Más allá de la corrupción

El lunes pasado fue el día Internacional de Naciones Unidas contra la Corrupción. La verdad es que se celebró una jornada que a nadie nos gustaría que existiera. Es un día que nos sirve para recordar que las conductas del ser humano pueden ser delictivas y, paradójicamente, nos sirve también para recordar que se debe de luchar todos los días contra la corrupción política, pública y privada.

Gürtel, caso Cooperación, Brugal, Instituto Noos, Bárcenas, Púnica, malaya, Pokémon, Pujol, Edu, Los Ere, Taula, Imelsa, Pitufeo, el 3 por ciento, Oleguer Pujol, Emarsa, Tarjetas Black, Visita del Papa, Caso de la Muela, Pretoria, de Miguel, etc. todos ellos casos de corrupción política en la administración públia. Nos los sabemos de memoria. Pero ¿han servido de algo? El gobierno de turno bien sea el autonómico, local o nacional, ¿ha puesto freno?, ¿Han evaluado los riesgos de la corrupción política y publica de España? Creo sinceramente que no.

La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es baja y, durante el quinquenio anterior, la corrupción se sitúo persistentemente como una de las preocupaciones más apremiantes para la sociedad, solo superada por el desempleo. Muchos casos de corrupción han surgido y se han llevado ante los tribunales en los últimos años, lo que pone de manifiesto los riesgos de corrupción y la mala gestión, especialmente a nivel local en la contratación pública para la planificación urbana, la construcción y hasta en la prestación de servicios. Una sentencia sobre corrupción también fue el motivo alegado en la moción de censura en el Parlamento que, por primera vez en la historia democrática española, destituyó al Gobierno en junio de 2018.

Ha llegado el momento de acometer una estrategia nacional y coordinada contra la corrupción. Es evidente que la supervisión y rendición de cuentas son las dos áreas de mejora y a las que se le debe prestar mayor atención. Las empresas públicas, la contratación y sobre todo su coste, son los focos claros iniciales donde debemos de actuar con urgencia, aplicando medidas de prevención, detección y seguimiento continuado en la relación con los proveedores públicos, así como habilitando canales de denuncia y códigos éticos de conducta.

En cuanto a la supervisión, necesitamos una ley administrativa de prevención de la corrupción pública. Un buen espejo sería la ley de prevención de blanqueo de capitales, ya que lucha contra delitos de los llamados de guante blanco o económicos, muy parejos en cuanto a su comisión con los de la corrupción, puesto que ambos, en su fase primigenia, se gestan en el ámbito administrativo. La implantación de alertas tempranas en la administración pública, la solicitud de la titularidad real de las empresas que quieran trabajar con la administración, el seguimiento continuado en la relación contractual y la implantación de canales de denuncia internos o externos en cada organismo, así como, la elaboración de códigos éticos de conducta sería un buen inicio.

En cuanto a la rendición de cuentas, esta es casi inexistente, debido a una floja ley de transparencia actual y a la falta de voluntad política para llevarla a la práctica. Una ley criticada fuertemente por los que ahora están en las instituciones y que no han hecho nada para modificarla cuando han llegado a ellas, en fin, luego se quejan del desapego y hastío hacia el político. Sería más que necesaria una modificación de dicha ley que, aun estando de acuerdo en su concepto, llevada a la práctica es una auténtica utopía que se pueda cumplir. Si a eso le añadimos que el político no tiene ningún interés, repito, ningún interés en la dación de cuentas, parece que serían más felices sin dar ningún tipo de cuentas a nadie, ya que ellos son de una clase especial y lo hacen, dicen muchos, todo perfecto, hasta se ayudan entre ellos obteniendo mayorías para frenar y dar cualquier tipo de explicación a los ciudadanos (Veto a ciertos profesionales para acudir a comisiones de investigación porque no interesan, o en las propias cortes valencianas para dar explicaciones de diferentes criterios de actuación frente a casos similares, por ejemplo)

No puedo terminar estas líneas sin mentar el gran trabajo que esta realizando la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE capitaneada por su director Joan Llinares y compuesta por cerca de 40 profesionales que se dejan la piel, como servidores públicos, para que tengamos unas instituciones más limpias. Solo a modo de dato informativo, este año, la agencia, ha tratado 180 casos de presunta corrupción pública, una alerta cada 2 días.

El pasado lunes se organizó un acto con motivo del día internacional contra la corrupción, que fue todo un éxito, en cuanto a su contenido, organización y asistencia, ya que giraba en torno a la directiva de protección al denunciante, puesto que esta agencia es pionera en España y en Europa porque dispone de un estatuto propio de protección al denunciante en la Comunidad Valenciana.

Mas allá de la corrupción, no habrá ningún lugar donde brille el sol, tan solo estaremos nosotros, la ciudadanía, esperando con anhelo que la calidad democrática y el buen gobierno forme parte del consciente colectivo de nuestros políticos. En definitiva, estoy convencido de que la prevención del delito en las administraciones públicas y la transparencia son el principio del fin de la corrupción política y pública.