El juez investiga si Carlos Fabra ocultó bienes para dificultar la sentencia que lo condenó
Nueva instrucción
Se investiga también a su mujer y uno de sus hijos. En 2017 fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales
El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra,
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP, Carlos Fabra, ha acordado el levantamiento del secreto que pesaba sobre las diligencias, en una nueva causa que trata de esclarecer si el exmandatario popular ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de una condena anterior a cuatro años de prisión. En la investigación también están imputados su mujer y uno de sus hijos. El domicilio de Fabra en la localidad de Oropesa del Mar fue registrado este martes por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
En esta nueva causa están investigados, además del propio Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona. Tras el registro no se han producido detenciones, y todos los imputados han sido citados a declarar los días 28 y 29 de octubre, han informado las mismas fuentes.
El Tribunal Supremo confirmó en 2014 la pena de cuatro años de prisión dictada por la Audiencia de Castellón contra el expresidente de su Diputación provincial, Carlos Fabra, por delitos fiscales. La peripecia del procedimiento contra Fabra fue muy larga. En 2010, la Audiencia de Castellón acordó sobreseer la causa instruida contra él y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, entendiendo que estaban prescritos.
Pero el Supremo consideró después que tal prescripción no se había producido y reabrió el asunto. Finalmente, a finales de 2013 la Audiencia de Castellón condenó a cuatro años de cárcel a Fabra como autor de cuatro delitos contra la Hacienda pública, y a dos años de prisión por el mismo delito a su exesposa, Amparo Fernández. Ese fallo es el que el Supremo ha confirmado ahora respecto de Fabra, y ha rebajado a un año de prisión la condena que se le impuso a su exmujer.
Carlos Fabra fue un hombre que tuvo un gran poder en el PP en la Comunidad Valenciana, hasta condicionar, desde el año 1995, los diferentes gobiernos autonómicos. Sin su concurso, ni Eduardo Zaplana, ni Francisco Camps, ni Alberto Fabra, hubieran alcanzado jamás la presidencia de la Generalitat Valenciana.
No en vano, a Fabra sus admiradores le calificaban como “El Padrino”, mientras sus opositores no dudaban en llamarle “El cacique”. Pero, además, el “caso Fabra” fue el primero de una larga y lacerante lista de procesos por corrupción que han deteriorado gravemente la imagen del PP valenciano