El representante de la asociación hotelera de una gran ciudad americana habla de un problema muy particular que tienen con los apartamentos turísticos. Poco después, el de otra potencia turística europea narra efectos que son exactamente iguales. “Resulta que no es un problema particular, sino que es global”, resume Manel Casals, director general del Gremi d’Hotels de Barcelona.
Con la intención de articular una respuesta conjunta, esta semana se han reunido en la capital catalana una treintena de asociaciones hoteleras de todo el mundo. Tras dos días de intenso trabajo han surgido unas pautas comunes que trasladarán a las administraciones para que las apliquen en la lucha contra el alojamiento turístico ilegal.
Uno de los aspectos más importantes que reclaman es la obligatoriedad de contar con un registro de todos los alojamientos turísticos para que la administración tenga el control de la situación. Es la base para poder regular activamente las prácticas que se consideren ilegales, con multas a las plataformas incluidas, como las que puso Barcelona a Airbnb en su momento.
Otras medidas acordadas ponen el foco en una fiscalidad similar entre hoteles y alojamientos turísticos mediante tasas e impuestos turísticos, “un factor clave para una competencia justa”, según reza el documento elaborado con aportaciones de representantes hoteleros de Nueva York, París, Buenos aires, Londres, Tokio y Ciudad de México, además de Barcelona, que ha ejercido de anfitriona.
El Gremi d’Hotels de Barcelona agradece el cierre de pisos ilegales y pide que se regule el alquiler de habitaciones
Todas estas actuaciones son una realidad en la capital catalana y el Gremi d’Hotels se lo agradeció explícitamente ayer al concejal de Turismo, Agustí Colom. Los alojamientos turísticos ilegales en Barcelona llegaron a ser más de 6.500 y ahora la cifra es de algunos centenares. “No siempre estamos de acuerdo pero en este caso han hecho muy buen trabajo”, celebró Casals. A quien le corresponde ahora ponerse manos a la obra es a la Generalitat, que lleva cuatro años redactando una normativa para regular el alquiler de habitaciones privadas, un problema que va al alza.
Aún así, al Ayuntamiento de Barcelona aún le quedan deberes por hacer si quiere cumplir con las siete pautas en las que se condensa el posicionamiento común de los hoteleros. Hay cuatro puntos que ya son realidad en Barcelona, pero le faltan tres. Entre ellos, la obligación de los apartamentos turísticos de ofrecer unos mínimos de seguridad, accesibilidad y salubridad –como ya hace Madrid– y una cláusula que da a los vecinos y propietarios el derecho a decidir si quieren convivir con alojamientos turísticos en su comunidad, como se está haciendo en Nueva York y Argentina.