La UCO sitúa a Eduardo Zaplana al frente de una red corrupta que obtuvo 10,5 millones

Eduardo Zaplana fue el “jefe” de una presunta trama que logró desviar a empresas radicadas en Luxemburgo un total de 10,5 millones de euros en comisiones por las adjudicaciones de las ITV y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Así lo defiende la Unidad Central Operativa, UCO, según se puede leer en la parte del secreto de sumario del Caso Erial que ya no está bajo secreto se sumario, y que ha confirmado este diario.

En esta trama, habrían colaborado varias sociedades cercanas al expresident valenciano, como las empresas de Vicente Cotino, sobrino del que fuera conseller y Director General de la Polícia Nacional, Juan Cotino. De hecho, según refleja la OCU, la familia de Juan Cotino logró grandes beneficios por la privatización de la ITV (de hecho uno de las concesiones fue a parara a Sedesa, propiedad de Vicente Cotino) con un beneficio de 86 millones de euros.

Además, Eduardo Zaplana llegó a utilizar nueve sociedades para poder desarrollar, presuntamente, esta operativa de cobro y desvío de dinero a sus cuentas en el extranjero. Estas sociedades serían según relata el fiscal Anticorrupción Imison International con residencia en Luxemburgo, Inversiones Imison, Servicios de Excavaciones SA actualmente Asedes Capital SLU, Valencia de Revisiones SL, Levantina de Obras y Servicios SL, Proyectos Eólicos Valencianos, Inversiones Impega y Poinds Net.

La jueza instructora cree asimismo, según detalla la agencia EFE, que es “evidente que esta asociación de personas -en referencia a los investigados- tiene como cabeza a Eduardo Zaplana, que presuntamente se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a su vez”.

Según consta en el citado sumario, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros. Parte de estos sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV. La sociedad Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa (según detalla el fiscal en varios de sus escritos), mientras que Fenix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero propiedad de Juan Francisco Garcia, ex jefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.

La compraventa de las participaciones empresariales de ambas empresas luxemburguesas se hizo el mismo día, interviniendo Vicente Cotino en representación de las sociedades luxemburguesas (parte de cuyo accionariado había comprado previamente) y José Cotino en representación de Asedes Capital (Sedesa, al revés).

Tanto Imision como Fenix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios. Ninguna de las compraventas se inscribió en el registro mercantil, tal y como presuntamente se acordó en un documento privado intervenido por la Guardia Civil (llamado ‘hoja de ruta’, que da pie a esta investigación). Finalmente, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos.

En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las “mordidas” pudieron suponer el 10 % del negocio total. En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades (Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica).

En el caso de Fenix, propiedad de Juan Francisco García, en el sumario se detalla que fue liquidada en 2012 y que sus participaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, retornaron a España al acogerse su propietario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión al frente de la Generalitat de Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión, y junto al que están procesados el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

Sobre todos ellos pesan acusaciones de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.

Origen de la investigación

Un registro en el despacho de abogados del autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, permitió acceder a los documentos con la “auténtica hoja de ruta” que se siguió para concurrir a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV por las que una trama, con el expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana al frente, supuestamente cobró comisiones.

Se trataba de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa.

Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent, por lo que se le tomó declaración en marzo de 2017, cuando explicó que se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad y que desconocía si tenían relación con alguna causa penal o alguna actividad criminal, pero los guardaba “junto con otros muchos” papeles.