Barcelona traslada a Bruselas la decisión sobre la ampliación de El Prat
Infraestructuras
El pleno del Ayuntamiento pide un informe a la Unión Europea sobre el impacto en el medio natural del proyecto de prolongación de la tercera pista
Aeropuerto de El Prat en una imagen de archivo
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado “exigir a Aena que cualquier proyecto de ampliación de la capacidad aeroportuaria se haga previo análisis de su impacto sobre el medio natural y la biodiversidad del entorno del delta del Llobregat y previo informe favorable de la Unión Europea”. La posición de Bruselas sobre la ocupación del espacio natural de La Ricarda se antoja fundamental para el futuro del aeropuerto ya que es un lugar protegido por la normativa europea recogida en la red Natura 2000.
Al mismo tiempo, se encargará a los servicios técnicos del Ayuntamiento la elaboración de un informe en el que se analicen las ventajas y los inconvenientes de las diferentes opciones que permitan a Barcelona especializarse en rutas de larga distancia. Es una manera velada de analizar una hipotética ampliación del aeropuerto, ya que para ello es imprescindible alargar la tercera pista unos 500 metros o modificar la operativa de las pistas, con el correspondiente incremento del ruido para los vecinos de Gavà y Castelldefels.
La propuesta, presentada por Junts per Catalunya, ha sido aprobada con el apoyo del gobierno municipal (Barcelona en Comú y PSC), ERC y Barcelona pel Canvi, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. El texto final de los posconvergentes se ha transaccionado con comunes, socialistas y republicanos para encontrar un punto de acuerdo en el que todos se sintiesen cómodos, apostando por el crecimiento del aeropuerto pero supeditándolo a un respeto absoluto al medio ambiente.
Un debate previo antes de tomar ninguna decisión
“Es un buen punto de partida para un debate inajornable”, ha considerado el teniente de alcalde Jaume Collboni. Para el líder socialista, “la propuesta está sobre la mesa y las administraciones catalanas deben dar una respuesta que debe tener un análisis y el visto bueno de la Unión Europea”. Collboni no ha entrado a valorar cual sería la mejor opción. Sí que lo ha hecho la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. “Tenemos un delta protegido por la Unión Europea, hemos de adaptar las infraestructuras públicas a esa lógica”, ha considerado la concejal común, en una posición mucho más contundente que la de su socio de gobierno.
Sea en un sentido u en otro, Els Artadi, de Junts per Catalunya, ha instado a “huir de un debate estéril sobre el puente aéreo y abordar en su plenitud lo que se hace en el aeropuerto”. En la misma línea se ha pronunciado el republicano Miquel Puig, que ha reclamado “un debate riguroso con las ventajas y los inconvenientes de cada opción” para tomar una decisión sobre la que ha reconocido que su grupo no tiene un posicionamiento claro.