Dos mujeres entran en una casa de apuestas.
El grupo parlamentario del PP tiene intención de sacar adelante su propuesta de modificación de la ley del Juego que permitirá renovar las licencias de las casas de apuestas, aunque estas estén cerca de colegios. De lo contrario, ha alertado su portavoz parlamentario, Miguel Barrachina, la Administración se enfrentaría a indemnizaciones millonarias.
La ley de Juego, aprobada en el 2020 por el gobierno de izquierdas del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), introducía importantes restricciones, como el hecho de que los salones de juegos o los locales específicos de apuestas deberían situarse a 850 metros de centros educativos y otros espacios vulnerables –lugares con alta tasa de paro y pobreza– y no podrían estar a una distancia inferior a 500 metros entre ellos.
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La enmienda presentada por PP y Vox suprime, para la posible renovación o prórroga de estas autorizaciones, la prohibición de la distancia de 850 metros respecto a los centros educativos, lo que ha provocado las críticas de la oposición, pero también de asociaciones de padres y madres de alumnos.
El lunes, la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana Gonzalo Anaya pidió la retirada de las enmiendas del PP y Vox a la ley del Juego porque “favorecen las casas de apuestas y las adicciones al juego” cerca de las escuelas e institutos, y exigió que se mantenga la distancia de 850 metros entre ambas.
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No obstante, el portavoz popular, Miguel Barrachina, tras admitir la problemática creciente con el juego, ha explicado este martes en las Corts que si se hubiera mantenido la ley aprobada por la izquierda, se hubiesen tenido que cerrar establecimientos que en su día lograron la licencia de manera legal. Por ello, ha advertido que los cierres provocarían sanciones millonarias a la Administración en forma de indemnizaciones.
Barrachina también ha apuntado que de ejecutarse la normativa actual –“la más lesiva de la Unión Europea”– sin los cambios previstos por el PP, miles de valencianos podrían ver peligrar sus actuales puestos de trabajo.
Así, pese a tener en cuenta las aportaciones y opiniones de asociaciones como la Gonzalo Anaya, el PP ha defendido la necesidad de tramitar y aprobar su enmienda. “Aquellos que ya tienen una autorización podrán mantener sus derechos”, ha rematado Barrachina.
Tras conocerse la argumentación del PP, Francesc Gamero (Compromís), que fue secretario autonómico de Hacienda en el Botànic, ha desmentido al PP y ha asegurado que se estudió “muy bien la disposición transitoria para no incurrir en la responsabilidad patrimonial” al permitir el traslado a una nueva ubicación alejada de los centros educativos antes del vencimiento de la licencia.
Tampoco comparte el PSPV la lectura del PP. El portavoz de Hacienda del grupo socialista en las Corts, José Muñoz, ha lamentado que “esta barra libre que proponen el PP y la ultraderecha afecta especialmente a los valencianos más jóvenes”. “Están poniendo en juego su salud mental para que grandes empresas ganen dinero a su costa”, ha indicado.
El diputado del PSPV José Muñoz, en la tribuna de oradores
Muñoz ha remarcado, además, que “las enmiendas incluidas en la ley de acompañamiento referidas al juego demuestran una apuesta clara para degradar nuestros barrios” y ha subrayado que “permitir que la sociedad caiga en las garras de la ludopatía es imperdonable e inadmisible para un dirigente político”. El dirigente socialista ha insistido en que “desde el PSPV-PSOE vamos a estar siempre en contra de estas medidas y por ello estamos trabajando desde el primer momento con las AMPA y las asociaciones que luchan en la prevención del juego para frenar estas enmiendas”: “Necesitamos una respuesta unánime y un acuerdo de toda la comunidad política sobre este tema”.