La frustración en la Casa Blanca por el bajo ritmo de deportaciones ha llevado a Donald Trump a desenterrar una ley del siglo XVIII que permite la expulsión rápida y sumaria de inmigrantes –con o sin papeles–, sin necesidad de pasar por un proceso judicial. La ley de Enemigos Extranjeros de 1798 está prevista para tiempos de guerra o en caso de invasión del país, un contexto que, en su retrato fatalista de la realidad, Trump alega que se da con los cerca de 12 millones de indocumentados que habitan Estados Unidos.
Sin embargo, poco después de firmar una proclamación en la que informaba de su intención de usar la ley contra los miembros de la banda criminal venezolana del Tren de Aragua que operan en Estados Unidos, un juez federal de Washington ha emitido una orden temporal con el que bloquea su uso para expulsar a cualquier inmigrante. El juez James Boasberg argumenta que el uso de la ley se escapa del campo de acción del presidente.
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También ha alegado que los inmigrantes se enfrentaban a un evidente daño irreparable, “dado que la gran mayoría de los deportados irán a prisiones en otros países o devueltos a Venezuela, donde se enfrentan a la persecución, o algo peor”. El gobierno de Trump ya ha presentado en seguida un recurso para pedir que se pueda aplicar la ley.
“Proclamo que todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros del Tren de Aragua, se encuentren dentro de los Estados Unidos, y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, son susceptibles de ser detenidos, restringidos y expulsados como Enemigos Extranjeros”, aseguraba la proclamación del presidente.
La Administración había comenzado el proceso de deportación de varios inmigrantes en dos aviones militares –según el abogado que ha demandado a la Casa Blanca, Lee Gelernt, de la American Civil Liberties Union– cuando el juez Boasberg ha emitido la orden, que incluye la obligación de que estos inmigrantes expulsados bajo la ley vuelvan a EE.UU. “tanto si debe dar la vuelta al avión como si no”. “Deben asegurarse de que se cumpla de inmediato”, ha ordenado al Gobierno.
El uso de la ancestral ley de Enemigos Extranjeros buscaba ampliar los poderes de la administración para perseguir primero a los inmigrantes que hayan cometido delitos graves, pero potencialmente también a los demás. Uno de los objetivos iniciales eran los miembros de la banda criminal del Tren de Aragua, que la Administración Trump ya designó en febrero como una organización terrorista internacional.
El juez ha ordenado el retorno de los aviones que ya habían despegado con inmigrantes venezolanos a bordo
Trump prometió por primera vez usar esta ley en octubre, durante un discurso de campaña en la ciudad de Aurora (Colorado), que se convirtió en un símbolo del “crimen migrante” que según él se ha apoderado del país. La ley de Enemigos Extranjeros tan solo se ha invocado en tres ocasiones en la historia del país, todas durante la guerra, según el Centro Brennan para la Justicia. Se usó por primera vez durante la guerra de 1812 con Reino Unido, y después durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial (entonces, se utilizó para internar a los estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros).
Fue ideada para prevenir el espionaje o sabotaje por parte de gobiernos extranjeros en tiempos de conflicto. Pero la Administración Trump quiere usarla en tiempos de paz –lo que el Centro Brennan considera un “abuso escandaloso”– para expulsar a personas en base a su lugar de nacimiento o ciudadanía, aunque se encuentren de manera legal en el EE.UU. Concretamente, la ley da la autoridad al presidente para ordenar que todos los “nativos, ciudadanos, residentes o súbditos” de un país con el que EE.UU. esté en guerra, que sean varones y tengan al menos 14 años, sean “detenidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros”.
En su interpretación, como el Tren de Aragua está produciendo una “invasión” o “incursión depredadora” en el país, dos escenarios contemplados por la ley, por lo que interpreta que le permite llevar a cabo estas expulsiones sumarias. Deportar a inmigrantes sin necesidad de pasar por una audiencia judicial iba a permitir al Gobierno acelerar el ritmo de su prometida “mayor operación de deportación de la historia”. Hasta ahora, aunque duplica la media de detenciones diarias de su predecesor, Joe Biden, el llamado Zar de la Frontera, Tom Homan, lleva semanas quejándose de la falta de recursos para expulsarlos: “Necesitamos dinero para tener más camas“ en los centros de detención, dijo la semana pasada en Fox News.
La ley se ha usado en tres ocasiones, siempre en tiempos de guerra: el conflicto con Reino Unido y dos guerras mundiales
El plan migratorio de Trump ha sido exitoso en la frontera, donde la publicidad de su mano dura ha servido de disuasión para llevar el número de encuentros de la Patrulla Fronteriza a mínimos en este siglo, con 8.500 arrestos en febrero por parte de la Patrulla Fronteriza, la cifra más baja desde el año 2000. Sin embargo, los agentes migratorios deportaron a unos 11.000 inmigrantes el mes pasado, una cifra inferior a los más de 12.000 expulsados en febrero del 2024, según los propios datos del Servicio de Inmigración y Aduanas.
La falta de recursos ha llevado también a repensar el plan de enviar a 30.000 inmigrantes indocumentados a la bahía de Guantánamo en Cuba, que se encuentra en estos momentos en suspenso después de que solo hayan llegado unas 300 personas con los costosos aviones militares, que ya han sido devueltos a EE.UU. Guantánamo, donde EE.UU. mantiene la prisión militar que creó durante su ”guerra contra el terror" tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, iba a ser precisamente uno de los destinos de los deportados mediante la ley de Enemigos Extranjeros.