Barcelona hace efectivos los recortes no reconocidos

El 13 de julio, el mismo día que La Vanguardia publicó que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau trabajaba con un plan de recortes de 107 millones de euros en inversiones que, a su vez, suponía el freno de unas 159 inversiones, el teniente de alcalde de Economía, Gerardo Pisarello lo negó todo. Aunque el documento que sustentaba la información fue reconocido como interno y, a partir de entonces, el Consitorio empezó a hablar de “reprogramaciones” y de “ajustes”, Pisarello aseguró que, como prueba de que no habría tales recortes, en enero de este año, el solar de Sarrià donde está prevista la nueva biblioteca estaría lleno de excavadoras. Pero no lo está “y difícilmente lo estará”, reconoció ayer el comisionado de Cultura, Joan Subirats, a la portavoz del PSC, Carmen Andrés. Lo hizo en un día en el que, además, trascendió un nuevo documento interno del que se desprende que, desde julio del 2018, existía una orden de reducir entre un 5% y un 10% el gasto corriente. Algo que también se negó.

Subirats dio la cara por el teniente de alcalde de Hacienda en el marco de la comisión matinal de Derechos Sociales. Pisarello sí que compareció en la comisión de Economía y Hacienda de la tarde, si bien tampoco aclaró mucho. No habló de los actuales recortes ni de los previstos ni del decreto de prórroga presupuestaria que contempla que en el 2019 el ejecutivo local cuente, ya de inicio, con unos 118 millones de euros menos para este año. Pisarello se limitó, prácticamente, a hablar de los presupuestos del Estado y a criticar a las otras formaciones. Sobre las cuentas municipales para este año, dijo que se elaborará, ahora, otra propuesta –el resto de partidos se quejan desde octubre de falta de diálogo– “lo más detallada posible”.

La prórroga de las cuentas contempla una reducción de 118 millones para el 2019

Por su parte, tanto la concejal del PSC Monserrat Ballarín como la del PDECat Sònia Recasens esgrimieron en la comisión de la tarde un expediente del Ayuntamiento por el que se anula la licitación para arrendar diez furgonetas de atestados de la Guardia Urbana, fechado en 18 de octubre del 2018. Un documento firmado por la jefe de departamento de Administración Económica y Contratación del Ayuntamiento que justifica que las diez furgonetas previstas se descartan totalmente por las dificultades económicas previstas. Un ajuste más y un documento del que también se extrae que, desde julio del 2018, había una consigna para disminuir entre un 5% y un 10% el gasto corriente. Una recomendación procedente de la gerencia de Economía que, en su momento, denunciaron, además de los partidos de la oposición, sindicatos, algunos trabajadores municipales (como los de los servicios sociales) y que sí acabó reconociendo en octubre del año pasado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, si bien tampoco habló de recortes sino de “contención para poder llegar a finales de año”.

“Todavía faltan 60 millones de plusvalías para recaudar que no son culpa de los otros. Todos los ayuntamientos contemplaron que habrían menos ingresos, Barcelona calculó que ingresaría un 33,6% más”, denunció la concejal socialista Ballarín, que insistió que se están prorrogando unos presupuestos, los del 2018, “que saben que estaban mal hechos” y que, según los socialistas, pueden cronificar los recortes. La edil del PSC habló de la zona deportiva de La Magòria, el piso de mujeres maltratadas de Ciutat Vella o de dos nuevas guarderías en Nou Barris y en Horta, que estarían ahora mismo en el aire.

La zona deportiva de La Magòria o el piso para víctimas de maltratos, en el aire

Inversiones recortadas, “reprogramadas”, algunas sin fecha clara de ejecución –la biblioteca de Sarrià, por ejemplo, cuyo solar tendría que estar lleno de excavadoras de este mes– y que la oposición sigue demandando saber cuáles son. Con claridad. Y lo piden mientras, en los últimos meses, se han presentado proyectos bajo sospecha que el Ayuntamiento dice que se mantienen, pero cuyas obras comenzarán una vez celebradas las elecciones de mayo: caso del nuevo Centro de Acogida de Animales de Compañía que se construirá en Montcada, la reforma de El Borsí o del grueso de las obras de la propia Rambla.

“¿Son conscientes de la responsabilidad que tienen?”, preguntó Recasens a Pisarello. “Queremos más explicaciones y menos excusas”, espetó la concejal del PDECat, que advirtió que el teniente de alcalde “dejará en la ciudad la huella de los recortes”.