El fenómeno de la okupación lleva muchos años presente con mayor o menor intensidad. Como si se tratase del cauce del Guadiana, a veces es más visible que otras, pero siempre está ahí. La crisis, los problemas de la vivienda, la permisividad política y la pérdida de valores en muchos estadios de la sociedad han generado y alimentado actitudes que chocan con la concepción más arraigada en el ser humano: el respeto por la propiedad privada.
Un cámara graba la casa de planta baja, situada en la calle Sant Hipòlit de Girona, ocupada hace unos días
En esas diatribas debe estar la mente del propietario de una vivienda en Girona cuyo caso ha saltado a la luz pública esta semana. Unos okupas se apoderaron de su vivienda y la policía local le recomendó al propietario que se hiciera a la idea de la nueva situación y que no molestara so pena de acabar siendo acusado de allanamiento de morada. El mundo al revés. El caso es de tal crudeza que, hasta un alcalde de la CUP, el de Girona, se ha puesto al lado del propietario y ha esbozado a su manera una loa de la propiedad privada.
Hacen falta medidas que frenen a los okupas en lugar de animarlos en su objetivo delictivo
Los problemas legales que se desprenden de la okupación de viviendas tienen mala resolución por la falta de claridad de las leyes. De hecho, ni las reformas legales más recientes han conseguido dotar de razones a los verdaderos depositarios de la verdad, es decir, los propietarios y la realidad de la calle nos arroja encima del mostrador de las vergüenzas ese tipo de situaciones peligrosas.
El dueño del inmueble tiene que apartarse a un lado para dejar que el usurpador haga de su capa un sayo. No hay norma en el mundo que soporte tal agravio y en España llevamos ya demasiados años envueltos en esa bandera de la permisividad con el impostor. A la misma altura que el problema de acceso a la vivienda que sufren las clases más desprotegidas figura el aniquilamiento del respeto por la propiedad privada. Sin ese respeto no habrá funcionamiento normal en el mercado inmobiliario y, por tanto, no habrá soluciones reales para que los ciudadanos no tengan que vender su alma al diablo para alquilar un piso en las grandes ciudades españolas.
Ninguna administración, ni nacional ni autonómica, conseguirá construir el parque de viviendas que precisa la población para que la oferta no ahogue a una demanda desesperada. Por tanto, la única solución real al problema se centra en que los propietarios de las viviendas en las que no viven se animen a alquilarlas. Para ello, son necesarias más garantías que las que existen en la actualidad, ayudas para evitar destrozos e impagos. Medidas que frenen a los okupas en lugar de animarlos en su objetivo delictivo y abusador. Leyes y normas que eviten en el minuto 1 cualquier tipo de okupación, tanto si se trata de una vivienda principal como de una segunda residencia. Sin respeto no hay solución a los problemas y en el caso de los okupas la dejación de funciones de nuestros políticos (de todos) ha llegado a límites inaceptables.
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