Las jurisdicciones penal y civil de Barcelona están saturadas. El aumento de la delincuencia tras la covid y el incremento de la litigiosidad de los pleitos relacionadas con las cláusulas abusivas de las hipotecas, unido a la falta de jueces y a plantillas de funcionarios infradotadas, han desbordado la capacidad de funcionamiento de la justicia. El atasco es alarmante. Según la memoria judicial del 2023, el año pasado los juzgados de Barcelona recibieron 20.000 asuntos más que el año anterior, lo que provoca que los casos se acumulen y tarden más en resolverse.
“Tenemos un tsunami de asuntos, cada año es un volumen superior al anterior. Vamos haciendo lo que se puede”, se sinceraba la juez decana de Barcelona, Cristina Ferrando, el viernes pasado durante la presentación de los datos anuales de los juzgados. “Estamos absolutamente superados”, añadía el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, también al exponer los datos. Ambos representantes calculan que en el momento actual se necesitarían la creación de 60 nuevos juzgados para poder absorber la demanda.
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La juez decana de Barcelona advierte que necesitan 60 nuevos juzgados para absorber las cargas de trabajo
La Conselleria de Justícia, por su parte, elevó hace dos semanas una petición al Ministerio de Justicia para que aporte una mayor dotación de recursos a los juzgados para paliar la saturación. El Govern plantea la necesidad de poner en marcha de forma inmediata 29 nuevos juzgados y 20 más el año que viene. Consideran que estos 29 podrían activarse en un corto periodo de tiempo una vez que el ministerio diera el visto buen. La conselleria también reclama la asignación de más jueces a Catalunya. La ratio es de 10,98 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media española se sitúa en los 11,6 jueces.
La juez decana alertaba en la presentación de la memoria de los juzgados de Barcelona del año 2023 que la situación era “alarmante” y “muy preocupante”, y puso un dato demoledor sobre la mesa: los juicios rápidos, que enjuician delitos con penas inferiores a cinco años de cárcel y que deben celebrarse en un máximo de quince días, se señalan para dentro de dos años, en el 2026. El diagnóstico podría resumirse en que entran más casos de los que salen, y esto es debido a la complejidad de las causas que ingresan. Los delitos informáticos, como las estafas por internet o la filtración de fotografías sin permiso, requieren de la colaboración de otros países y ralentiza la resolución del proceso. Las peticiones mediante comisiones rogatorias a otros países dilatan todo el proceso.
Lo mismo ocurre con la nueva normativa prevista para castigar la multirreincidencia, que ha puesto más trabas para juzgar el pequeño delito. De los 48 juicios que se celebran de media en Barcelona cada día sobre delitos leves inmediatos –así es como se denomina la tipología de los hurtos–, ocho deben suspenderse para buscar los antecedentes penales del acusado y así poder aplicarle el agravante de reincidencia. Este trámite que parece sencillo retrasa el proceso durante meses porque los sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas no están unificados y en ocasiones deben pedirse las sentencias en papel, que llegan a los juzgados por correo postal.
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Este diario publicó la historia de un multirreincidente que cometió el robo de unas prendas de ropa en 15 de octubre del 2022 y en el mes de abril del 2024 aún no había sido juzgado. Este tipo de casos deben juzgarse en el plazo de una semana, pero al aplicarle el agravante de reincidencia todo se retrasa mucho, hasta el punto de que el juicio se le señaló para septiembre del 2024 –casi dos años después– y ahora ha sido suspendido. Para solucionar esta situación, el decanato de Barcelona estudia la posibilidad de crear una oficina para reforzar esta tarea y filtrar los antecedentes del procesado.
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En la memoria de los juzgados de Barcelona, la juez decana, Cristina Ferrando, advierte de las disfunciones que provocan que las bajas de los funcionarios no se cubran de forma inmediata. Es “habitual que tarden más de dos meses en cubrirse una vacantes, lo que resulta especialmente gravoso en los casos en que coinciden dos o más bajas”. Y advierte de la gravedad del problema “cuando esto afecta a los juzgados penales, que tienen unas plantillas muy reducidas”.
Otro de los frentes causantes del brutal atasco es la gran litigiosidad, sobre todo en los juzgados de primera instancia. La saturación tiene su origen en los pleitos por desahucios u ocupaciones y en las reclamaciones de las cláusulas abusivas de las hipotecas para los consumidores particulares después de que la justicia europea ordenase su devolución. Para hacer frente a estas reclamaciones se asignó un único juzgado de primera instancia para estos temas. Ante tal avalancha de casos se incorporó personal de refuerzo, lo que ha permitido reducir las causas pendientes. A principios del 2023 había 11.310 casos pendientes acumulados de años anteriores, mientras que a finales de año habían 5.681.
En la Audiencia de Barcelona, las secciones civiles también “están absolutamente saturadas de trabajo”, según afirmó el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio. Precisó que, a excepción de las secciones especializadas en familia y en mercantil, están trabajando cerca de un 100% más de la carga de trabajo prevista por el CGPJ, que establece que cada magistrado debe recibir 200 asuntos al año, y están recibiendo, 395, casi el doble. Además, los recursos pendientes de resolución se han doblado en los últimos tres años, pasando de los 11.149 en el 2020 a los 23.304 en el 2023. Por esta razón, Recio insta a las administraciones a que intenten fomentar la mediación para que se resuelvan los conflictos fuera de los cauces de la justicia. Para tener una situación aceptable, el responsable de la Audiencia reclamó un mínimo de un magistrado más en todas las secciones.
Problemas técnicos en los juicios
La pandemia del coronavirus abrió la posibilidad de celebrar juicios telemáticos a través de videoconferencia y facilitó que testigos, peritos y policías pudieran declarar en vistas e interrogatorios a través de internet. Sin embargo, la memoria de los juzgados de Barcelona pone de manifiesto algo que los asistentes asiduos a juicios conocen a la perfección: que el sistema Webex con el que se realizan las conexiones presenta “numerosos problemas técnicos”. El programa además cuenta con limitaciones y es incompatible con los sistemas de videoconferencias de otras comunidades autónomas, con lo que no se puede realizar la conexión o bien se retrasa la declaración durante horas. El sistema tampoco permite exhibirle al compareciente ningún documento, problema que se ha paliado poniendo pantallas grandes en las salas de vistas.
