La Generalitat de Catalunya en aplicación de la ley de Costas, ha notificado una resolución estatal que conmina a los clubes náuticos de playa a derribar sus instalaciones. En el litoral barcelonés, el reglamento general de Costas del Estado pone en peligro la continuidad de una decena de instalaciones deportivas a las que caducó la concesión que disponían desde hace más de treinta años. Los clubes inician acciones judiciales.
En casos como el del Club Nàutic Bétulo en Badalona, el Ayuntamiento, ahora presidido por el socialista Ruben Guijarro, impulsa conjuntamente una estrategia judicial conjunta ante la resolución de la Generalitat, notificada hace pocos días. En ella se insta al club deportivo a derribar las instalaciones en la playa de Els Pescadors, para lo que les insta a presentar un proyecto técnico de obras de demolición y un programa de restauración y reposición del terreno a su estado anterior.
LLas instalaciones del CN Bétulo, sentenciadas por la ley de Costas y amenazadas por la erosión de las playas (Xavi Jurio)
El grupo parlamentario catalán de Junts per Catalunya, se ha mostrado muy crítico con la decisión estatal. “El Gobierno español ordena y la Generalitat ejecuta” detalla Míriam Nogueras, su portavoz, pero en ningún caso, el Gobierno de Pedro Sánchez “ha dado respuesta a las reclamaciones de los clubs catalanes”. Entiende la parlamentaria que “la solución es tan sencilla como modificar el artículo 70 del reglamento de la ley de Costas” un trámite que no precisa de ningún proceso parlamentario, únicamente “la decisión del Consejo de Ministros”.
Nogueras recuerda que durante el último mandato del PP, el PSOE votó en contra del reglamento general de Costas, por lo que ahora reclama a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, “que defienda a las entidades y canalice sus peticiones”. Los grupos catalanes en el Congreso, ya en el 2018 promovieron una propuesta de ley (PDL) para ampliar a 750 m2la superficie de ocupación, que también fue rechazada.
En paralelo, la dirección general de Polítiques de Muntanya i Litoral de la Generalitat en aplicación de la ley 22/1988, de 28 de julio, ha denegado a los clubs que así lo han requerido “la prórroga en la concesión de ocupación del dominio público marítimoterrestre” y declara la extinción de vencimiento de la concesión otorgada, en el caso de Badalona, en 1942. Otros, como el CN Cabrera de Mar, decidió poner fin a sus 52 años de existencia a finales del pasado mes de abril.
Los grupos catalanes en el Congreso de los Diputados instan al PSOE a modificar la ley de Costas
Sorprende que esta problemática no se dé en el resto de España, porqué este tipo de instalaciones deportivas y lúdicas son propias de la costa catalana. Para adaptarse a la nueva normativa, las entidades deportivas están sujetas al cumplimiento de la legislación vigente que determina que las instalaciones dedicadas al deporte no pueden superar los 300 m2más otros tantos de construcciones dedicadas a la expedición de comidas, bar o club social. Todos los centros deportivos de playa superan estas dimensiones.
El litoral norte catalán, para el Ministerio para la Transición Ecológica, es una zona de “especial protección” lo que abona la negativa, especialmente después de sufrir las consecuencias del cambio climático a las que se asocia una gran pérdida de arena que, en muchos casos, hace peligrar los locales en la playa.
De nada ha servido que los ayuntamientos impongan fórmulas imaginativas, como la declaración de las instalaciones playeras como bien cultural de interés local. Ahora, solo les queda la vía jurídica y en cada caso presentar un recurso de alzada para agotar la vía administrativa e intentar conseguir medidas cautelares que paralicen las ejecuciones de l os derribos.
Ante el hipotético incumplimiento del reglamento para proceder a adecuar o demoler la instalación, los clubes se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros. En este caso son los presidentes de las entidades quienes responden con su patrimonio, lo que fuerza aún más al cierre de las instalaciones.
“Cierran las puertas del mar a la ciudadanía”, coinciden las entidades apoyadas por la Federació Catalana de Vela. Recuerdan que desde el Departament de Territori, se comprometieron a liderar las conversaciones para desencallar la situación y mantener la base “del deporte más laureado del olimpismo español”. Pero en los últimos años la Generalitat ha estado negociando con el ministerio, sin éxito.
Los presidentes de las entidades se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros si no acatan la resolución
Irónicamente es la Administración catalana quien desde el 2008 dispone de las competencias para otorgar concesiones de instalaciones en las playas. Son atribuciones limitadas que se negociaron parcialmente, ya que la última palabra la tiene el informe vinculante que emite el ministerio.