PSOE y Podemos pactan con Compromís una moción sobre financiación en Madrid suavizada
Congreso de DIputados
Los valencianistas aceptan una transaccional en el Congreso que da margen hasta finales de 2021 para que el Gobierno presente una propuesta. Lo que supone que la negociación no se iniciará hasta mínimo 2022
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No era la moción sobre la financiación autonómica que quería sacar mañana adelante Compromís en el Congreso de los Diputados. Ha pesado, como señalaban fuentes de este partido, "la necesidad de mantener la unidad de acción de los partidos que gobiernan juntos en el Botànic". Es decir, de Compromís, del PSOE y de Unidas Podemos. .Una realidad que ha acabado diluyendo el contenido del texto que Joan Baldoví presentó la pasada semana en la cámara baja.
Desde Compromís se apunta que de no haber aceptado la transaccional, el PSOE y UP hubieran votado en contra
Se ha resuelto el consenso mediante una transaccional presentada por el PSOE y Unidas Podemos; en la que destaca que se ha acordado que el Gobierno Español presente una propuesta sobre el cambio de modelo antes de final de 2021. Lo que supone, de facto, que no comenzará a negociarse la reforma que tanto ansía el gobierno del Botànic hasta el 2022, en el mejor de los casos. Fuentes de la coalición valencianista reconocían que "si no aceptábamos ese margen hubieran votado en contra".
Pero lo acordado queda lejos del texto original de Compromís, donde se exigía de manera inmediata una propuesta del Gobierno Español, y que además del Fondo de Nivelación se reconociera una solución objetiva al problema de la deuda histórica que acumula la administración valenciana. Respecto a esto último, solo se señala que se debe "analizar posibles medidas a adoptar para aliviar el elevado nivel de endeudamiento de algunas CCAA".
En la moción que se votará mañana, se especifica que mientras esta reforma no se produzca, se continuará garantizando a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado.
Desde Compromís se interpreta que esto supone que cualquier nueva transferencia que realice el gobierno central a las comunidades autónomas tendrá como criterio prioritario el peso poblacional del territorio, "cómo ya ocurrió tras la rectificación en los criterios de reparto del fondo COVID de 16.000 millones".
La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados y diputada por Alicante, Patricia Blanquer, ha celebrado hoy “el acuerdo y la unidad” demostrada por las fuerzas del Botànic en el Congreso de los Diputados y “el paso adelante para dar forma a un nuevo sistema de financiación autonómica para paliar la discriminación a la que el PP sometió a la Comunitat en esta materia”.
"Una vez más, queda claro que los y las socialistas cumplen y demuestran con hechos su compromiso con una financiación justa para esta tierra”, ha defendido Blanquer, que ha añadido que el Partido Socialista “nunca ha dejado de trabajar para conseguir mejorar la financiación".
Tampoco queda reflejada la urgencia de resolver la elevada deuda histórica, como pedía Compromís
Sobre el nuevo modelo, el acuerdo alcanzado contempla que el nuevo sistema de financiación "garantice la equidad y la suficiencia financiera para todas las comunidades autónomas".
Al respecto se añade que se debe elaborar y negociar un nuevo sistema "que garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad y corresponsabilidad, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios".
En el texto se apunta a eue el nuevo sistema de financiación garantice también la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. "En la elaboración del nuevo sistema se prestará especial atención a la simplificación del mismo, así como a la transparencia en la asignación y reparto de los fondos públicos, que en última instancia proceden de los impuestos que pagan todos los españoles".
También se pide garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las comunidades autónomas "se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las comunidades autónomas atiendan, en el marco de su autonomía política y financiera, el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a los servicios públicos fundamentales".