Un acto de fe de arriesgadas consecuencias
Análisis
El Consell confía en concretar algunas de sus exigencias en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera tras la “decepción” del celebrado la pasada semana
Tiempo y margen de confianza. Sostenidos por la verbalizada, hasta la saciedad, complicidad que asume tener el ejecutivo valenciano con el español de Pedro Sánchez. Iguales partidos, a excepción de Compromís, y objetivos políticos semejantes, planteados desde una visión clásica de la ortodoxia socialdemócrata. Ese es el contexto, defendido como idóneo por el Consell valenciano para avanzar hacia sus principales exigencias: reforma de la financiación autonómica, deuda histórica, déficit asimétrico, devolución del IVA pendiente (congelado por Montoro), FOGA histórico, deuda de La Marina, financiación de la dependencia, entre otros. “Ahora el diálogo es continuo”, subrayan fuentes próximas a Ximo Puig. Pero ninguno de esos objetivos, de momento, se han logrado, y ni tan sólo se han materializado los caminos para alcanzarlos. En un caso, como resultado de la decepcionante reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, CPFF, de la semana pasada; en otros, por la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. En pocos día habrá otro CPFF, y en esa cita algunas heridas antiguas pueden abrirse, para alimento de unas derechas valencianas que ansían en este terreno romper el que ha sido el principal relato político del president valenciano, desde 2015. La ministra, María Jesús Montero, debería saberlo.
Con el PP gobernando, hubo toque de corneta y movilizaciones, de partidos y sociedad civil, dentro y fuera de las instituciones, por estos motivos. Eran otros tiempos, y las entregas del FLA para cubrir la infrafinancicación eran calificadas, por ejemplo, de “chantaje a los valencianos”. La retórica política del primer Botànic alcanzó graduación hiperbólica. Ahora el ejecutivo del Botànic extiende la confianza, extiende los márgenes de su propio relato al nuevo gobierno, y mantiene en la trastienda instrumentos de viento y percusión que confía en volver a sacar cuando el ejecutivo español concrete alguno de los requerimientos de una administración que sigue sufriendo la misma asfixia contable que hace dos años. Se confía, y mucho, gracias a los abundantes vasos comunicantes, y a la sensibilidad demostrada por la ministra de Hacienda; se confía, a la espera de hechos concretos que no llegan. De momento, el único confirmado ha sido compensar la retención del IVA de 2017 con una inyección de FLA; término que en algunos momentos fue pesadilla en la administración de la izquierda valenciana. Ahora contra el FLA no hay epítetos negativos.
El PP valenciano, que otea estas debilidades, atiza donde menos duele, con el asunto del IVA; cuestión más simbólica que efectiva, pues ese no es el problema de la administración valenciana. La infrafinanciación y la urgencia de encontrar medidas “compensatorias” o “paliativas” es la gran necesidad, o mecanismos, explícitos o implícitos, para estructurar un déficit asimétrico (asunto nada sencillo y que generará rebelión en otras autonomías). Y por supuesto unos nuevos presupuestos del Estado que contemplen las inversiones en la Comunidad Valenciana como los que fueron tumbados hace no mucho por las derechas y los independentistas catalanes en el Congreso. De no concretarse en breve ninguno de estos objetivos, el Consell valenciano tendrá un grave problema, porque a su contenida reivindicación se sumará la incapacidad del ejecutivo de Pedro Sánchez para resolver un cuadro financiero valenciano frágil. Ese sería alimento idóneo para unas derechas que observan con voracidad la falta de conclusión financiera. En paralelo, Compromís espera, mantiene un tono conciliador, aderezado de esperanza; pero no podrá sostenerlo durante mucho tiempo. Compromís no forma parte del ejecutivo español.
La comunicación entre María Jesús Montero y el conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler, es continua, fluida; hay extrema complicidad entre ambos. Se conocen desde hace tiempo, cuando la ministra era la responsable de esta área en la Junta de Andalucía y juntos se partían el brazo en lso CPFF dirigidos por el PP. Es indudable que el “problema valenciano” tiene más presencia en el gobierno español que nunca. Pero María Jesús Montero es la ministra de Hacienda de todo el Estado, y está sujeta a las presiones de todas las autonomías y a la ortodoxia que marca Bruselas, déficits mediante. Lo sabe también Vicent Soler. En breve habrá otro CPFF; y los márgenes se agotan. De esa cita deben salir soluciones concretas, o todo el escenario de complicidades amigables construidas en estas semanas se derrumbarán. Será entonces cuando “otros” observarán la oportunidad de sacar trompetas y tambores, para irritar los oídos de los responsables del ejecutivo valenciano y erosionar al ejecutivo de Ximo Puig. Se saben también la partitura.