Un juez condena al Ayuntamiento de Mataró a devolver 1,2 millones

El juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Mataró (Maresme) a devolver 1,2 millones de euros a unos sesenta propietarios de la urbanización Can Quirze. El dinero, que el Ayuntamiento liquidó el mes de noviembre de 2016 y que luego reclamó a los vecinos, corresponden a parte de unas obras de urbanización de la zona (asfaltado de calles, alumbrando, alcantarillado...) que ejecutar la empresa Ferrovial.

Los propietarios llevaron el caso a juicio por considerar que se trataba de un sobrecoste injustificado y que había prescrito ya que las obras habían terminado en 2006 y, por tanto, habían pasado más de 10 años entre la finalización de los trabajos y el cobro de las cuotas. Por su parte, el consistorio, que ha presentado recurso de apelación contra la sentencia, considera que no prescribieron porque hasta 2008 se hicieron obras complementarias y que la recepción de los trabajos se produjo en 2010.

Según el consistorio, el año 2016 se vio obligado a liquidar las últimas cuotas de las obras “en defensa del interés público y por responsabilidad jurídica” después de que la empresa municipal PUMSA descubriera una deuda pendiente no cobrada de 1, 2 millones. Una deuda que se sumaba a unas obras que costaron un 35% más de lo presupuestado inicialmente.

De promedio, cada propietario tenía que pagar unos 20.000 euros, a excepción de dos grandes propietarios: la escuela Meritxell y el Tenis Mataró. Buena parte de los propietarios ya abonaron su parte a PUMSA, aunque algunos de ellos reclamaron el aplazamiento o el fraccionamiento de las mismas. Ahora, la sentencia reclama al consistorio que devuelva las cantidades que los vecinos ya han abonado y sus intereses desde la fecha del pago y que asuma el coste del juicio.

La sentencia, en su redactado apunta contra el Decreto de Alcaldía de 20 de julio del 2016 que aprobó definitivamente la cuenta de liquidación definitivo de la UA72 Can Quirze por un importe de 4.191.632,37 euros y contra las cuotas de urbanización giradas a su amparo por un total de 1.204.063,84. En consecuencia, anula los decretos del 20 de julio del 24 de noviembre del 2016 y las cuotas urbanísticas giradas y condena a la administración local a la devolución de las cantidades que se hubieran abonado y sus intereses desde la fecha de pago, con la imposición de costas a la parte demandada, el consistorio.

Hasta que la sentencia no sea firme, el Ayuntamiento ya ha anunciado que no devolverá el dinero a los propietarios. Eso sí, a los que no hayan terminado de pagar, si lo solicitan, los aplicarán una suspensión del cobro hasta que finalice definitivamente el procedimiento legal.