La trama de robo y venta de cadáveres que se ha desmantelado en València tuvo un antecedente. El juzgado de instrucción número 1 de la capital tiene abierta una causa desde abril de 2022 por un delito de falsedad en documento privado y en documento oficial en relación a los trámites seguidos por el personal de la funeraria Montesinos en la recogida del cadáver de un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2022, de un hospital y su posterior entrega para estudio a una universidad. En esa causa estaban investigados inicialmente cuatro personas: dos responsables de la funeraria y dos trabajadores de la misma.
Lee tambiénDesarticulan en València una red que robaba cadáveres y los vendía a universidades
Según ha informado el TSJ valenciano, tras la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos, entre ellas las declaraciones de los investigados, en julio de 2023 el magistrado instructor dictó auto de procedimiento abreviado contra los dos trabajadores, al entender que existían indicios suficientes contra ellos de la elaboración de documentos inexactos con el fin de lograr un lucro económico.
En cambio, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias para los dos gestores de la funeraria, al no apreciar indicios delictivos suficientes respecto a ellos. Este auto fue recurrido en apelación por la Fiscalía ante la Audiencia de Valencia, al considerar que debían ser encausados los cuatro investigados, y está pendiente de resolución.
Lee tambiénUna funerària robava cadàvers i cobrava 1.200 euros d’una universitat
Meses después, el Cuerpo Nacional de Policía realizó un atestado ampliatorio a fin de proseguir las investigaciones en relación al caso de otro fallecido y a presuntas irregularidades en incineraciones de más cadáveres. Esas pesquisas policiales implican a las cuatro mismas personas, es decir contra los dos responsables de la funeraria y los dos trabajadores, y se sustanciarán en una segunda causa judicial que en principio se seguirá también en el Juzgado de Instrucción 1 de Valencia.
Así lo ha anunciado este martes el Tribunal Superior de Justicia valenciano después de que la Policía Nacional desarticulara un entramado criminal en València que falsificaba documentos para retirar cadáveres de hospitales y residencias, que luego vendía a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cuerpo y que implicaba a los dos responsables de una funeraria y a dos empleados.