La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de València el archivo de la causa abierta al expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps por el contrato por el que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor, organizadora inicial de los grandes premios urbanos de Fórmula 1 que se disputaron en València.
La causa, en la que habían figurado también como investigados el expiloto y empresario Jorge Martínez “Aspar” y la exconsellera Lola Johnson, había quedado recientemente circunscrita únicamente al expresident Camps y al referido aval.
El interventor de la Generalitat declaró que el contrato no pudo resultar delictivo porque no existe procedimiento alguno en el que enmarcar esta garantía
Ese contrato, según detalló en un informe la Intervención de la Generalitat en 2017, significó que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor -propiedad entre otros de Aspar-.
Siguiendo la argumentación de la Intervención, fue firmado el 19 de julio de 2011 por Camps, un día antes de su dimisión como president de la Generalitat, y, según el referido informe, no respetó “los principios de legalidad administrativa y financiera, de contabilidad y de control que forman parte del ordenamiento jurídico de la Generalitat”.
Sin embargo, el pasado mes de febrero, el interventor de la Generalitat declaró, en calidad de testigo, que el discutido contrato no pudo resultar delictivo porque no existe procedimiento alguno en el que enmarcar esta garantía.
Explicó concretamente que el contrato en cuestión no se puede considerar un aval, porque no garantizó operación de crédito alguna y no existe un procedimiento legal en el que se pueda enmarcar esta operación.
La defensa del expresident ha argumentado en reiteradas ocasiones que, además, este contrato jamás llegó a entrar en vigor.
Esta pieza fue archivada por la jueza instructora en diciembre de 2018 con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue reabierta meses después a petición de la Abogacía de la Generalitat únicamente -así lo indicó la Audiencia Provincial- para que se investigase lo relativo a este aval.