Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Catalunya e Islas Baleares tienen legislación propia en Derecho Civil, pero el PSOE y el PP se resisten a que esta posibilidad también se contemple en la Comunidad Valenciana. Se confirmó ayer, cuando el Gobierno y el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo aceptaron reformar la Constitución para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna, pero sin aceptar otras modificaciones como la que desde hace años exige la sociedad civil valenciana, la de recuperar el Derecho Civil Valenciano.
En 2016 el Tribunal Constitucional eliminó el Derecho Civil valenciano por el recurso de Zapatero que mantuvo Rajoy
El 28 de abril de 2016 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley Valenciana de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Después pasaría lo mismo con la Ley de custodia compartida y con la Ley de Uniones de Hecho Formalizadas. Todas ellas recuperaron el derecho civil valenciano en la reforma del Estatut de 2006, impulsada por el Gobierno de Francisco Camps (PP) -con el apoyo del PSOE-, pero se perdieron después de que el Ejecutivo central de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) las recurriera ante el TC (recursos que después mantuvo el ‘popular’ Mariano Rajoy).
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Desde hace meses, la sociedad civil valenciana, abanderada por la asociación Juristes Valencians, ha exigido al PSOE y al PP que se aprovechara la reforma de la Constitución para recuperar los "fueros valencianos", equiparando la legislación a la de las autonomías citadas. De hecho, Feijóo se comprometió a hacerlo en una de sus visitas a València, y también lo reclamó el president Ximo Puig. Joan Baldoví, de Compromís, fue quien trasladó esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez.
Feijóo se comprometió a devolver a los valencianos su Derecho Civil
Pero ayer, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, precisó que la citada reforma se iba a limitar al término "disminuidos" porque, añadió, el PP no deseaba ampliar a otras peticiones esta reforma. El Gobierno y el PP acuerdan explorar la reforma constitucional "ceñida" al artículo de la discapacidad. Otros grupos propusieron aprovechar esta reforma para introducir más cambios en la Carta magna: el PNV aboga por reconocer la plurinacional del Estado y la autodeterminación y por limitar la inviolabilidad del Rey; Ciudadanos reclamó una reforma electoral para implantar la circunscripción única al Congreso y Junts pidió mutilar las competencias del Tribunal de Cuentas.
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La decisión del Gobierno y del PP supone un jarro de agua fría a las expectativas de la sociedad civil valenciana. José-Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, señaló a este diario que el pacto "supone un ataque directo a la sociedad valenciana y demuestra la irrelevancia de Carlos Mazón y el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ante la cúpula de sus partidos, igual que ha ocurrido con la infrafinanciación o los recortes en el trasvase Tajo-Segura".
José-Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, señala a este diario que el pacto del PP y PSOE "supone un ataque directo a la sociedad valenciana"
Añadió que "nos decepciona la incapacidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y del PSPV en la defensa de una seña de identidad, que les Corts, 541 municipios y que también los sindicatos, empresarios, y multitud de colectivos de la sociedad reclaman porque está prevista en el Estatuto desde 1982". El jurista advirtió que tanto Ximo Puig como Carlos Mazón y la síndica popular María José Catalá "deben implicarse para que en la votación decisiva que se realizará en la Comisión Constitucional en la primera quincena de febrero cumplan sus compromisos con los valencianos y subsanar el recorte en el autogobierno que padecemos desde las sentencias del Tribunal Constitucional de 2016".
Enric Morera pide evitar "la perpetuación de un agravio histórico con el pueblo valenciano"
Quien también mostró su decepción fue el president de las Cortes Valencianas, Enric Morera. En un comunicado valoró que el acuerdo entre el PSOE y el PP "debe reconsiderarse y se tiene que tener en cuenta el acuerdo de las Cortes, como órgano de representación del pueblo valenciano y también un órgano reconocido por la Constitución como poder legislativo". Recordó que el pasado mas de mayo ambos partidos "nos trasladaron que no tenían ningún inconveniente que se aprovechara también la reforma constitucional para incluir el reconocimiento del Derecho Civil Valenciano".
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A su juicio si hay una voluntad legítima de las Cortes y la otra parte implicada está de acuerdo "no se entiende que hoy se negocie dejar fuera la validez del derecho privado de las personas con vecindad civil valenciana". Para el presidente de la cámara valenciana, "esperamos que el anuncio de hoy se reformule en los próximos días y se evite la perpetuación de un agravio histórico con el pueblo valenciano".
La síndica de Compromís en Las Cortes, Papi Robles, calificó por su parte la reforma constitucional pactada hoy por el PSOE y PP como "una traición al pueblo valenciano por dejar fuera la modificación que posibilitaría que los valencianos y valencianas puedan aplicar su derecho civil propio". Robles lamenta que “tanto los socialistas como los populares hayan dado la espalda al reconocimiento del derecho civil valenciano, un derecho reconocido en nuestro estatuto de autonomía que, recordamos, tanto unos como otros votaron a favor”.
Los dos partidos mayoritarios han dado la espalda a que se nos permita actualizar nuestras normas de derecho civil según nuestra idiosincrasia"
“No es de recibo que todo aquello que estos partidos han pactado y apoyado en el territorio valenciano respecto a la necesidad de una reforma constitucional que respete nuestro derecho civil se quede en nada a la hora de la verdad. Es muy grave, los dos partidos mayoritarios han dado la espalda a que se nos permita actualizar nuestras normas de derecho civil según nuestra idiosincrasia, según lo que somos los valencianos y valencianas”, añadió.