El PSOE tiene su gran escollo en el nuevo ciclo electoral –municipales en primavera y generales en invierno– en Andalucía. Emulando a Nietzsche, poeta del nihilismo, ha decidido que una buena guerra (electoral) justifica su causa: la supervivencia. En eso está, aunque sea cometiendo plagio. La política meridional se ha visto sacudida esta semana, días después de que Pedro Sánchez bajase a Málaga, el Delfos de Moreno Bonilla, y Feijóo hiciera lo propio en Sevilla, donde los socialistas (todavía) gobiernan en minoría, por el fantasma Ayuso. Un imprevisto a escasos meses del 28M que pone en aprietos al presidente de la Junta, que además necesita un saldo electoral óptimo para no defraudar sus propias expectativas.
El episodio ha dado por primera vez en estos cuatro años oxígeno político a una oposición en general muy desdibujada. Toda una novedad. La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, desveló que San Telmo había aprobado un protocolo para dar entrada legal a los médicos que trabajan en centros privados en el sistema público de atención primaria.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se fotografía con simpatizantes durante un acto del partido celebrado en Málaga
Se trata de una orden administrativa que fija tarifas y precios para que empresas particulares gestionen espacios y consultas en los centros de salud. Nieto alertó de una “privatización” encubierta de la sanidad. El Quirinale lo negó sin demasiado éxito. Y el PSOE, en las nubes de su desconsuelo, encontró una ocasión para erosionar al PP, estableciendo una analogía con la segunda gran manifestación en Madrid contra la política sanitaria de Ayuso.
Nada de todo esto, en realidad, es novedoso. Salvo el contexto electoral. Los socialistas llevan desde 2018 acusando al PP de tener un plan oculto para trasladar al Sur el modelo sanitario de Madrid. Hasta ahora no había tenido excesiva credibilidad. Los hechos objetivos desmentían sus profecías. La derecha ha abierto hospitales y ha incrementado la inversión sanitaria, aunque en magnitudes que, en el mejor de los casos, son insuficientes para cubrir las necesidades y, en todo caso, no mejoran las cifras de 2008, cuando el PSOE recortó servicios.
Moreno Bonilla sí ha tenido, en cambio, mucho éxito al conjurar los augurios de la izquierda. Ha subido el sueldo de los profesionales sanitarios y, aunque la medida signifique enquistar una situación sanitaria preocupante desde el punto de vista social, ha accedido también a limitar las consultas de primaria, como reclamaba el sindicato mayoritario.
El problema de fondo es que este acuerdo gremial, aunque haya evitado una huelga en la atención primaria, no desactiva el malestar social, que es notable. El viento de la fortuna que impulsaba el barco del presidente de la Junta puede haber mudado de dirección. La mera existencia de una orden administrativa que deje abierta la posibilidad de delegar la sanidad pública en las empresas privadas dota por vez primera de sustento los temores de los partidos de izquierda. Es el requisito necesario para que pueda funcionar una nueva narrativa.
San Telmo resta importancia a su decisión –alega que se trata de un plan que sólo se activaría en caso de una alerta equiparable a la de la Covid– pero asume que tendrá que lidiar con esta línea de agua. Si en política tienes que explicar demasiado una cosa, el problema lo tienes tú, no tu adversario. Por primera vez desde 2018 es lo que está sucediendo. El final de la burbuja Ayuso es un mal síntoma para San Telmo, que sabe que el deterioro asistencial de la sanidad trasciende el mero argumentario electoral. Puede ser una grieta (inquietante) en su hegemonía.
Lo malo es no puede ponerle remedio. La escasez crónica de facultativos de primaria, debido a las jubilaciones y a las vacantes sin cubrir, es estructural. Deviene de la voluntad del gremio de restringir el acceso a la profesión –para evitar la competencia– y de una política sanitaria, heredada del PSOE, a corto plazo. La privatización, cuyo instrumento es la concertación de los servicios públicos y el capital privado, no es en cualquier caso una sorpresa en Andalucía.
Con este sistema ya se gestionan la mayoría de las residencias de ancianos y se aplica la ley de dependencia desde la época socialista. El PSOE concertó hospitales privados en muchos ámbitos territoriales –la comarca de Jerez o el Aljarafe sevillano– donde en casi cuarenta años de autogobierno todavía estaban sin hacer las infraestructuras sanitarias públicas esenciales.
El PP no ha alterado esta situación en los últimos años. Únicamente optó por desviar pacientes a centros particulares –con cargo al presupuesto público– con motivo de la Covid, dada la situación real de colapso que se vivió durante las sucesivas olas de contagios. El control de la pandemia, gracias a las vacunas, no ha supuesto un alivio para la atención primaria. Los médicos han aprovechado los sistemas de cita previa para limitar las consultas. Los tiempos de espera se han disparado. Y los recursos disponibles no cubren la demanda social.
Andalucía no encuentra facultativos en el mercado. Y no los va a encontrar en cierto tiempo. La Junta ha salvado la coyuntura pagando horas extras y dilatando las consultas. Pero no es suficiente. La idea de alquilar centros de salud y hospitales públicos a empresas privadas, al margen de la versión oficial de San Telmo, pudiera ser un paliativo temporal de la situación de saturación, pero a efectos políticos se trata de una decisión radioactiva. Casi bélica.
Compartir la medicina pública con las aseguradoras y las mutualidades privadas es un tabú en Andalucía, toda vez que, según los estudios de opinión, los ciudadanos identifican el autogobierno con la prestación de los servicios públicos esenciales. Que estos no funcionen es un quebranto, pero que puedan cederse a manos privadas se considera un retroceso. Es como un cañón cargado de pólvora, presto a alimentar el enfrentamiento en puertas del 28M.
Los socialistas pueden perder en las inminentes municipales las ocho alcaldías de las capitales de Sur, dejar de gobernar en muchas diputaciones –instituciones claves para mantener la estructura territorial y el control orgánico del partido en Andalucía– e inaugurar el foso que, supuestamente, le espera a Pedro Sánchez dentro de diez meses.
Que el nuevo mensaje de alerta sobre la sanidad haya venido de una denuncia de IU –el grupo Por Andalucía está escindido por la pugna entre Podemos y los comunistas– da una idea del colosal despiste de Juan Espadas, el adelantado de Ferraz en Andalucía, que ya protagonizó un desliz parlamentario al presentar sus enmiendas al presupuesto regional fuera de plazo.
El PSOE anhela ganar las guerras médicas, pero está por ver si podrá conservar su última línea de defensa frente al avance electoral del PP después del 19J. San Telmo, desde luego, va a defenderse. Esta semana formalizó un recurso contra el tributo a las grandes fortunas que Moncloa diseñó para evitar la eliminación del impuesto de Patrimonio aprobada por la Junta.
Unos días antes, el PP alertaba de que la excarcelación de los condenados por abusos sexuales –derivada por la ley de solo sí es sí– obliga a Andalucía a pagarle la asistencia psicológica a las víctimas de los excarcelados. La ministra de Sanidad no tardó ni 24 horas en advertir que el Gobierno va a estar vigilante ante una posible privatización de la sanidad en el Sur. Parece que Moncloa y el Quirinale han dejado de lanzarse salvas de prueba desde sus respectivas posiciones. Los cañones electorales de ambos bandos ensayan ya con fuego real.