La proporción de población que no se puede permitir mantener su hogar a una temperatura adecuada, en invierno y en verano, se ha duplicado en el periodo 2020-2022 pasando del 9,4% al 19,2% en Catalunya, dos puntos más que la media española y lejos del 6,8% de la Unión Europea, según consta en el informe de la Sindicatura de Greuges La pobreza energética en Catalunya 2023. Retos pendientes en un contexto de crisis energética, que se ha debatido esta tarde en la comisión del Síndic de Greuges del Parlament.
La Sindicatura indica que recibió 1.614 quejas relacionadas con el consumo de energía en el 2022, un 125% más que en el 2019
El alza del precio de los suministros ha impactado en las economías domésticas de manera que el gasto de las familias en agua, gas y electricidad se ha incrementado un 7% respecto al periodo anterior a la pandemia de la covid y un 30% en relación a antes de la crisis del 2008, se pone de manifiesto en dicho documento. La Sindicatura indica que recibió 1.614 quejas relacionadas con el consumo de energía en el 2022, un 125% más que en el 2019. En concreto, los ciudadanos expresaban sus dificultades para poder pagar las facturas, los problemas para tramitar el bono social y su preocupación por el corte de suministro por impago
El informe de la Sindicatura denuncia que el bono social eléctrico no llega al 23% de la población que sufre pobreza severa. Por eso, en el apartado de recomendaciones al Estado figura “desburocratizar” su tramitación y simplificar la documentación que se debe aportar, “muy compleja de recopilar para las personas vulnerables”. Otras sugerencias son revisar el cumplimiento del convenio firmado hace dos años entre la Generalitat y Endesa, en el marco de la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética para garantizar ayudas o descuentos a los ciudadanos más necesitados, así como impulsar acuerdos con otras compañías suministradoras, tal como dicta dicha norma.
La síndica, Esther Giménez -Salinas, recuerda que urge acometer el desplegamiento reglamentario de la citada ley en el sentido de regular el protocolo de comunicación entre los servicios sociales y las empresas para evitar los cortes a las familias más frágiles.
El informe advierte que, “a diferencia de la pobreza monetaria, no hay un consenso claro en cómo se debe dimensionar la prevalencia de la pobreza energética”. Indica que se tienen en consideración tres criterios básicos: la capacidad de atender con normalidad el pago de las facturas de los suministros, poder mantener el hogar a una temperatura adecuada y el peso del gasto de energía en relación al presupuesto familiar. En función del criterio que se tome como referencia, esta situación afectaría a entre el 5% y el 20% de la población en Catalunya.