“Estamos esperanzados porque la negociación fue bastante dura y ahora empezamos a ver algo de color”. Lo explica Juan Mulet, secretario general de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, que agrupa a seis cofradías alicantinas (Santa Pola, La Vila Joiosa, Altea, Calpe, Dénia y Xàbia) que suman unas 120 embarcaciones de esta modalidad. Y lo dice cuando han pasado unos días desde que Bruselas suavizara el acuerdo que amenazaba con reducir drásticamente los días de trabajo de los barcos de arrastre mediterráneos. De los 550 barcos españoles, 200 son catalanes, casi tantos como los valencianos, 201.
Finalmente, tras una negociación de más de 30 horas -el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró el miércoles que era de las más complicadas que había abordado-, la Comisión Europea suavizó las exigencias. En 2025 se mantendrán los mismos días de pesca que en 2024 mediante la aplicación de ciertas medidas de gestión para hacer más sostenible la pesca de arrastre en el Mediterráneo. “Lo que pedían era una barbaridad. No hubiéramos podido mantener las circulaciones, era imposible, no se hubiese podido aguantar, por eso nosotros pedíamos una moratoria. Aunque el plazo será muy corto para adaptarse a las medidas y luego tendremos que ver el coste...”, añade Mulet.
El acuerdo permite recuperar hasta un 30% de días si se realiza un cambio de malla a los 45 milímetros para la pesquería de la costera y hasta un 50% para la pesquería de profundidad con una malla de 50 milímetros, el principal problema que observa Mulet. Considera que “las capturas se van reducir mucho dependiendo de las zonas, hasta un 30% estimamos, porque se va a perder todo el pescado pequeño, la morralla, que aún siendo legal no pasará por las mallas”.
Asimismo, otra de las inversiones que exige el acuerdo es que los pesqueros podrán recuperar otro 3% de jornadas si establecen puertas voladoras que, según el Gobierno, parte de la flota “ya utiliza con éxito”. El coste de las puertas estaría, según Mulet, entre los 50.000 y los 60.000 euros, por lo que “un barco debería invertir entre 80.000 y 90.000 para asumir todos los gastos”. Una inversión muy importante para la que esperan ayudas económicas que, según pactó el Ejecutivo, desembolsará la Comisión Europea a través de fondos europeos que servirán para financiar las medidas incluidas en el mecanismo de compensación de días.
Las capturas se van reducir mucho dependiendo de las zonas, hasta un 30%"
Aunque las ayudas europeas prometidas lleguen, desde la Federación alicantina asumen que primero será el armador quien deberá desembolsar la inversión. Al respecto, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, aseguraba este jueves que “el gobierno del presidente Carlos Mazón hará todos los esfuerzos posible, ayudando incluso económicamente, para que no abandonen su histórica actividad”. No concretaba Barrachina las ayudas que podría desembolsar el gobierno valenciano para facilitar las inversiones, pero se presume que la propuesta estará encima de la mesa cuando estas próximas semanas se reúnan con el sector en un encuentro al que, probablemente, también acuda el jefe del Consell.
Para Barrachina el acuerdo es “nefasto” y lamenta “tanto el radicalismo de la Unión Europea como la incapacidad del Gobierno de España para encontrar tres socios que bloqueasen esta nefasta propuesta”, pues en su opinión “abocan a la desaparición de la pesca en la Comunitat, porque 27 días es imposible para mantener cualquier actividad”. Las nuevas medidas, que el Gobierno de España valora como “positivas”, se aplicarán a los 201 buques de arrastre que faenan en la Comunidad Valenciana y pone en juego 85 millones de euros anuales y 4.000 empleos, entre directos e indirectos, según los cálculos del gobierno valenciano. Este martes, los pescadores valencianos se reunirán con la federación nacional para analizar el acuerdo tras una semana complicada.