El Ayuntamiento de Mataró (Maresme) pese a no estar citado como imputado en las dos causas abiertas por prevaricación, acoso laboral y falsedad documental, ha contratado al famoso abogado penalista, Carles Monguilod, para poder comparecer en los dos juicios en calidad de responsable civil subsidiario, a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía, que a su vez estima la denuncia de una extrabajadora municipal que acusó decenas de irregularidades en la selección de personal, tal como avanzó La Vanguardia.
El alcalde de la capital del Maresme, David Bote, justificó ayer la decisión de personarse en la causa “para poder acceder a toda la información” y en ningún caso para defenderse de ninguna acusación, ni hacerlo con los nueve directivos municipales -uno ya jubilado- y un exconcejal, que son investigados y “si se demostrase alguna irregularidad poder actuar en consecuencia”. Bote añadió que “tenemos confianza en el trabajo que ha hecho estos trabajadores”.
Si se demuestra que algún funcionario ha cometido alguna irregularidad, actuaremos en consecuencia
“La única forma procesal de comparecer en las dos causas es hacerlo en calidad de responsable civil subsidiario” apuntó ayer Monguilod en rueda de prensa. “No lo hacemos porque intuyamos que pueda haber responsables sino para obtener toda la información” de un caso que afecta a trabajadores municipales y al exconcejal de Servicios Internos, ahora diputado en el Congreso, Juan Carlos Jerez. Una situación esta última, que por su condición de aforado podría elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia .
Los trabajadores acusados no han tenido aún la oportunidad de explicarse. Si a medida que avance el procedimiento “contrariamente a lo que se ha visto hasta ahora” se demuestra que han cometido alguna irregularidad, “obviamente actuaremos en consecuencia”.
La comisión de investigación impulsada por el pleno municipal, no ha hallado irregularidades .
Por el momento, los dos procedimientos, que se juzgarán n febrero y abril, están en fase de diligencias previas, o sea en fase de investigación preliminar en los juzgados 4 y 5. Las diligencias penales se dividen en dos causas, una por un supuesto acoso laboral y la otra por una supuesta prevaricación y falsedad en documento. En una de las causas el juez ya ha comunicado al Ayuntamiento que le tiene como parte.
El abogado resumió que el Ayuntamiento no está dispuesto a readmitir a la extrabajadora denunciante. Un extremo que ya se desestimó cuando la Oficina Antifrau la requirió como medida cautelar, entendiendo que “no había base” lo que apoyó el juzgado contencioso administrativo al desestimar la petición, que sin embargo mantiene abierto el procedimiento.
La causa penal tiene más impacto intimidatorio
Monguilod mostró sus dudas sobre si la denunciante ha llevado las supuestas irregularidades a lo penal “para forzar un poco determinadas conductas por el efecto intimidatorio que tiene una denuncia penal”, pero se muestra convencido que el caso “no tendrá el recorrido que permita acabar en juicio” es más, considera que “no hay contenido penal en las diligencias presentadas” por lo que reclamó prudencia ante el “desgaste reputacional” que pueden sufrir los funcionarios denunciados. El abogado aventuró que, “probablemente, todo acabará con el archivo de las causas”.
A parte de las propias causas penales instruidas en los juzgados, el conflicto con la extrabajadora mantiene otras reclamaciones abiertas y en proceso de resolución, como la nueva ampliación que ha pedido la Oficina Antifrau, que permitiría incorporar nuevas informaciones, la posible sanción de la Agència Catalana de Protecció de Dades por vulnerar la protección de la testigo protegida o la sanción que ha impuesto el colegio de Psicólogos a la empresa que contrató para obtener información de la denunciante.
El alcalde, David Bote y Carles Monguilod departiendo tras la rueda de prensa .
Lo que hace más de un año el propio gobierno PSC-Comuns restó importancia al definirlo como “un simple conflicto laboral” se ha transformado en una gran crisis que dirimirá la judicatura, con dos causas penales abiertas y varios expedientes administrativos sin resolver. Pese a todo, el alcalde recordó que “disponemos de unos informes elaborados por profesionales externos que avalan el proceso impulsado por el Ayuntamiento”.
El hecho de que el gobierno de Mataró haya contratado a uno de los más prestigiosos abogados penalistas, así como a una asesora de comunicación experta en gestión de crisis reputacionales, abona la controversia y la especulación sobre la posibilidad de que el alcalde y sus socios de gobierno quieran eliminar el factor sorpresa ante una posible condena penal. Participar en las vistas como responsable civil subsidiario, también permitirá, a parte de obtener toda la información, participar activamente en los juicios y aportar pruebas e informaciones.
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