Pacto de no agresión con los okupas

Mientras en el Congreso de los Diputados se empieza a debatir la necesidad de dotar a las administraciones públicas de instrumentos para combatir el creciente fenómeno de la ocupación mafiosa de pisos vacíos, que después son revendidos por sus usurpadores a otros inquilinos (una práctica de la que se hizo amplio eco La Vanguardia ), en la ciudad de Barcelona la okupación más clásica, la que tiene una base ideológica de diversa consistencia, se mantiene viva y poniendo a prueba al gobierno de turno, en este caso el que dirige la alcaldesa Ada Colau. Y como sucedió con los anteriores, el actual gobierno municipal sigue sin encontrar una fórmula mágica para afrontar este fenómeno sin lastimarse más de la cuenta.

“Colau se debería escribir ya con doble K: alkaldesa Kolau”, sentencia a menudo el presidente del grupo municipal popular, Alberto Fernández, el fiscal más implacable e inagotable del movimiento okupa en la capital catalana. Hace unas semanas, y el martes volvió a repetirlo, Fernández denunció que en sólo medio año de gobierno de la exactivista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la alcaldía, el número de “ okupaciones ilegales” en Barcelona aumentó un 66%, de 642 a finales del 2015 a 1.065 en el pasado verano. Estos números, que figuraban en la respuesta del gobierno a unas preguntas formuladas por el PP, revelan que en distritos como Ciutat Vella o Nou Barris se dobló en ese periodo el número de viviendas okupadas.

Los populares tienen controlada una docena de auténticos refugios okupas, algunos de ellos con una larga historia, como el Casal Tres Lliris (antiguo cuartel policial de la Travessera de Gràcia), los antiguos cines Lauren, las casitas de Hort de la Vila en Sarrià, la Kasa de la Muntanya (que ha sido incluida en una guía turística del distrito de Gràcia), la polémica Can Vies (la casa de Sants que tantos problemas causó al alcalde Trias), la antigua sede del Instituto Botánico o los Blokes Fantasma de la avenida Coll del Portell. En estos casos, el gobierno de Ada Colau, consciente de que un enfrentamiento con el movimiento okupa será de difícil digestión para sus votantes, antepone la mediación –cuando no la colaboración– al conflicto.

Fuentes del equipo municipal niegan que en Barcelona se produzca un incremento de las okupaciones –con k– como consecuencia de un supuesto efecto llamada, y apuntan que los datos que maneja el PP incluyen todo tipo de usurpaciones de viviendas, algunas justificadas por razones sociales y económicas por el Ayuntamiento, y otras que no tienen esa justificación.

Según esas mismas fuentes, el Ayuntamiento aplica el principio de actuar en función de cada caso particular y siguiendo varios criterios. El primero, comprobar si en la finca okupada hay o no riesgos para la seguridad de las personas. Es lo que ocurrirá en Hort de la Vila, donde se está elaborando un nuevo informe sobre las condiciones de habitabilidad. Este lugar ha permanecido okupado porque el anterior concejal de Sarrià, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, lo permitió. Un intento frustrado de desalojo ordenado por el actual edil del distrito, el socialista Daniel Mòdol, puso de manifiesto las discrepancias que BComú y PSC mantienen en torno a este fenómeno.

Permitir o no una okupación depende de que la casa okupada cuente o no con algún proyecto inminente de nuevos usos. Este criterio es el que llevó a intervenir en el edificio de Transformadors, donde está previsto construir equipamientos. El nivel de quejas de los vecinos y la consideración del “retorno social” de las actividades realizadas en las casas okupadas son otros factores que, según el Ayuntamiento, son tenidos en consideración a la hora de decidir qué hacer.

Protocolo contra las coacciones

El pasado 28 de febrero, el jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, remitió a los mandos de la policía local un procedimiento operativo con indicaciones de cómo actuar ante particulares o empresas que traten de ejecutar mediante la coacción el desalojo de viviendas o fincas por la vía extrajudicial. En el protocolo, pensado para actuar contra empresas como Desokupa, a la que el Ayuntamiento ya ha llevado ante la Fiscalía y ha criticado en más de una ocasión, se pide a los agentes que comprueben si las personas desalojadas lo están siendo contra su voluntad y por medio de coacciones, y se les insta también a “evitar, en la medida de lo posible, el enfrentamiento entre personas en el espacio público”.