La fiscalía superior ha resuelto que apoya que se mantenga la investigación por posible delito penal en la gestión de la dana que ha causado 223 muertos contra el Consell de Carlos Mazón en los juzgados ordinarios y que, si se encuentran indicios contra el president, que es aforado, se eleve “exposición razonada a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)”.
La noticia, adelantada por El País y confirmada por este diario, es la respuesta del ministerio público a la decisión del TSJ que el pasado viernes notificó que acordaba acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón y otros cargos del Consell. La providencia daba traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de dos días emitiera informe acerca de la competencia del Alto Tribunal valenciano y la admisión o inadmisión de los escritos remitidos por las partes.
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La fiscalía superior entiende que, siendo querelladas o denunciadas varias personas, una aforada y el resto sin ostentar dicha condición, se proceda acordar la inadmisión de las querellas y denuncias interpuestas, acumuladas en una misma causa. Sin embargo, pide que se continúe investigando en las causas que ya se encuentran abiertas en dos juzgados de instrucción de Valencia, el 20 y el 15.
En su escrito, la Fiscalía añade que, llegado el caso, “si estiman que concurren indicios suficientes en contra de la persona aforada, eleven exposición razonada" al TSJCV, tal y como fija la doctrina del Tribunal Supremo sobre la investigación a aforados. La Fiscalía se muestra favorable a que se investiguen las posibles responsabilidades penales pero defiende que “es más que razonable realizar una única instrucción dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados, y de posibles testigos y peritos”.
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“Entendemos que en todas las denuncias subyace la misma atribución de hechos, con independencia de las distintas calificaciones jurídicas efectuadas por los querellantes y denunciantes, y, de manera unánime, basada en la omisión e infracción de los deberes propios e inherentes a la función de los denunciados”, según el escrito del Ministerio Público.
Los querellantes acusan de varios delitos al president y a otros miembros de su gobierno
Los querellantes acusan al president y a su exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, de los delitos de prevaricación, de lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Estas denuncias hacen referencia a la “desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas” e indican que “ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida”.
Fuentes de la Generalitat señalaron que “la fiscalía ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta contra Carlos Mazón, y por eso pide que la causa la instruya un juzgado ordinario y no el TSJCV, que es el único competente para juzgar al president dada su condición de aforado”.
