Habitatge investiga subidas irregulares en alquileres de protección oficial

La Regidoria d’Habitatge del Ajuntament de Barcelona está investigando si el fondo de inversión Lazora, propietario de un bloque de pisos de protección oficial en la Plaza Alfons Comín 11, en el barrio de Sant Gervasi-La Bonanova, ha estado cobrando a sus inquilinos rentas por encima de lo que establece la ley.

Los vecinos de este inmueble se han movilizado esta semana, junto a los de otras cuatro fincas de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat y Terrassa, para frenar la subida del precio de sus alquileres que exige Lazora, propietaria de todos los bloques. En algunos casos, el aumento del precio de la renta que reclama el fondo supera el 80%.

Lo que dice el Ajuntament de Barcelona

“Hay indicios de una posible infracción”

Lucía Martín
Regidora d’Habitatge

La particularidad del edificio ubicado en la frontera de tres distritos (Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Gràcia) es que se construyó en 2008 en un suelo calificado como protegido. El proyecto lo desarrolló Regesa, empresa de gestión y promoción inmobiliaria del Consell Comarcal del Barcelonès. Este organismo público, ya disuelto, vendió el bloque en 2010 a Lazora. El equipamiento estuvo calificado en régimen general de protección oficial hasta 2018, cuando su régimen de protección cambió a concertado.

“El período de calificación del edificio es de 90 años. Lo único que ha cambiado es la modalidad del régimen de protección. Pero los precios de la renta siguen estando regulados”, aclara Lucía Martín, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. El Consistorio recibió recientemente a una representación de los vecinos de esta comunidad, quienes desconocían que sus viviendas siguen estando bajo protección.

Los inquilinos plantearon al Gobierno municipal sus dudas sobre la legalidad de las subidas de la renta que exige Lazora en los nuevos contratos. En algunos casos, denuncian, el aumento supera el 30%. También se quejaron de que el fondo les obliga a pagar los gastos comunitarios, el seguro de impago y el IBI de sus viviendas, cuotas que consideran que deberían ir a cargo de la propiedad. Además, Lazora incluye en los nuevos contratos el arrendamiento de una plaza de parking –interese o no a los arrendatarios-, lo que supone un gasto adicional de otros 100 euros.

Fuentes municipales admiten a La Vanguardia que la información que han presentado los vecinos de Alfons Comín (contratos de alquiler y la tabla de rentas de la comunidad de años anteriores) les permite “intuir” que Lazora habría estado “cobrando rentas por encima de lo estipulado” por la Generalitat para las viviendas protegidas: “A falta de disponer de toda la documentación, existen indicios de una posible infracción administrativa. Lo estamos estudiando. Si se confirma, abriremos un expediente sancionador para recuperar las cantidades que se les haya cobrado de más a estos inquilinos”, afirma la concejal de Vivienda, Lucía Martín.

En Barcelona

Plan de inspección de las VPO

Habitatge insiste en que garantizar el derecho de vivienda de los ciudadanos de Barcelona es una prioridad del Gobierno municipal, “y especialmente en el caso de las viviendas protegidas, donde ha habido una inversión pública”. Las competencias de las políticas de inspección de las VPO son de la Generalitat, pero el Ayuntamiento de Barcelona solicitó poder intervenir en esta área ya en su anterior mandato, según la concejal.

“En diciembre de 2017 iniciamos un plan sistemático de control del parque de VPO de la ciudad. Hasta entonces ninguna administración se había preocupado de comprobar si estas viviendas cumplen o no su función social, a pesar de la falta evidente de parque público”, explican fuentes de la concejalía. El Consistorio ha inspeccionado 3.150 pisos de las aproximadamente 16.000 viviendas de protección oficial que hay en Barcelona.

Las irregularidades detectadas hasta ahora son “una minoría”, admite Habitatge. “Hemos detectado algún piso que se alquilaba un poco por encima del precio que marca la ley”. Algunos de los expedientes abiertos han terminado con sanciones (hasta ahora 18 expedientes). En otros se ha regularizado la situación (24 viviendas) y 7 de los pisos en los que se han detectado infracciones se han acabado incorporando a la bolsa de alquiler de la ciudad.

El Ayuntamiento puso en marcha este plan priorizando los pisos que pierden dentro de poco la calificación, ya que suelen ser los más propicios a usos anti-sociales. Por eso, bloques como el de Alfons Comín, donde aún quedan muchos años de protección, no han sido aún objeto de inspección.

Respuesta de Lazora

“La rentas están tasadas por ley”

Contactadas por este diario, fuentes de Lazora desmienten “de forma tajante” que los vecinos del bloque de la Bonanova hayan estado pagando rentas superiores a las que marca la normativa vigente: “Es imposible, pues son rentas tasadas y fijadas por ley. Además, los contratos están visados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que corrobora de los precios están bien aplicados”, asegura un representante de Lazora.

El fondo considera injustas las campañas en su contra de algunas organizaciones sociales y se sacude las críticas: “Las administraciones públicas han incurrido en dejación de funciones y no han puesto en marcha políticas de viviendas adecuadas para atenuar los problemas reales de vivienda”, dicen en un comunicado.

Añaden que su “equipo de mediación social” no ha detectado “ningún caso de vulnerabilidad social” entre los vecinos de esta finca, que por su parte denuncian que no tienen interlocución alguna con la empresa.

Los precios máximos que marca la Generalitat para las viviendas de protección oficial en Barcelona son de 7,28 euros/mes/m2 de superficie útil para el régimen general y 8,89 euros para el régimen concertado.

Según una tabla de las rentas de la comunidad correspondientes al año 2012 que los vecinos llevaron a la reunión con los representantes municipales de Habitatge y a la que también ha tenido acceso La Vanguardia, los alquileres cobrados por Lazora entre 2010 y 2018 estarían sensiblemente por encima de lo establecido. El documento desglosa también los gastos de la comunidad y el IBI, que se computan a parte y que también van a cargo de los arrendatarios.

Testimonios

“Entra gente de otro nivel”

David Álvarez
Vecino de Alfons Comín 11

David Álvarez es uno de los tres vecinos que permanecen en esta finca de 66 viviendas desde que se construyó en 2008. Empezó pagando 450 euros al mes por su piso de 53 metros cuadrados. En 2018 firmó un nuevo contrato por 505 euros. Ambos precios están por encima de los máximos que marca la Generalitat para viviendas de protección oficial. “Ahora piden 800 euros”, denuncia. “Sin contar comunidad, seguro, IBI y en algunos casos parking, que va a parte”.

“Hay unos 10 pisos vacíos y 5 o 6 familias que están sin contrato en vigor. Ahora entra gente de otro nivel adquisitivo. Pueden pagar lo que piden. El problema es que ocupan el lugar de quienes no llegan ni a eso y no tienen otra alternativa de vivienda protegida”, lamenta. En la web de Lazora los pisos del “barrio de La Bonanova, zona alta de Barcelona”, se anuncian “desde 765 euros”.

Sobre las protestas de los vecinos de Barcelona y Madrid acerca de las subidas abusivas del alquiler, Lazora afirma que sus actualizaciones de renta están “siempre en consonancia con los precios similares en la misma zona” y que la gestión de cada edificio o promoción es también “individualizada, en función de sus circunstancias y características”.

El Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya, que coordina las acciones de los vecinos de los cinco bloques que protestan por la gestión de Lazora, inició el lunes una campaña para pedir una renovación de contratos de alquiler justa y sin cláusulas fraudulentas. “Lazora forma parte, junto con Blackstone y Cerberus, del grupo de fondos buitre que compraron a los bancos rescatados por el Estado ‘packs’ de viviendas a precio de saldo. Su única hoja de ruta es la rentabilidad máxima para cumplir con sus inversores, y para ello suben de forma abusiva el precio del alquiler en las ciudades, provocando un efecto contagio en el mercado de alquiler”, denuncia Jaime Palomera, portavoz del Sindicat.

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