no está dispuesta a perder el tiempo, y su determinación por esclarecer la verdad ha sido recibida con esperanza por los afectados, que rechazan las estrategias de comunicación diseñadas para eludir responsabilidades.
En definitiva, el papel de la jueza Nuria Ruiz Tobarra está siendo fundamental para garantizar que se haga justicia en uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de España. Su labor no solo busca determinar responsabilidades penales, sino también ofrecer respuestas a las familias de las víctimas y a una sociedad que exige transparencia y responsabilidad. Con su firmeza, independencia y compromiso con la verdad, la magistrada está escribiendo un capítulo crucial en la historia judicial de España, y su nombre quedará indisolublemente ligado a la búsqueda de justicia por las víctimas de la Dana.
Un hombre limpia los estragos ocasionados por la dana en Paiporta.
Un sumario estremecedor
Los testimonios recogidos en el sumario de la investigación judicial sobre la Dana del 29 de octubre en la Comunidad Valenciana, instruida por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, reflejan el dolor y la angustia de las familias de las víctimas y confirman que la alerta enviada a las 20.11 horas llegó demasiado tarde para salvar vidas. Los relatos, recopilados en alrededor de mil folios, coinciden en que la mayoría de los afectados fue sorprendida por la riada sin previo aviso, lo que impidió que pudieran tomar medidas para protegerse.
Entre los testimonios destaca el caso de Lorenza, una mujer de 35 años que falleció en una peluquería de Catarroja al no poder escapar de la inundación. A las 19.30 horas, llamó a su pareja para avisarle de que el agua estaba entrando, pero no logró salvarse. También se relata la historia del policía Eugenio Toledo, quien perdió la vida en Benetússer mientras ayudaba a vecinos a escapar del garaje de su edificio, donde quedaron atrapados por la fuerza del agua.
Los testimonios de los familiares de las víctimas más jóvenes son especialmente desgarradores. La pequeña Hui Sun, de 11 años, fue arrastrada por la corriente mientras intentaba subir por una escalera que le tendieron unos vecinos. Su padre se lanzó al agua para salvarla, pero no logró alcanzarla. Otro caso conmovedor es el de los hermanos Izan y Rubén, de 5 y 3 años, que murieron en Torrent cuando una pared de su casa se derrumbó por la fuerza del agua. Su padre sobrevivió aferrado a un árbol.
Los relatos también describen cómo muchos ancianos, como Isabel, de 91 años, no pudieron ser rescatados a tiempo de sus viviendas en plantas bajas. Además, se recogen declaraciones de testigos que presenciaron cómo el agua pasó de ser clara y manejable a convertirse en una riada de barro que arrasó todo a su paso en cuestión de minutos. Una vecina de Massanassa relató que, alrededor de las 18.00 horas, el agua cubría la mitad de las ruedas de los coches, pero cinco minutos después ya llegaba al pecho de las personas y arrastraba vehículos.
Estos testimonios, junto con las denuncias presentadas y los requerimientos de documentación enviados por la jueza a instituciones y medios de comunicación, buscan esclarecer si los fallecimientos pudieron evitarse con una alerta más temprana y eficaz. La investigación se centra en determinar por qué no se advirtió a la población a tiempo y quiénes fueron los responsables de esta omisión, que tuvo consecuencias trágicas para cientos de familias.
