El pleno del Ayuntamiento de Barcelona prorrogó este viernes durante otros seis años la declaración de la ciudad como área de tanteo y retracto. Además, la mayor parte de los concejales aprobó una proposición de los ediles de BComú que establece que durante lo que resta de mandato el Consistorio dedicará al menos 150 millones de euro a la compra de viviendas mediante este mecanismo.
El derecho de tanteo y retracto permite al Consistorio hacerse con la propiedad un inmueble a la venta igualando la oferta de quien la va a comprar. Se trata de una herramienta que, si bien facilita a las administraciones atajar operaciones inmobiliarias de carácter especulativo, también es contemplada por muchos constructores y vendedores como una injusta intromisión que desestabiliza el mercado.
Además, los de ERC pudieron sacar adelante una proposición a fin de que el Ayuntamiento fomente aún más la rehabilitación. La vivienda, tal y como quedó bien claro en la manifestación de protesta celebrada en Barcelona el pasado fin de semana, es en estos momentos una de las principales preocupaciones ciudadanas. Y fue la única cuestión que en la sala Carles Pi i Sunyer eclipsó el debate que estos días entretiene a los políticos de la urbe, el que trata sobre cómo el Ayuntamiento ha de celebrar las Navidades.
La primera teniente de alcalde y también responsable del área de Urbanismo, la socialista Laia Bonet, reconoció que la medida tuvo un impacto positivo durante los últimos seis años, que lo más conveniente era prorrogarla otros seis. De todas formas, a renglón seguido, la teniente de alcalde advirtió que no se trata del único camino a seguir, que los problemas de la gente para acceder a la vivienda no se van a arreglar comprando pisos cada dos por tres.
“La solución del problema de acceso a la vivienda en Barcelona no se reduce a una única medida –destacó la teniente de alcalde Bonet–. No hay varitas mágicas. Será la suma de muchas medidas lo que nos acercará a la solución. El tanteo y el retracto es una de ellas. Una medida necesaria que nos permite aumentar el parque de viviendas en las zonas más densas y consolidadas de la ciudad”.
Los comunes acusan a los socialista de no hacer todo lo posible para frenar a los especuladores
En verdad el entusiasmo que el tanteo y retracto despierta entre los diferentes concejales es tremendamente variable. Los comunes están del todo convencidos de que es uno de los mejores modos de frenar a los fondos de inversión que buscan hacerse con edificios medianamente económicos para desalojar a sus vecinos, convertir los pisos en cuestión en inmuebles de alto standing y hacer luego una caja muy suculenta. De ahí la propuesta de los comunes de dedicar 150 millones de euros a abortar este tipo de operaciones.
Janet Sanz, la nueva presidenta del grupo municipal de BComú tras la marcha de Ada Colau, subrayó que el Ayuntamiento ha de prestar especial atención a las zonas de la ciudad con más presión turística y menos suelo público, y también enumeró unas cuantas fincas de Gràcia y del Eixample cuyos inquilinos denuncian que sus nuevos propietarios pretenden echarles. “El Ayuntamiento tiene que acelerar el ritmo de sus compras –abundó Sanz–. En los dos anteriores mandatos compramos más de 1.600 pisos. Quienes más compras están realizando ahora son los especuladores. En el último año y medio el Ayuntamiento compró 31 viviendas y se gastó 27 millones de euros”.
A este respecto la teniente de alcalde Bonet quiso aclarar que desde la entrada en vigor de la declaración de área de tanteo y retracto tuvieron lugar en la ciudad 1.050 transacciones, y el Ayuntamiento manifestó su interés en 74. Luego el interés municipal se materializó en 21 compras, 19 en los mandatos anteriores y dos en el presente.
“Los comunes renunciaron a ejercer el derecho de tanteo y retracto en más de 900 ocasiones. Dicen que en este mandato estamos comprando menos pisos con esta herramienta. Pero estamos empleando exactamente los criterios que ellos establecieron, que básicamente responden un precio máximo por metro cuadrado para cada distrito establecido en una instrucción firmada por en el 2016 por el entonces gerente municipal de Vivienda”.
A los de Junts el uso municipal del tanteo y el retracto siempre le despertó recelos, pero dadas las circunstancias que vivimos en esta ciudad y sobre todo las que se avecinan apoyaron tanto la prórroga como la inversión de 150 millones. De todas formas el concejal de Junts Damià Calvet quiso recordar a los comunes que su formación gobernó la ciudad durante nada más y nada menos que ocho años. A juicio del PP y de Vox estas políticas únicamente sirven para espantar a los inversores.
ERC saca adelante una proposición para fomentar la rehabilitación de viviendas
Otra de las proposiciones que también salió adelante ayer fue la de los republicanos a fin de fomentar la rehabilitación de viviendas. solo los dos concejales de Vox votaron en contra. La idea es que el Ayuntamiento elabore un plan para recomponer los inmuebles más envejecidos, con actuaciones como la instalación de ascensores y rampas. “Tenemos un problema que no para de agravarse”, lamentó la republicana Eva Baró. Este plan ha de prestar especial atención a los barrios del Besòs-Maresme, la Pau, el Carmel, Can Baró, la Marina del Port y los del distrito de Ciutat Vella. La teniente de alcalde Bonet, en nombre del gobierno municipal, reconoció que la iniciativa de los republicanos es una medida imprescindible, que el parque de viviendas de Barcelona está muy envejecido, que el ejecutivo local ya tenía previsto constituir una mesa de trabajo al respecto.
La seguridad, la otra gran preocupación ciudadana, también pasó por el pleno. El gobierno del alcalde Jaume Collboini aceptó un ruego formulado por Junts y de este modo se comprometió a montar una cumbre política de carácter municipal para, tal y como señaló el presidente de este grupo, Jordi Martí, “revertir la sensación de inseguridad que padece la ciudad. Desde hace tiempo es evidente que tenemos un grave problema”.
