El último intento para incluir en la Constitución la recuperación del Derecho civil valenciano aprovechando la reforma del artículo 49 de la Carta Magna se ha dado de bruces con la negativa política de los dos grandes partidos. La Mesa del Senado ha acordado este miércoles -como ya sucediera hace unos días durante la tramitación en el Congreso- no admitir ninguna enmienda a la proposición de reforma constitucional. La reivindicación, impulsada por la asociación Juristes Valencians y que cuenta con un gran consenso entre la clase política valenciana a todos los niveles, ha visto como se esfumaba su última oportunidad de recuperar este derecho del que sí que gozan otras autonomías españolas.
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Según informa EFE, tras su calificación por la Mesa, reunida a primera hora de este miércoles, la proposición de reforma constitucional será dictaminada este mediodía por la Comisión Constitucional y, previsiblemente, será aprobada por amplia mayoría mañana, jueves, por el Pleno, y entrará en vigor quince días después, salvo que un diez por ciento de los senadores solicite un referéndum.
En esta línea, el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, ha explicado a EFE que los letrados han indicado a la Mesa que no pueden admitirse enmiendas que no estén referidas al artículo de la Constitución que es objeto de la reforma.
Los letrados han indicado a la Mesa que no pueden admitirse enmiendas que no estén referidas al artículo 49 de la Constitución
Los mismos argumentos que ya se emplearon en la Cámara Baja y que propiciaron las protestas de Compromís que ha intentado, vía enmiendas, abrir el debate.
De esta manera se descarta la posibilidad de incluir en la reforma constitucional la recuperación del derecho que quedó anulada por el recurso que el Gobierno de Zapatero al Tribunal Constitucional -que el posterior Ejecutivo de Mariano Rajoy mantuvo- y que, tras la sentencia del Alto Tribunal, anuló las leyes valencianas que desarrollaban aplicaciones prácticas de este derecho en cuestiones de herencia o uniones matrimoniales.
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Hay que señalar que hay otras autonomías -Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia, País Vasco y Baleares.- que sí que gozan de este derecho puesto que sus leyes propias ya lo recogían con anterioridad.