La incierta singladura de España desde el modelo autonómico vigente a un sistema territorial asimétrico, que algunos llaman federal, no requiere una reforma constitucional. Puede lograrse por la vía, más rápida aunque no por eso menos problemática y tormentosa, de la financiación regional, que está llamada a ser, tras la inminente elección de la Mesa del Congreso y la investidura del futuro presidente del Gobierno, la batalla capital de la nueva legislatura, si es que no queda abortada in media res por una nueva convocatoria electoral.
Todo está abierto. A la espera del desenlace de los puestos de mando en el Parlamento y de la entronización de Sánchez o Feijóo, las autonomías han empezado a adoptar posiciones de combate y ensayan con sus armas –jurídicas y argumentales– en el campo de tiro. Todas se juegan dinero, poder y capacidad política. Algunas, incluso más: su propia razón de ser.
Lo que se va a dirimir una vez tengamos un nuevo gobierno en la Moncloa no es únicamente la mayoría parlamentaria que debe regir el país los próximos cuatro años, sino la verdadera articulación (financiera) del Estado. Su estructura territorial de facto, con independencia de que, en simultáneo, pueda (o no) plantearse un nuevo mapa territorial de España de iure.
Mapa político de España
La primera salva de aviso ha sido, un lustro después de tener a su cargo la Hacienda Pública, el anuncio de la ministra Montero –sevillana– para negociar un nuevo sistema de financiación autonómica y condonar la deuda que los gobiernos regionales mantienen con el Estado.
La idea, diseñada para ayudar a una hipotética investidura de Pedro Sánchez, está enfocada en clave catalana: la Generalitat, junto a Valencia, es la administración regional más endeudada. También va a ser Catalunya la que, a corto plazo, sufra un mayor impacto financiero debido al progresivo incremento de los tipos de interés. Si debes más dinero y el precio del dinero sube, pagarás más. Blanco y en botella. Así funciona el mercado.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Pedro Sánchez, la noche electoral del 23J
Según las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el coste financiero de la deuda del Govern se encarecerá en tres años hasta 2.412 millones de euros. Más de 1.383 millones en relación a 2022. A continuación, el sufrimiento viajará a Valencia, que pagaría del orden de 985 millones más, y a Andalucía, con 633 millones de incremento. Madrid vería subir sus costes financieros 343 millones.
La condonación de una deuda regional tan heterogénea, puesto que unas autonomías se han endeudado más y otras menos y el coste de esta deuda, por tanto, también es dispar, supone de entrada un trato diferente por parte de Hacienda que ya está teniendo una lectura política crítica. No tardará demasiado tiempo en derivar en una batalla de agravios territoriales.
Andalucía, sin ser la autonomía más endeudada –36.744 millones a fecha de marzo, unos 25.276 millones en manos del Estado– va a ver crecer sus costes financieros al pasar de pagar 380 millones de euros en intereses a abonar a sus acreedores 1.036 millones. La subida será del 166%. El impacto que va a tener la subida de tipos en todos los presupuestos autonómicos (8.645 millones) se explica por el tránsito del interés medio de un 0,5% al 3%.
Imagen de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
A esta situación se suma el déficit de ingresos heredado del sistema de financiación vigente, caducado hace más de una década. Andalucía ha calculado en 12.000 millones la deuda acumulada desde 2019. A razón de una merma anual superior a los 1.000 millones de euros. Esta situación supone servicios públicos con muchos menos recursos –materiales y humanos– y, en consecuencia, una desigualdad objetiva en términos sociales y territoriales.
A falta de conocer en detalle la propuesta de partida de Hacienda, que planea alterar los criterios de financiación restándole peso a la población, Andalucía ya ha hecho sus cálculos. Según San Telmo, la diferencia entre la población de derecho y la población ajustada –en base a la cual se reparte el dinero para las autonomías– implica dejar fuera del sistema a 200.000 andaluces. Un punto de partida que no es aceptable por parte del presidente Moreno Bonilla.
Habrá guerra. Y es dudoso que vaya a ser entre caballeros. La paradoja, a efectos políticos, es cómo piensa manejar la Moncloa esta contradicción (evidente) de que sea un gobierno de izquierdas, que declara como su objetivo político la lucha contra las desigualdades, quien contribuya a poner en crisis el principio de cohesión social para obtener una mayoría parlamentaria que busca la asimetría de España. Prepárense para la matemática del agravio.