De multidetenidos a multirreincidentes

Desde hace años, la inseguridad es el principal problema de los barceloneses, tal y como expresan las sucesivas encuestas de satisfacción municipal. Esta percepción tiene base real. En los últimos años se han incrementado considerablemente las plantillas de Mossos y Guàrdia Urbana y con ello también las detenciones, sin embargo los delitos apenas disminuyen.

La razón es que los delincuentes, de los que muchos tienen la delincuencia como forma de vida, son detenidos una y otra vez sin que les llegue la fecha del juicio. 487 de ellos acumulan 6.169 delitos identificados. Los denominados juicios inmediatos por hurto se están celebrando a 10 meses y los juicios rápidos por robo con violencia a un año y medio, a lo que se tiene que añadir un año más para la sentencia en apelación. Esta lentitud les confiere una sensación de impunidad. Los jueces no pueden aplicar los agravantes por multirreincidencia ya previstos en el Código Penal si no hay sentencias firmes previas. 

Ante este panorama desalentador, es encomiable la labor de algunos fiscales y jueces de solicitar y dictar prisión provisional a delincuentes detenidos en múltiples ocasiones a pesar de que no tengan aún sentencias firmes en su contra. Se hacen eco de la alarma social que provoca verlos delinquir de nuevo en las mismas calles en las que han sido detenidos tantas veces.

Los Mossos todavía no tienen acceso en tiempo real a las cámaras de la ciudad

En los últimos cinco años, los sucesivos gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona decidieron incrementar las plantillas policiales pero sin solucionar el cuello de botella de los juzgados, gran asignatura pendiente en nuestro país. Resulta incomprensible, ya que un juzgado cuesta al año el equivalente a 20 policías y, en estas circunstancias, es más eficaz para luchar contra la delincuencia.

Muchos alcaldes del Maresme, en su mayoría gobernados por Junts per Catalunya, hace años que reclamaban medidas eficaces para atajar el problema. Collboni también lo hizo de forma enérgica en cuanto fue alcalde pero las soluciones no son de competencia municipal. No ha sido hasta que ha empezado a gobernar el presidente Illa en la Generalitat que se han puesto a trabajar conjuntamente para abordar el problema. El reciente anuncio, tras un acuerdo con el ministro de Justicia, de la creación de cinco nuevos juzgados es el fruto de todo este empeño. La próxima entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal también contribuirá a agilizar los plazos de celebración de los juicios. Gracias al acuerdo, también la Guàrdia Urbana tendrá acceso a los registros judiciales, lo que mejorará la eficacia de sus detenciones. Son todas buenas noticias que ayudarán sin duda a revertir la situación.

Sin embargo hay temas aún pendientes. Los Mossos todavía no tienen acceso en tiempo real a las cámaras instaladas en la ciudad, como las que ya operan en el Paseo de Gràcia. Es necesario que esta anomalía también se solvente en breve.

Un aspecto aún no abordado es la agilización de las expulsiones de los delincuentes extracomunitarios no enraizados en nuestro país. No en vano, protagonizan el 72% de los hurtos y robos cometidos en la provincia de Barcelona. El mes pasado se modificó con acierto el reglamento de extranjería para agilizar la concesión de permisos de trabajo y residencia a los que llevan tiempo aquí. Fue sin embargo una lástima que no se aprovechara también para agilizar los trámites de expulsión de los que han decidido hacer de la delincuencia su modo de vida. No es asunto fácil y requiere en la práctica de acuerdos internacionales complicados de tejer. Pero abordar este aspecto sin caer en populismos es también una asignatura pendiente.