El alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem), ha defendido una vez más la actuación de la Policía Municipal en el polémico caso de ocupación de la casa de una familia pendiente de reformas, que ha trascendido estos días en Girona.
Los agentes municipales se personaron en la vivienda tras ser requeridos el pasado 2 de enero por el propietario del inmueble que fue alertado por unos vecinos de los ruidos que procedían de la casa de planta baja que había comprado en 2019 y que estaba pendiente de ser reformada. La policía recomendó entonces al dueño marcharse ya que contaban con “indicios” de que los intrusos vivían allí.
Las 'pruebas'
Un vídeo grabado el 23 de diciembre en el que se veía a los intrusos cocinando y otras pruebas como mantas y colchones fueron suficientes para que la policía certificara que aquél era el domicilio de los ocupantes
En el interior de la casa encontraron mantas, colchones, bolsas de basura, entre otras cosas, y los ocupantes aportaron un vídeo, grabado el pasado 23 de diciembre, en el que se les veía cocinando en un domicilio carente de agua, luz y gas.
Unas pruebas que fueron suficientes para que la policía certificara que aquél era el domicilio de los ocupantes. La jurisprudencia fija que si se puede demostrar que se ha ocupado la casa en las últimas 48 horas, la policía puede proceder al desalojo. Pero este no era el caso, puesto que habían transcurrido más horas.
Lee tambiénUna familia de Girona es obligada a abandonar su propia casa por unos ocupas
El vídeo, con fecha del 23 de diciembre, era la prueba que demostraba que estaban allí desde hacía días. “La policía no podía incumplir la ley, si hay inidicios de que hay personas que hace días o semanas que viven allí no se pueden saltar la ley; los agentes hicieron lo que tocaba”, esgrime Salellas.
Los tres intrusos fueron denunciados por la Policía Municipal, que acreditó que ninguno de ellos figuraba en el circuito de los servicios municipales. El alcalde explica que, como excepción, el atestado policial se mandó lo más rápidamente posible a los juzgados de Girona (el lunes) y que se han mantenido conversaciones con el estamento judicial para agilizar estos procesos. “Un caso así -referente a la polémica ocupación- no debería volverse a producir”, ha afirmado.
No habían hecho uso de los servicios sociales
Ninguno de los tres ocupantes figuraba en el circuito de servicios sociales municipales
Salellas explica que el principal problema de la ciudad en cuanto a ocupaciones se refiere son “los grandes propietarios, fondos buitre y la Sareb” que no han puesto de alquiler ni cedido a las administraciones públicas pisos que están vacíos.