El plan de Madrid: 360 rastreadores para casi siete millones de personas
Emergencia sanitaria
Ayuso impone la mascarilla obligatoria y el cierre del ocio nocturno a las 1.30 horas
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Madrid sabe que la crisis sanitaria no va bien. Desde hace unos días, los números no cesan de crecer y el pasado viernes las alarmas sonaron al dispararse los casos (de 269 casos diagnosticados en los siete días previos se ha pasado a 1.278). Desde ese momento, el equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso empezó a preparar a la población sobre la necesidad de tomar unas medidas que hasta entonces había negado alegando con orgullo que la situación de Madrid era buena. Ayer, la presidenta regional presentó el plan “Madrid no se para” que tiene como fin “evitar el confinamiento”. Del no hacer nada porque todo marcha a dibujar un escenario negro en apenas un segundo. Así es Madrid.
Esta estrategia se centra en imponer las medidas que el resto de las comunidades ya han puesto en marcha, como las mascarillas obligatorias incluso en las terrazas, limitar el horario de los bares de copas y discotecas hasta las 1.30 horas, establecer un registro de asistentes a estos establecimientos y a las terrazas (DNI y teléfono) y establecer reuniones máximas de hasta diez personas, además de anunciar una cartilla Covid (ver información más de abajo). Pero deja de lado el arma más importante que según todos los expertos existe para atajar los brotes: tener un buen equipo de rastreadores en función de la población. Esta región tiene 6,6 millones de habitantes.
Las reuniones se limitarán a diez personas y habrá un registro con el DNI en terrazas y discotecas
Madrid anunció que duplicará el número de rastreadores actuales, de 180 a 360, un cifra que no llega, ni por asomo, a la que se comprometió en el mes de mayo (entonces prometió contratar a 400) para pasar de fase en la desescalada. Busca en todos los cuerpos de la administración sanitaria, inclusive auxiliares, para trabajar este fin de semana.
Cuatro sociedades científicas, entre ellas, la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, denunciaron hace unos días que el número de trabajadores destinado al estudio de contactos era claramente insuficiente. En un documento, los firmantes calculan que con la población de Madrid se necesitarían entre 800 y 1.200. “Esperar a que haya un repunte importante de casos para contratar más personal no es una opción válida, porque supone actuar cuando la transmisión comunitaria ya es importante, lo que impide contener los brotes sin recurrir a otras medidas más duras”, señala el texto.
La otra pata de esta lucha contra reloj contra este virus es la realización de tests. Ayuso asegura que mantendrá los 60.000 PCR, test rápidos y pruebas de anticuerpos que cada semana hace y, si fuera necesario, se ampliaría el número. Sin embargo, los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, con las cifras que les proporcionan las comunidades autónomas, revelan que en la semana del 17 al 23 de julio Madrid realizó poco más de 38.000 pruebas.
El plan que presentó ayer Ayuso recupera muchas de las medidas que han impuesto ya el resto de las comunidades (la única novedad es la cartilla Covid). La justificación es “estamos preocupados por el comportamiento de muchos jóvenes, que son transmisores de la Covid y están poniendo en riesgo su vida y la de su familia”, indicó Ayuso.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, justificó ese señalamiento a los jóvenes. “En los últimos 15 días, seis de cada diez casos han afectado a menores de 40 años” y en las últimas tres semanas la media de edad de casos positivos ha descendido en 20 años. “Teníamos una media de edad de contagiados de 55 años, y hemos pasado a 35 en tres semanas”, señaló.
Por ello, y para “evitar el confinamiento”, reiteró la presidenta regional, se ha optado por hacer obligatorio el uso de las mascarillas para todos los mayores de 6 años aunque se pueda mantener la distancia interpersonal. Incluso en las terrazas, señaló la presidenta regional. Madrid impone esta medida pese a que “la gran mayoría de los madrileños” lleva esta prenda, indicó Díaz Ayuso. “Por respeto a ellos”, desde el jueves Madrid impondrá el uso de las mascarillas y pidió la colaboración de todos los ayuntamientos para que sea efectiva y se cumpla.
En cuanto a los locales de ocio nocturno, el horario de cierre se adelanta a la 1.30 horas de la madrugada. Los últimos clientes que puedan acceder a los establecimientos lo harán antes de la 1 de la mañana. Y para entrar deberán dejar registrado el número del DNI y un teléfono de contacto para que, en caso de que se origine un contagio, se pueda identificar a los contactos. Esta medida entra en vigor el 30 de julio.
Además se limitan las reuniones a un máximo de diez personas. Solo se permitirán reuniones en terrazas y locales de ocio de un máximo de 10 personas. Tampoco se permitirán grupos de más de una decena en reuniones al aire libre o en interior.
En relación a la capacidad asistencial, Ayuso informó que dos pabellones de Ifema volverán a convertirse en hospital de emergencias (puede estar operativo en 48 horas) para atender a nuevos contagiados a la espera de que el nuevo hospital de Emergencias Isabel Cendal esté listo en otoño.
“De esta manera, podemos empezar a derivar ya a pacientes y evitar que la Covid-19 vuelva a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Vamos a establecer una estrategia con los gerentes y con los equipos médicos, para que el coronavirus no vuelva a todos los hospitales”, indicó.
Cartilla vírica
Avalancha de críticas al carnet Covid que propone el Gobierno de Ayuso
La propuesta de la Comunidad de Madrid de facilitar a los ciudadanos una cartilla Covid fue recibida ayer con una avalancha de críticas por parte de médicos, científicos, consumidores y el ministerio de Sanidad.
Según la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la cartilla Covid será similar a un carnet de vacunación e indicará si un ciudadano ha tenido anticuerpos contra el virus de la Covid o se ha realizado una prueba de PCR. El objetivo es “evitar confinamientos” y que estas personas puedan acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan “seguir su vida normal”, dijo ayer Díaz Ayuso en rueda de prensa.
Sin embargo, este tipo de certificado ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud y por la comunidad científica por ineficaz y discriminatorio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró ayer que “nosotros [el Gobierno] no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo. Más claro no puedo ser”.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) calificó la propuesta de “idea extravagante”. En la misma línea, la asociación de consumidores Facua denunció que es una medida “sin ninguna base científica que podría vulnerar, entre otras, la normativa de protección de datos”.
La cartilla Covid supone una discriminación directa para Facua
Según Facua, si se establece como requisito mostrar la cartilla para acceder a establecimientos o utilizar servicios, “revelaría información relativa a la salud del usuario, que se consideran datos especialmente protegidos”. Además, supondría una “discriminación directa de los ciudadanos y una posible vulneración de sus derechos a la privacidad, a la libertad de movimiento, o incluso al trabajo”.
Estos argumentos fueron desarrollados por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) que asesora al Gobierno central sobre Covid y que incluye a científicos y especialistas en bioética. Un informe del GTM sobre pasaportes inmunitarios –equivalentes a la cartilla Covid que propone la Comunidad de Madrid– advierte que los tests de anticuerpos no demuestran que una persona tiene inmunidad efectiva contra el coronavirus. “Creyendo falsamente que no pueden contraer o transmitir el virus, los falsos positivos pueden tener un comportamiento descuidado, o incluso temerario, que facilite nuevos contagios”, advierte el GTM.
Preocupa especialmente que, al alentar la discriminación, una cartilla Covid induzca a algunas personas a resultar infectadas para, de este modo, certificar que tienen anticuerpos y acceder a los beneficios que otorgue el certificado.
La cartilla Covid “tiene más riesgos que beneficios”, declaró ayer a la agencia Efe José María Molero, experto en enfermedades infecciosas de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Los riesgos, señaló, incluyen una “falsa sensación de seguridad”, problemas de “índole ética y moral”, e incluso legales, “al diferenciar la equidad en función de que se tenga o no anticuerpos”.