Barcelona multa un 21,5% menos en el gran año del ‘top manta’

Los comerciantes de Barcelona y todo aquel que dirija sus pasos al frente marítimo de la ciudad y a otros lugares céntricos como la Rambla y la plaza Catalunya, en la superficie y en el subsuelo, convendrán en que nunca como este año, y especialmente durante el verano recién terminado, se había visto tal cantidad de manteros en las calles de la ciudad catalana, Sin embargo, esta mayor presencia de la venta ambulante ilegal no se ha visto correspondida por la acción policial. Es muy probable que las instrucciones dadas por los responsables políticos del Ayuntamiento a la Guardia Urbana expliquen en gran medida que, a pesar del auge del top manta, en los ocho primeros meses de este año se haya interpuesto un 21,5% menos de denuncias que en el mismo periodo del 2017.

El anterior dato está extraído de los registros de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra a los que ha tenido acceso La Vanguardia. Forma parte de las mismas estadísticas que este diario publicó hace unos días y en las que se apuntaba un fuerte incremento de la actividad delictiva en Barcelona. En el apartado referido a las denuncias por infracciones a la ordenanza de la convivencia en el espacio público se observa que en el mes de julio la disminución del número de sanciones por venta ambulante (además del top manta incluye otras modalidades como, por ejemplo, la venta de latas de cerveza y de mojitos) fue del 20,7% respecto al mismo mes del año pasado y que en agosto la caída, siguiendo la tendencia de todo el 2018, se cifró en un 16,7%. Si se analizan únicamente los datos correspondientes al distrito de Ciutat Vella, con diferencia el de mayor actividad mantera de la ciudad, se observa que la reducción del número de demandas respecto al año anterior fue de un 23,2% en julio y de un 19,3% en agosto.

Compra sin castigo

En ocho meses, tan sólo se han impuesto 67 denuncias a clientes de los manteros

Otros datos revelan que la magnitud del fenómeno de la venta ambulante ilegal no se corresponde con una mayor actividad sancionadora, sino más bien todo lo contrario. Tampoco se castiga a los compradores de estos zocos de productos, muchas veces falsificaciones de grandes marcas, que se instalan a diario en determinadas zonas de Barcelona. Entre enero y agosto únicamente se contabilizaron 67 denuncias (la mitad que en el mismo periodo del 2017), cuatro de ellas en julio y siete en agosto.

En el periodo analizado se decomisaron un total de 357.675 latas (un 6,6% menos que en el año anterior), y ello a pesar de que en el pasado mes de agosto fueron intervenidas más de 152.000, casi el doble que en agosto del 2017, seguramente como consecuencia del hallazgo de algún punto importante de distribución de esta mercancía.

Vista gorda

La persecución de la prostitución callejera cae a niveles testimoniales

Los indicadores policiales apuntan otro aspecto muy destacado de la aplicación de la ordenanza del civismo. Sabido es que el gobierno de Ada Colau siempre ha considerado que la práctica de la prostitución callejera no debería ser objeto de sanciones tipificadas en la ordenanza municipal del civismo aprobada a finales del 2015, que ha sido objeto en este mandato de una revisión que finalmente no ha prosperado por falta de apoyos políticos. De hecho, en la formación que lidera la alcaldesa de Barcelona son numerosas las voces que, en el debate sobre la prostitución, se pronuncian a favor de la legalización. Y a juzgar por el total de denuncias de este año no parece que el gobierno de los comunes esté precisamente por la labor de utilizar la sanción como instrumento. En los ocho primeros meses del 2018 se formuló un total de 38 denuncias por prostitución, y en los dos meses centrales del verano, tan sólo cinco. Es más, en lo que va de año, en las estadísticas policiales, en la casilla correspondiente a denuncias por ofrecimientos sexuales, figura un cero rotundo que minimiza incluso las nueve sanciones testimoniales del año 2017.

A juzgar por los datos de que disponen la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, Barcelona parece estar viviendo este año un periodo de mayor tolerancia en lo que respecta al consumo de alcohol en la vía pública. El número de sanciones entre el 1 de enero y el 31 de agosto todavía es considerable (más de 17.000), aunque esta cifra representa una caída del 22,6% respecto al año pasado.

El comercio choca contra la pared del Ayuntamiento

Las asociaciones de comerciantes y empresarios de la ciudad afectados por el top manta –agrupadas en una plataforma que integra a más de cuarenta entidades– no sólo se sienten perjudicadas por esta actividad al margen de la ley, sino también por la escasa sensibilidad del gobierno municipal hacia sus reivindicaciones. Se plantean diversas actuaciones. Por un lado, una campaña informativa con la que, entre otras cosas, se querrían contrarrestar algunos mensajes que en torno al fenómeno mantero se emiten desde el Ayuntamiento de Barcelona. Los afectados por el top manta admiten que detrás de las personas que se dedican a la venta ambulante ilegal se esconde un drama social, pero también pretenden comunicar que precisamente esta actividad perjudica de manera muy seria a miles de trabajadores y a sus familias, con la caída de ingresos de los negocios y, en muchos casos, la pérdida de empleos. Una de las primeras cosas que piensan hacer es algo tan sencillo como contabilizar de la manera más precisa posible cuántos puestos de trabajo suman las empresas y asociaciones integradas en esta plataforma reivindicativa. Algunas fuentes apuntan otro hecho no menor que tener en cuenta, el de la fiscalidad a la que tienen que hacer frente los comerciantes mientras que quienes más se están lucrando del top manta –que no son necesariamente los vendedores– se libran del pago de impuestos.

¿Menos botellón?

El consumo de alcohol en la vía pública se sanciona un 22,6% menos que en el 2017

La otra posible vía de actuación de los afectados por este fenómeno desbocado es la de elevar sus quejas a otras administraciones en vista de la escasa atención que les presta el Ayuntamiento de Barcelona. En este sentido, las fuentes consultadas por La Vanguardia apuntan que la dirección general de Comerç de la Generalitat podría realizar una estimación del impacto económico de la venta ambulante ilegal. En paralelo se está haciendo gestiones para que en las instancias más altas del gobierno autonómico, incluido el presidente Quim Torra, el problema que genera el top manta a muchos comerciantes se conozca de primera mano.

Hasta la fecha, el Síndic de Greuges ha tratado de mediar en el conflicto del top manta sentando a una misma mesa a todas las administraciones y entidades que tienen algo que decir al respecto. A menudo estos intentos, sin embargo, han quedado neutralizados por la escasa voluntad de algunos representantes políticos por encontrar soluciones a un problema que durante mucho tiempo, e incluso ahora, se han esforzado en minimizar.