Los portavoces de la Plataforma por un Puerto Sostenible de Alicante no acaban de entender la falta de contundencia en la respuesta institucional a un proyecto, la gran instalación de depósitos de combustible en el recinto portuario, que no solo los movimientos vecinales, sino todos los partidos políticos representados en el ayuntamiento dicen rechazar.
Desde el pasado mes de octubre, cuando la solicitaron, esperan mantener una reunión con el alcalde, Luis Barcala, que a día de ayer no había respondido. Por ello, han presentado un escrito en el que instan al ayuntamiento de Alicante “a recurrir en casación la sentencia del TSJCV que ha otorgado la licencia ambiental por silencio positivo a la empresa promotora del inaceptable proyecto”.
Esgrimen jurisprudencia del Supremo y el Constitucional que, a su juicio, “deslegitima las autorizaciones ambientales tácitas”
La plataforma considera que la licencia ambiental que se otorga “no había finalizado su proceso de tramitación y, por tanto, no se garantiza la protección ambiental exigible ni la seguridad de la ciudadanía”. Esgrimen jurisprudencia del Supremo y el Constitucional que, a su juicio, “deslegitima las autorizaciones ambientales tácitas”.
Además, aprecian fraude de ley en “el descarado fraccionamiento del proyecto”, por parte de la firma solicitante, XC Business 90 SL, que pidió la licencia ambiental en 2013 para una instalación de hasta 100.000 toneladas de combustible en 6 depósitos, y, en 2018, amplió el plan a 18 depósitos con capacidad total de 700.000 toneladas.
Los expertos consultados opinan que la APA debería haber solicitado la declaración de impacto ambiental de todo el proyecto
Por otro lado, los miembros de la plataforma explican a La Vanguardia que existe una clara posibilidad legal de obtener la nulidad de la modificación de la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) en 2019. Los expertos en Derecho Administrativo consultados opinan que la APA debería haber solicitado la declaración de impacto ambiental de todo el proyecto, con 18 macrodepósitos aéreos para almacenar 700.000 toneladas de sustancias peligrosas, según la normativa, trasvase de grandes cantidades de combustible de barco a barco, y la modificación del muelle para acoger petroleros de hasta 80.000 toneladas de carga, con un alto potencial contaminante.
Los miembros de la plataforma han mantenido dos reuniones con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, al que agradecen su buena predisposición, pero aún desconocen si, como ellos argumentan, estará dispuesto a “declarar de oficio la nulidad de la concesión”, por exigencia de la Ley 6/2014 de Calidad y Prevención de la Contaminación, que establece la prohibición de establecer este tipo de grandes almacenamientos de derivados del petróleo a menos de mil metros de zonas urbanas consolidadas o núcleos de población.
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Creen además los servicios jurídicos consultados por los representantes vecinales que sigue vigente el convenio de 1995 entre el Gobierno Central, la Autoridad Portuaria, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y la compañía de hidrocarburos CLH, por el que se trasladaron los depósitos entonces existentes, que determinaba que “en el futuro no debía haber instalaciones de estas características, para evitar las repercusiones negativas de posibles accidentes y su impacto ambiental”.
A falta de obtener respuesta municipal, los vecinos consideran paradójico que mientras se promueven proyectos en la zona portuaria como el Centro de Congresos y se potencia el turismo de playas y cruceros, las distintas administraciones no sean capaces de cerrar la puerta definitivamente a una actividad “contaminante o peligrosa para la ciudad y sus habitantes”.