A puertas de Semana Santa y unos días más tarde de lo previsto, los tres partidos del Botànic ha presentado este lunes su propuesta para crear un Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas. Una iniciativa que, a petición de los socialistas, tendrá una moratoria de un año desde su aprobación y publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) por lo que no se podrá poner en marcha antes de las elecciones autonómicas de la próxima primavera. En otras palabras, si hay un cambio de Gobierno, la norma se derogaría antes siquiera de entrar en vigor.
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La propuesta de la izquierda valenciana es que cada ayuntamiento decida si la implanta o no y en que porcentaje. Además, también se deja en manos de los consistorios la posibilidad "establecer dos tramos anuales diferentes del recargo, distinguiendo según sus circunstancias y peculiaridades". En este sentido, se podría en temporada alta pedir un porcentaje más alto que el resto del año.
¿Cuánto se pagaría?
La intención es aplicar una tarifa gradual en función de los establecimientos donde se pernocte. Así, en los hoteles de lujo se pagaría hasta un máximo de dos euros por persona y día mientras que en hoteles y casas rurales, viviendas turísticas estándar, hostales, pensiones, albergues o campings el tope serían 0,5 euros. Mención especial para las embarcaciones de crucero y yates turísticos que abonarían 1,5 euros "cuando realicen escala en un puerto de la Comunitat Valenciana". En consecuencia, no se realizaría el hecho imponible del impuesto, en los inicios o llegadas de cruceros o yates que tuvieren salida o destino final en la Comunitat Valenciana.
Las distintas tarifas según el establecimiento.
¿Quiénes pagarían?
Quienes tendrían que pagar este impuesto son los contribuyentes que pernocten en los establecimientos de alojamiento turístico situados en la Comunitat Valenciana antes mencionados. Con todo, la norma prevé hasta nueve exenciones.
En este sentido, los menores de 16 años no pagarían como tampoco lo harían "las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de cualquier estado miembro de la Unión Europea", "las estancias por motivo de salud" o las que se realicen "por causas de fuerza mayor". Tampoco se podría exigir el pago a personas acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 66%.
Las exenciones que prevé la ley.
¿A dónde se destinaría la recaudación?
El primer artículo de la Proposición de Ley indica que los ingresos obtenidos por este impuesto "estarán afectados en su totalidad a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible". Así, cada ayuntamiento decidiría a qué se destinan pudiendo elegir entre un amplio catálogo desde mejorar los servicios de los que disfrutan los turistas, a la promoción turística, pasando por la apuesta por una movilidad más sostenible o la protección del medio ambiente.
Las materias a las que se tendrá que destinar la recaudación del impuesto.
La futura normativa prevé que el Consell y los Ayuntamientos que decidan aplicar el recargo al presente impuesto, "habilitarán fórmulas para informar y facilitar la participación de los y las turistas sobre el destino de la recaudación de este".
Asimismo, para evaluar la implantación del impuesto, se constituiría "una comisión de carácter autonómico de asesoramiento y seguimiento a la implementación del impuesto conformada por representantes del Consell, de las empresas del sector, sindicatos, asociaciones de vecinos, así como de los municipios que decidan aplicar el recargo".