Los empresarios valencianos llevan días alertando de la difícil situación que atravesará la economía valenciana. Esta semana denunciaron retrasos en el pago del Consorcio de Compensación de Seguros y ayer en la reunión del diálogo social con sindicatos y gobierno valenciano volvieron a pedir un FLA extraordinario para garantizar liquidez a la Comunidad Valenciana.
Mientras, ayer presentaban la edición trimestral de su Informe de Coyuntura y Perspectivas económicas con especial análisis de la situación generada tras la dana y advertían, sector por sector, del tiempo de recuperación que exigirá cada uno y su peor pronóstico se lo lleva el campo. Sostienen que la recuperación más lenta se dará aquí porque la plena producción de los árboles arrancados podría retrasarse hasta los cinco años.
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Lo cierto es que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) traslada un panorama negativo para los balances del cuarto trimestre de 2024. Los daños directos causados por la DANA se estiman en 1.379 millones de euros y sus efectos, unidos a la menor producción y los “bajos precios de cultivos como la uva (sobre todo en vinos tintos), la almendra y la algarroba”, deteriorarán las cifras de actividad, empleo y ventas en las zonas afectadas. También el balance de La Unió Llauradora i Ramadera pinta negro el paisaje: según sus cálculos, las pérdidas superan los 1.000 millones de euros, de los cuales 500 millones de euros corresponden solo a infraestructuras dañadas.
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En global, el informe concluye que el “impacto sobre el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana se espera que sea significativo, pero contenido” y podría detraer “aproximadamente dos décimas del crecimiento económico durante 2024 y 2025, seguido de un efecto rebote en 2026, que podría añadir hasta tres décimas de crecimiento adicional respecto al inicialmente previsto”. A partir de ahí, la patronal valenciana estima que la economía valenciana podría cerrar el año 2024 con un crecimiento medio del 2,5% y proyecta crecimientos para los dos siguientes años en el entorno del 2% y 2,2%, respectivamente.
A pesar de la crisis por la dana, la patronal proyecta crecimientos para los dos siguientes años en el entorno del 2% y 2,2%
Asimismo, el informe de la CEV considera que la recuperación tras la dana en el sector industrial será más heterogénea entre sus diversas ramas, y que algunas, como la del metal, no prevén recuperar los niveles previos hasta mediados de 2026. Por contra, la recuperación del sector servicios será “más rápida”, aunque desigual entre sus ramas y con distinto alcance. Por ejemplo, señalan que la rama hostelera y el comercio minorista descuentan cierres definitivos de negocios situados en la zona afectada.
Y es que la Confederación del Comerç d’Alacant, Castelló i València (CONFECOMERÇ) asegura que son 8.000 los comercios en la provincia de Valencia que están afectados. Con locales destruidos, inventarios perdidos y maquinaria inservible, recuerdan que dadas las fechas, en sectores como alimentación y hostelería estaban a dos días de su campaña más fuerte del año y que, por ende, las pérdidas suponen “hasta un 35% de la facturación anual de muchos de estos negocios”.
Finalmente, la CEV apunta que el sector de la construcción, como es lógico, será el sector que más actividad va a registrar en el proceso de reconstrucción sin un impacto directo negativo relevante sobre las empresas del sector, según la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción.
Ayudas a trabajadores
Mazón compromete 360 euros por trabajador afectado por un ERTE
El president del Consell, Carlos Mazón, anunció ayer por la tarde que la Generalitat Valenciana va a destinar “cerca de 11 millones de euros para complementar a alrededor de 30.000 trabajadores que se encuentran en un ERTE de fuerza mayor” como consecuencia de las riadas del pasado 29 de octubre. La medida será un complemento de “360 euros, en un pago único, automático, sin burocracia, ni papeleo, que se abonará en el mes de enero”. Según las cifras del Gobierno, hay 2.840 solicitudes de empresas en ERTE por fuerza mayor y 30.856 personas trabajadoras beneficiadas.
