El expresident y exministro valenciano, Eduardo Zaplana, lideró una amplia trama societaria con ramificaciones en varios países durante veinte años para cobrar “mordidas” ilegales por más de once millones de euros; y en esta compleja estructura jugó un papel clave el que fuera Director General de la Policía Nacional y exconseller valenciano, Juan Cotino. Así lo defiende la Unidad Central Operativa de la Guardia Civi l, UCO, en un extenso informe que forma parte del sumario del caso Erial y que ha sido consultado por La Vanguardia Digital. Un informe en el que la UCO detalla cómo las comisiones ilegales por las adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV se pagaban a sociedades extranjeras para ocultarlo a la Hacienda española con la intención de retornarlo posteriormente. Sobre Eduardo Zaplana, la UCO subraya que “la investigación lo sitúa en un plano de jerarquía superior, tanto en la relación a las adjudicaciones cuando ostentaba el cargo de president, como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”.
En el caso Erial están acusados por los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal además de Zaplana y Juan Cotino, los sobrinos del exconseller, José y Vicente Cotino, los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau, el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y el que fuera su mano derecha en la presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, y la mujer y las hijas del propio Zaplana. El exministro entró en prisión en mayo de 2018 y salió en libertad en febrero de 2019 después de que la juez consiguiera bloquearle parte de las cantidades en el extranjero tras varias rogatorias.
La clave de la investigación, y sobre la que presta especial atención la UCO, son el cobro de las comisiones pagadas por las adjudicaciones del servicio de ITV --realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana en la Generalitat-- y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en 2003, “todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa”, de la familia de Juan Cotino. La Guardia Civil describe toda la operativa societaria a partir de la sociedad Imison Internacional. Esta firma fue constituida en Luxemburgo y gestionada por Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa. Imison, que se constituyó con un capital de 607.000 euros que fue abonado en metálico por parte de Juan Cotino, según ella declaró, y se liquidó en 2011; habría funcionado como sociedad pantalla, y también como instrumento para gestionar el pago de comisiones ilegales entre los años 2005 y 2009.
Es aquí donde la familia Cotino aparece totalmente vinculada. Los titulares de esta sociedad al inicio fueron Asedes Capital, empresa matriz de Sedesa, la firma de los Cotino; y el propio Vicente Cotino. Sedesa fue la beneficiaria de las concesiones de las ITV y de los parques eólicos. La UCO sostiene que Sedesa transfirió 6,4 millones de euros en mordidas a Imison además de unos 2,2 millones de euros a la sociedad luxemburguesa Fenix Investments que presuntamente fueron destinados a Juan Francisco García, que fue jefe de gabinete de Eduardo Zaplana.La Guardia Divil razona que determinadas personas “vinculadas al grupo Sedesa, entre ellas Vicente o Juan Cotino, podrían haber hecho una perniciosa administración de las sociedades expuestas, conformando la persona jurídica en un instrumento con el propósito de satisfacer el pago de comisiones”.
Para el pago de estas comisiones se ejecutaban “compraventas de participaciones concertadas entre una mercantil luxemburguesa y una española y, por otro, mediante facturación, por prestaciones de servicios aparentemente inexistentes, a empresas relacionadas con la consultoría radicadas en València”. La UCO afirma que “la suma total de fondos que se abonan en productos bancarios radicados en Luxemburgo y titulados por Imison asciende a 11.209.028 euros los cuales se abonan mediante transacciones ordenadas desde España y el Principado de Andorra” hasta el año 2009.
Juan Cotino
La operativa de Zaplana y Belhot
La UCO ha tenido acceso a la agenda del expresident y a multitud de documentos que lo vinculan con “determinadas personas en momentos concretos y trascendentales en la operativa general”. Así, considerando un marco temporal que abarca más de 20 años, el análisis sitúa al expresidente del Consell “en una gran cantidad de reuniones” que se producen con las personas que, de manera directa y coetánea, “estarían participando en la operativa”: Juan Cotino, el testaferro Joaquín Miguel Barceló, su asesor Francisco Grau o el fiduciario Washington Fernando Belhot. Los indicios investigador por la Guardia Civil sitúan a Zaplana como uno de los beneficios económicos de los activos. Expone que tres mercantiles --Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Costera del Glorio-- fueron destinatarias de los fondos que Sedesa hizo llegar a Imision International, y Zaplana era titular --o uno de ellos-- de los bienes titulados por estas empresas.
La UCO incorpora en su informe un documento localizado en el registro efectuado en el domicilio particular de Zaplana, ‘relato de MEDLEVANTE’, que describe parte del proceso de retorno de los fondos de Imision --ampliaciones de capital en Medlevante-- y las inversiones que se acometieron o se proyectaron. Según la Policía, el hecho de que este documento se hallara en el interior del maletín personal de Zaplana “da cuenta y permite entender el conjunto integral de evidencias que señalan a Zaplana como titular real de los activos de Imision y, por extensión, de Medlevante”. También a Zaplana se le relaciona con una serie de transacciones económicas e inversiones inmobiliarias en un documento que, “si bien no le nombra, las pesquisas efectuadas han permitido determinar la existencia de indicios de los que se evidencia que su identidad estaría velada a través del papel jugado por Joaquín Barceló y Fernando Belhot, este último como agente fiduciario”.
Es Belhot en su manifestación judicial quien atribuyó la titularidad de parte de las inversiones --una serie de parcelas en Villajoyosa, dos apartamentos en el puerto de Altea o la inversión en el puerto deportivo-- a Zaplana. “Quien tenía un rol protagónico en la toma de decisiones era el señor Zaplana. Con el tiempo le consulté si él tenía algo que ver con esos activos y él me reconoce que sí, que tenía, que mayoritariamente o en forma contundente le pertenecían. Por su exactividad política, su función pública, Zaplana me manifiesta que no quería comparecer o aparecer como titular de esos activos financieros y de los inmuebles porque él había sido una persona que había tenido en el paso una actividad pública muy importante como presidente de la Comunidad entre el año 95 y el 2000”.
Belhot también manifestó sobre entregas de dinero: “A Zaplana en estos 7-8 años se entregaron 770.000 euros de una cuenta, 615.000 euros de la otra y 1.040.000 dólares de una cuenta. En total, sería alrededor de 2,3 millones de euros que se le entregaron a lo largo de estos siete años”. La declaración de Belhot se produjo el 25 de enero de 2019, apenas un mes después de que el fiscal anticorrupción Pablo Ponce, junto con personal de la Interpol, participase en unos registros en la capital uruguaya. El letrado conoció a Zaplana en 2009, cuando éste le pidió consejo sobre una “estructura societaria en el exterior”, en referencia a la firma Imison Internacional, que habían constituido unos amigos suyos, Francisco Grau y Joaquín Barceló.
En su testimonio declaró que: “les dije que no me parecía la más adecuada para la optimización fiscal de unas rentas que supuestamente le venían a Barceló de negocios inmobiliarios, porque Luxemburgo era una jurisdicción cara, y yo entendía que Uruguay podía ser más apropiada, ya que tenía uno de los secretos bancarios más fuertes del mundo y la evasión fiscal no era delito en ese momento”, explica el abogado. Atendiendo a su consejo, se acordó que se encargase del traspaso de los activos de la citada Imison, radicada en Luxemburgo, a las firmas Disfey y Misnely en Uruguay, en un proceso en el que, según Belhot, Zaplana tuvo un “rol protagónico”.
“En un principio se me dijo que era Barceló quien tenía ciertos problemas fiscales por no haber declarado esos activos en España, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que el protagonista era Zaplana. Él me reconoció que sí que tenía que ver con esos activos. De forma mayoritaria o contundente le pertenecían, y los otros tenían una pequeña participación muy minoritaria”, agrega. “Zaplana me dijo que no quería aparecer como titular porque en el pasado había tenido una actividad pública muy importante, era empresario de éxito, tenía montada una consultora importante y tenía un patrimonio personal considerable”, detalla Belhot.