Hasta los políticos con baraka, como es el caso de Juan Manuel Moreno Bonilla, que en cuatro años, y a partir de un mayoría política coyuntural que más tarde se transformó en absolutísima, le ha dado la vuelta al mapa político en Andalucía, condicionando el juego de equilibrios territoriales que exige la agenda política en España, incurren en el inevitable mal de la hybris: esa arrogancia repentina que, según los clásicos, anima a muchos gobernantes a transgredir los estrictos límites que los dioses establecen para los mortales.
El presidente de la Junta suele apelar al diálogo (relativo) y tiende puentes en busca de la transversalidad. Se cuida mucho de usar su hegemonía para imponer decisiones. Pero cada vez admite más excepciones a su costumbre en función del interés inmediato. Un asunto en el que no le importó nada carecer de socios es la cuestión tributaria. Otro, la súbita conversión andalucista con la que ambiciona ampliar su marca personal hacia ámbitos electorales ajenos.
El parque natural sufre una sequía que induce a temer por su supervivencia, pero este factor (ambiental) no detiene a la Junta
Para ninguna de estas decisiones persiguió un acuerdo de amplio espectro. No quería discutir. Existe una tercera cuestión: su obstinación en legalizar los regadíos ilegales que amenazan al parque natural de Doñana. No se trata un asunto nuevo: el caso ya provocó antes del 19J un agrio conflicto con la Moncloa que trascendió –y no precisamente para bien– en Bruselas. Algo previsible, si tenemos en cuenta el inmenso valor ambiental de Doñana.
A ochenta días para el 28M, fecha en la que el presidente de la Junta debe conseguir unos resultados electorales que, aunque no igualen su victoria de las autonómicas de junio, hagan irreversible su consolidación en el poder, otra excepción vuelve a convertirse en norma.
La laguna más grande de Doñana prácticamente seca este pasado verano
San Telmo, que ya no necesitaría apoyarse en Vox, ha recurrido al partido ultramontano para presentar juntos en la cámara andaluza un nuevo plan en favor de los riegos ilegales que utilizan irregularmente el agua del último acuífero de Doñana. Lo hace además en un momento crítico. El parque natural sufre desde hace algo más de un año una sequía que induce a temer por su supervivencia, pero este factor (ambiental) no ha detenido a la Junta.
La UE tiene en el punto de mira a España por no hacer lo necesario para proteger la menguante reserva de agua de la que depende la biodiversidad del parque nacional. Las consecuencias de la decisión de la Junta pueden ir desde una segunda condena del Tribunal de Justicia Europeo –la primera tiene fecha de junio de 2021– a importantes sanciones económicas. La disputa está enunciada: los intereses económicos de colectivos locales que no respetan la ley frente a la directriz ambiental de las instituciones europeas. En el escenario político doméstico, un nuevo episodio de confrontación entre San Telmo y la Moncloa.
Moreno Bonilla niega la mayor –asegura que legalizar los cultivos ilegales no implica dar luz verde para que éstos exploten el agua del último acuífero de Doñana– pero con su decisión contribuye a alimentar la voracidad de los regadíos, cuya demanda de agua no ha cesado en las últimas décadas a pesar de todas las inversiones públicas en materia hidráulica.
Mapa de Doñana
Existe un interés electoral: PP y Vox quieren atraerse los votos del entorno social y familiar de los agricultores ilegales del Condado de Huelva. El coste a pagar, sin embargo, resulta inasumible: agotar el acuífero significa convertir las 269.158 hectáreas de Doñana, reserva de la biosfera desde hace cuarenta años, en una réplica del Mar Menor. La iniciativa de Moreno Bonilla perjudica la imagen internacional de Andalucía e incumple los compromisos estatales con Bruselas. No se trata pues de un pecado venial, sino mortal.
El problema de fondo no es tanto el agua (que también) cuanto el avance de las explotaciones agrarias. Desde los años ochenta se han construido más de ochenta embalses en Andalucía, lo que ha permitido duplicar la capacidad (potencial) de las reservas. Pero sin lluvias, que en el último siglo han descendido un 15%, y sin limitar el riego la ecuación no puede ser positiva.
Agata ojo de gato, de Caballero Bonald
La agricultura de regadío supone el 81% del consumo del agua en Andalucía. Es la cuarta parte de los cultivos de una industria –la agroalimentaria– que factura 6.000 millones al año. Supone un tercio de las zonas cultivables de España. En Huelva, donde los agricultores del Condado son un lobby con conexiones e influencias políticas, alcanza el 8% del PIB.
La Junta insiste en que es posible encontrar una solución para hacer compatibles los usos agrarios y la conservación ambiental, pero no explica cómo. Tampoco ha logrado el apoyo de la comunidad científica vinculada al parque natural, que contempla las medidas autonómicas con mucha inquietud y las entiende como una agresión al gran humedal del Sur de Europa.
Explicar en Bruselas que no se tiene intención hacer daño a Doñana no camufla la evidencia. Legalizar cultivos ilegales, sin que existan alternativas al riego ilegal, es alimentar un fuego con gasolina. Para la UE supone un efecto llamada: más regantes ilegales y menos reservas de agua. Un bucle infinito cuyo desenlace es la muerte a cámara lenta del parque. Que se haga sin participación y obviando los informes técnicos confirma que no se busca ningún consenso.
Vista aérea de fincas dentro y fuera de superficies aptas para el Riego
El Gobierno central es contrario a la legalización de los regadíos –en junio se encontró con las protestas del PSOE andaluz, que ahora ha cambiado de postura– y tiene previsto invertir 100 millones en comprar fincas para dejar de cultivarlas. El problema es su número: no bajan de 650 explotaciones, lo que da una idea de la tolerancia –en la época socialista y ahora– ante la colonización irregular de Doñana, que afecta a 14 municipios de Huelva, Cádiz y Sevilla.
El envite de San Telmo, que implica asumir un derecho histórico inexistente en unas 1.600 hectáreas del entorno de Doñana, cuyo valor patrimonial se incrementaría artificialmente, es la gran apuesta de la derecha para restar votos al PSOE, que tiene la hegemonía en Huelva, y lograr, de paso, que la Diputación onubense caiga en sus manos. Un populismo que premia la ilegalidad y traslada el problema al Estado (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).
Moreno Bonilla durante un acto sobre su política ambiental en Doñana
No es descartable que la cuestión degenere en un conflicto institucional y acabe llegando al Tribunal Constitucional. Mientras el órgano de los altos magistrados resuelve el litigio, habrán pasado las municipales y también las elecciones generales.
Moreno Bonilla continuará siendo presidente, dado que su segunda legislatura se extenderá hasta 2026. Y Doñana, sin duda, tendrá menos agua. Hace 30 años, el patronato del parque advirtió sobre el riesgo de autorizar más de 10.000 hectáreas de regadío a su alrededor. Esta cifra supera ahora las 40.000 hectáreas, sin incluimos los arrozales de Sevilla y Huelva.
'Orilla del Coto desde Bonanza', de Camen Laffon
La Argónida de Caballero Bonald, que narró la historia mítica de Doñana en la novela Agata ojo de gato, donde describe a la marisma indígena como un Far West donde el hombre y la naturaleza se aniquilan mutuamente, o las imágenes del Bajo Guadalquivir de los hermosos
cuadros de Carmen Laffón, van a convertirse en las últimas visiones de un mundo en extinción. La agonía no será súbita, pero nadie podrá decir que su muerte es una sorpresa.