Cierto es que Donald Trump amenazó en campaña con ejercer de dictador durante un día, pero nadie esperaba la avalancha de órdenes ejecutivas que afectan a un sinnúmero de actividades y sectores, ninguneando al Congreso y haciendo aparentemente caso omiso a la previsible contraofensiva judicial.
Tampoco hay precedentes de que una persona no electa goce del inmenso poder que ejerce el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, el hombre más rico del mundo y el mayor contribuyente, con unos 250 millones de dólares, a la última campaña presidencial de Trump. Musk se ha propuesto, al margen del Congreso y de la judicatura, amputar dos billones de dólares del presupuesto federal, con los consiguientes despidos masivos.
En 1974, con el escándalo Watergate, Nixon no se atrevió a desobedecer el fallo del Tribunal Supremo
Tal como ha apuntado Adam Liptak, especialista en asuntos legales de The New York Times , ya hay varias medidas adoptadas por Trump que pueden ser inconstitucionales, desde la revocación de la ciudadanía por nacimiento hasta el cierre por decreto de una agencia gubernamental, pasando por las amenazas de deportación por razón de ideología política o el despido de empleados públicos con protección civil. La propia creación del citado DOGE sin mediar acción alguna del poder legislativo apunta a una flagrante violación de la Carta Magna.
El mismo Trump da la sensación de situarse por encima de la ley, sin duda animado por el fallo del año pasado del Tribunal Supremo en el sentido de que no podía ser procesado en el ejercicio de sus tareas oficiales. Más inquietantes son aún si cabe las recientes declaraciones de su vicepresidente, J.D. Vance, quien dijo que los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo.
Donald Trump, el pasado sábado, en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora
Para remontarnos a la última vez que EE.UU. estuvo al borde de una crisis constitucional hay que retroceder al verano de 1974, al llamado escándalo Watergate. El Supremo falló por unanimidad que el presidente Nixon debía hacer públicas las cintas magnetofónicas grabadas secretamente en el despacho oval, que al fin y a la postre demostraron no sólo que había ordenado el allanamiento del cuartel general del partido político de la oposición, sino también el encubrimiento de ese delito.
Parece ser que Nixon se planteó la posibilidad de desobedecer el fallo del Supremo, pero la desechó ante la alta probabilidad de que tal desafío acarreara el expediente previsto por la Constitución de procesamiento y remoción del cargo (impeachment ). Dio igual, la presión judicial, política y mediática culminó en su dimisión apenas 15 días después del fallo, la única dimisión presidencial en los casi 250 años de historia de la república estadounidense.
¿Cómo reaccionaría Trump ante una situación semejante? Habiendo sobrevivido ya a dos impeachments , pocas dudas puede haber de que sobreviviría también a un tercero, al margen de que la actual composición del Congreso convierte en remota tal posibilidad. Por otra parte, sus cuatro años como expresidente le convirtieron en un inveterado experto en eludir la acción de la justicia.
Pero lo preocupante no es eso, lo realmente grave sería que se perpetrara una flagrante quiebra del marco constitucional ante la aparente pasividad del electorado, que parece estar más pendiente de cuestiones indudablemente importantes pero más mundanas, como la evolución de los precios de los alimentos o los progresos en la deportación de los inmigrantes sin papeles. En este sentido, los índices de popularidad del presidente en los próximos meses constituirán un buen indicio.