El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dejado claro que, pese a la posición del Gobierno de España, el trasvase del Tajo al Segura es "irrenunciable porque el Tajo es irrenunciable". De hecho, el dirigente socialista ha asegurado que la Abogacía de la Generalitat examinará el decreto aprobado por el Gobierno para ver si hay cuestiones lesivas para la Comunidad Valenciana y, de ser así, poder recurrirlas a los tribunales.
Asimismo, el jefel del Consell ha anunciado en el transcurso de la sesión de control en les Corts que la Generalitat va a establecer una línea de ayudas para rebajar en 10 céntimos el precio del agua procedente de las desalinizadoras.
Como ayer explicó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Gobierno central tiene previsto fijar el precio del agua desalada en 0,34 céntimos por metro cúbico, por debajo de los 0,36 céntimos que planteaba inicialmente. Con la ayuda prevista ahora por la Generalitat Valenciana, el precio a pagar se situará en 0,24 céntimos para los regantes.
Puig ha avanzado también que va a solicitar la Constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras que garantice agua para siempre en la Vega Baja
Además, Puig ha avanzado también que va a solicitar la Constitución inmediata de la comisión de seguimiento de las infraestructuras que garantice agua para siempre en la Vega Baja. Una comisión, ha explicado, en la que el Consell quiere que estén también los regantes representados para que puedan fiscalizar en primera persona las obras.
La ministra Teresa Ribera aseguró ayer que el recorte máximo que sufrirá el suministro de agua del Tajo al Segura, “en el peor de los escenarios”, será de entre 70 y 100 hectómetros cúbicos, y que la aportación añadida que se logrará utilizando agua desalada y reutilizada podría alcanzar los 140 hectómetros cúbicos.
CANAL DE TRASVASE TAJO-SEGURA
El decreto aprobado por el Gobierno prevé una reserva de caudal ecológico del Tajo de 7 hectómetros cúbicos hasta el año hidrológico 2025-2026, cuando se incrementará hasta los 8,65 hectómetros, lo que, según la ministra, debería dar tiempo a que las inversiones comprometidas en cuestiones como la desalación y la reutilización de aguas -”las mayores que nunca se han aprobado para un plan hidrológico”- surtan efecto.
En el debate de las Corts, la síndica del PP, María José Catalá, ha acusado a Puig de "ceder y callar" ante el "mayor ataque a los regantes en la etapa democrática", y la de Ciudadanos, Mamen Peris, ha pedido llevar a los tribunales el recorte del trasvase Tajo-Segura que implica ese decreto.
Puig ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que haga un informe sobre el trasvase del Tajo y ha dicho que todo lo que sea "lesivo" para los valencianos se recurrirá
Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara los nuevos planes de cuenca, Puig ha explicado que ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que haga un informe sobre el trasvase del Tajo y ha dicho que todo lo que sea "lesivo" para los valencianos se recurrirá, pues en 40 ocasiones se ha recurrido a los tribunales el trasvase del Tajo-Segura, y se seguirá haciendo si es necesario.
No obstante, ha considerado que en ese acuerdo hay cuestiones positivas, como la comisión de seguimiento de las masas de agua y las inversiones que se van a hacer en las cuencas, y ha insistido en que la "hoja de ruta" del Consell es la del "agua para siempre" y que eso se consiga con "la menor crispación posible".
Reacciones
El Gobierno de Murcia y la Diputación de Alicante recurrirán ante el Supremo
El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha avanzado que los servicios jurídicos de la comunidad presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo para revertir la decisión "arbitraria, política y sectaria" tomada por el Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura. En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, López Miras se ha referido a la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo este martes en el Consejo de Ministros como "el mayor ataque político perpetrado a nuestra comunidad en las últimas décadas". También la Diputación de Alicante ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno central sobre el trasvase. El presidente de la corporación, Carlos Mazón, ha avanzado que han iniciado los trámites y ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para que "de inmediato" preparen la personación y el recurso.
Puig he defendido la necesidad de buscar acuerdos con otros territorios y ha insistido en que no quiere "guerras del agua", porque no traen agua sino barro, y ha asegurado que "nadie tiene más interés de que el Tajo esté bien que los valencianos"
Puig ha insistido en que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable", porque "tenemos derecho" y porque el Tajo "lo puede y lo debe permitir", para lo cual es necesario que la Comunidad de Madrid depure y lo haga bien.