Llega la calma temporalmente al barrio valenciano del Cabanyal después de 17 años de incertidumbre. Fue en 1997 cuando el Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá a la cabeza, anunció un proyecto que no dejaría a nadie indiferente: el Plan del Cabanyal, con el que se proponía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, aun a costa de dividir en dos un barrio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y de derribar más de 1.600 viviendas.
Ayer, el Tribunal Supremo (TS) reiteró en una sentencia que "los casos de expoliación del patrimonio cultural son competencia del Estado" y desestimó el recurso que interpuso la Generalitat Valenciana contra la orden dictada por el Ministerio de Cultura en 2009 -encabezada por González-Sinde en la época socialista- que paralizaba el Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar porque consideraba que existía expolio. Es la segunda vez que el Alto Tribunal dictamina en contra de este proyecto urbanístico, también rechazado por la Audiencia Nacional.
No obstante, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, le restó importancia a la sentencia (dijo que "carece de trascendencia práctica"), serán necesarios cambios profundos en el planteamiento del proyecto original para que pueda llevarse a cabo.
Hace poco más de dos semanas, Barberá exhibió ante la prensa un "acuerdo" -después matizado y llamado "borrador"- con el Gobierno en el que planteaba algunas modificaciones sobre el proyecto original. Daba por hecho que la reducción en un 35% de las viviendas afectadas y la preservación del edificio histórico de la Lonja de Pescadores bastaría para sortear el bloqueo legal.
Fuentes de 'Cabanyal 2010', la sociedad gestora del PEPRI, han declarado que, tras la sentencia, no han recibido ninguna información adicional desde el Ayuntamiento y que seguirán con el "calendario previsto".
Desde el Ayuntamiento de Valencia han insistido en que la sentencia no afecta al acuerdo al que, dicen, se ha llegado con el Ministerio de Cultura de José Ignacio Wert. "Ya hay un acuerdo, un encaje, entre la orden ministerial y el PEPRI. No afecta a los nuevos documentos del plan que se llevarán a un pleno en julio", han asegurado fuentes del Ayuntamiento.
Un museo al aire libre
Hace más de cien años, Valencia era una ciudad sin mar. Con la anexión a finales del siglo XX del actualmente conocido como distrito de Poblados Marítimos, de origen pesquero y marinero, consiguió el anhelado acceso a la brisa marina.
A día de hoy, la playa tiene muchas conexiones con la ciudad: hay cinco avenidas que prácticamente terminan en el mar y transporte público (autobús, varias paradas del tranvía y estaciones cercanas de metro y de Renfe). Pero no es suficiente, al menos para el Ayuntamiento de Valencia, que lleva más de una década intentando prolongar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, que actualmente cruza la ciudad desde los jardines del Real hasta la estación de tren del Cabanyal.
En la estación de tren la avenida se topa con uno de los barrios más pintorescos de Valencia: el Cabanyal. Sus edificios reproducen las mismas medidas que las tradicionales barracas valencianas y su estilo arquitectónico es toda una sorpresa para la vista. No hay ninguna casa igual: las construyeron las familias, en función de sus gustos personales y de sus capacidades económicas. El colorido, el uso de 'trencadís', su diversidad y su colorido han hecho que se haya considerado el Cabanyal como 'un museo al aire libre'.
"El perfil del vecino del Cabanyal es el de una persona mayor, de todas las economías, no tenemos guetos estigmatizados", asegura Maribel Domènech, portavoz de la plataforma ciudadana Salvem el Cabanyal. Además, la cercanía de los campus de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y de la Universitat de València (UV) en Tarongers, hace que en sus calles habite mucho profesorado y alumnado, una "oportunidad para el barrio".
El Cabanyal es un Conjunto Histórico Protegido de Valencia desde 1993. Cinco años después se reforzó con su declaración como Bien de Interés Cultural. A pesar de ello, hoy todavía se encuentra amenazado por el polémico Plan del Cabanyal, muy personalizado en la figura de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y que ahora deberá replantear.
A pesar de que la crisis económica ha paralizado muchos de los proyectos urbanísticos faraónicos de la Comunidad Valenciana, la alcaldesa está obcecada en un proyecto que cuenta con el rechazo de toda la oposición y, hasta el momento, con el silencio del Partido Popular de Madrid.
Una visión "colonialista"
El plan del Cabanyal pretende expropiar terreno para nueva construcción a ambos lados de la avenida Blasco Ibáñez para que la ciudad llegara al mar. De hecho, se ha conocido como "avenida del Paseo de Valencia al mar", un nombre "muy perverso" según Domènech.
"Valencia está en el mar, no hace falta que llegue a él, es una denominación colonialista que viene del origen de la ciudad, cuando era fluvial y estaba amurallada. Pero el barrio ya está anexionado a la ciudad desde hace más de 100 años", explica la portavoz.
Actualmente, la avenida que se ha pretendido prolongar finaliza a un kilómetro del mar. "¿A costa de qué queremos llegar cinco minutos antes a la playa?", se pregunta Domènech. El plan prevé dividir el barrio en dos, partiendo por la mitad un Conjunto Histórico y afectando a parte de la zona declarada BIC. "Con todas las avenidas y travesías que ya terminan en el mar, no hay ninguna necesidad de romper un poblado que está protegido y que es único", ataja Mari Carmen, vecina del barrio.
La trama urbana, con calles perpendiculares y paralelas al mar, garantiza que el viento llegue fresco al centro de la ciudad. "Si aquí se construyera un Benidorm, se crearía una pantalla con la que Valencia subiría dos o tres grados", asegura Domènech.
Para el arquitecto José María Tomás, profesor en la UPV que ha trabajado en el masterplan de la Marina Real Juan Carlos I y la ordenación del Grao, "cambiar la morfología del Cabanyal no es fácil ni conveniente", y asegura que el barrio ya "hace su papel de conexión con el frente marítimo y tiene, desde hace años, un valor y una fuerza grande", además de estar enlazado con el resto de la ciudad a través de sus calles y caminos.
"Pelotazo urbanístico"
Las demoliciones del Pepri que ha tumbado el TS estaban asociadas a la construcción de un edificio de vivienda nueva en la avenida de Tarongers para realojar a las familias afectadas. Esto ha sido tachado desde Salvem el Cabanyal de "pelotazo urbanístico", ya que, según explican, el ayuntamiento compró las casas de los vecinos que la vendieron por unos 50.000 euros y los reubicaron en la obra nueva de protección oficial, que costaba 120.000 euros, por lo que se tuvieron que hipotecar. "Conozco gente que vendió su casa, se marchó al nuevo edificio, se han visto en el paro y han sido desahuciados", asegura Domènech.
El proyecto se ha gestionado a través de la empresa municipal AUMSA y de 'Cabanyal 2010', un consorcio que, inicialmente, era " mitad capital público, mitad capital privado", formado por 11 constructoras. "Denunciamos a Europa y nos dieron la razón: si era un proyecto público, debía estar gestionado por una empresa pública".
Desde Salvem el Cabanyal denuncian que se desconoce el coste que tendrá, y que ya ha tenido, este plan para los valencianos. Fuentes del ayuntamiento aseguran, no obstante, que el dinero "invertido" se encuentra en los presupuestos públicos, aunque no se encuentran agrupados.
Degradación del barrio
Una de las grandes quejas de los vecinos del Cabanyal, tanto a favor como en contra del plan, es la degradación que ha sufrido el barrio desde que el proyecto salió a la luz. Salvem el Cabanyal acusa al ayuntamiento de haber hecho una campaña de devaluación para convencer a los vecinos de que vendieran sus casas. Por un lado, a costa de la limitación de licencias que han impedido reformar casas, restaurar fachadas o, incluso, abrir negocios, bajo la justificación de la orden ministerial, que Domènech dice que "no bloquea ninguna licencia": "Prohíbe la demolición de casas y obliga a restituirlas, no impide la rehabilitación. Pero Rita Barberá dijo, desde el principio, que sin prolongación no hay rehabilitación".
"Una amiga consiguió hacer reformas después de haber recurrido a la vía judicial. El piso se caía, cualquier día puede haber un accidente fatal", explica la vecina Mari Carmen.
Por otro lado, explica la portavoz, "el Ayuntamiento ha comprado casas y las han tapiado, derribado, creado solares y ofreciendo alquileres de viviendas en muy malas condiciones a precios muy bajos para atraer a colectivos pobres, con pocos recursos, que han animado a muchas personas no acostumbradas al nuevo vecindario a vender sus casas. Todo con dinero público".
"Han atraído economías frágiles, utilizan la pobreza para degradar el barrio. Hoy hay permisividad por parte del ayuntamiento, pero nunca había sido un barrio de venta de drogas", añade.
Fuentes del Ayuntamiento de Valencia han reconocido que "hubo alguna vez alguna cosa extraña, pero se acabó con ello" y han rechazado su supuesto carácter "especulativo".
Amparo, otra vecina del barrio, explica que la permisividad de las autoridades en el Cabanyal es vox populi: "La policía le dijo un día a mi hija que están atados de manos, que no pueden hacer nada en el barrio por orden del ayuntamiento. Es duro porque ha sido algo provocado".
La rehabilitación, la apuesta de los vecinos
A la espera de que el Ayuntamiento de Valencia decida sobre el Cabanyal ante la sentencia del Tribunal Supremo, desde Salvem siguen insistiendo en la necesidad de una rehabilitación del barrio. Domènech recuerda que, a pesar de contar con 20.000 habitantes, carecen de muchos servicios "que tienen otros barrios": "Un instituto, un museo de la historia del lugar, una piscina cubierta, servicios sociales, asfaltar bien las calles, una oficina donde puedan acudir las personas que quieran rehabilitar sus casas. Se daría trabajo a muchas personas si hubiera un plan de rehabilitación".
La nueva propuesta debe pasar, advierte, por "la participación ciudadana". " Hay fractura social en el barrio, entre los que no se ven afectados, porque creen que hay que hacer 'algo' con el barrio. Pero no se puede hacer cualquier cosa. Un plan de rehabilitación y con participación ciudadana sería lo más democrático, porque hablamos de un patrimonio histórico habitado", espeta.
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