Albiol considera que ha sido “injustamente perseguido” en el caso de las antenas

Tribunales

La sentencia absolutoria se convierte en firme una vez que la Fiscalía ha optado por no recurrir

El alcalde, Xavier Garcia Albiol y los tenientes de alcaldía, durante la rueda de prensa .

El alcalde, Xavier Garcia Albiol y los tenientes de alcaldía, durante la rueda de prensa .

Aj. BDN

La sentencia absolutoria por el caso de las antenas contra el alcalde de Badalona (Barcelonès Nord), Xavier Garcia Albiol, se ha convertido en firme una vez que la Fiscalía no la ha recurrido. Albiol ha celebrado lo que considera que ha sido una persecución injusta hacia su persona “con clara intencionalidad penalizadora política y personal”. 

El alcalde ha asegurado que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país son personas imparciales e independientes”, añadiendo que son “grandes profesionales que creen en la justicia y el derecho”. En contraposición, ya al conocer la sentencia, en enero, acusó al gobierno español de “buscar una pieza de caza mayor” con su imputación. Por todo ello, Albiol se ha mostrado muy feliz una vez cerrada esta carpeta abierta hace cuatro años. 

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La Audiencia de Barcelona juzgó al alcalde badalonés y tres ex altos cargos el pasado mes de diciembre por prevaricación por unas antenas de las compañías Movistar y Vodafone que funcionaron del 2012 al 2018 sin permiso en un solar de la comisaría de la Policía Local. Todos los acusados quedaron absueltos al considerarse que no tuvieron conocimiento de las irregularidades o no eran competentes para resolverlas a pesar de haberlo intentado.

Según el tribunal, queda demostrado que las antenas se instalaron de forma provisional y por trámite de urgencia en el Turó d'en Caritg, que se legalizaron sus emisiones a través del Ministerio de Economía, pero nunca se obtuvieron permiso municipal ni pagaron ninguna tasa. Pese a que la instalación se había realizado de forma urgente y provisional, el tribunal considera demostrado que se realizaron varias gestiones para firmar un convenio entre el consistorio y las compañías telefónicas, pero el alcalde no estaba al corriente de la posible irregularidad.

Albiol también ha manifestado que “la broma” le ha costado al consistorio un total de 110.000 euros, un perjuicio económico mayor que la indemnización que pedía la Fiscalía en su acusación, de 17.000 euros.

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