Donald Trump y Elon Musk tienen luz verde, por ahora, para llevar a cabo su programa de bajas incentivadas de funcionarios, una parte clave de su plan de recorte del personal en la administración. El juez federal de distrito de Massachusetts que suspendió la oferta de ocho meses de sueldo a cambio de las renuncias de trabajadores públicos, George O'Toole, ha decidido levantar el bloqueo tras considerar que los demandantes –sindicatos que representan a empleados federales– no se ven directamente afectados y, por tanto, carecen de legitimación para impugnarlo.
Se trata de una victoria inicial para el departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Musk, el hombre más rico del mundo, que está aplicando al gobierno las mismas tácticas que usó cuando compró Twitter y se deshizo de 6.000 trabajadores, más del 80% de su fuerza de trabajo.
Unos 65.000 funcionarios aceptaron la oferta de ocho meses de sueldo a cambio de sus renuncias
Los 2,2 millones de empleados del gobierno recibieron el 28 de enero un correo de la Oficia de Gestión de Personal (OPM) titulado Fork in the Road (Encrucijada en el camino), el mismo asunto que el correo que envió Musk a sus trabajadores en el 2022. En él, daba a los funcionarios hasta el 6 de febrero para decidir entre dos opciones: aceptar ocho meses de sueldo a cambio de su renuncia o mantener su puesto de trabajo bajo el riesgo de ser despedidos bajo el plan de “reducciones de personal a gran escala”, que facilitó Trump este martes con la firma de una orden ejecutiva que expande los poderes de Musk para recortar gastos.
Unos 65.000 empleados federales se acogieron al plan y presentaron su renuncia diferida, según los datos de la Casa Blanca. Sin embargo, tras la demanda conjunta de tres sindicatos de funcionarios y una organización sin ánimo de lucro, el juez O'Toole decidió suspender de forma indefinida el plazo fijado, hasta tomar una decisión. Este miércoles, finalmente se ha pronunciado a favor del gobierno.
Sin embargo, el juez no entra a valorar la legalidad del programa de bajas incentivadas, únicamente descarta la denuncia porque considera que los demandantes no se verán afectados por él: “Los sindicatos no tienen la participación directa requerida en la directiva Fork”, asegura en el escrito, de cinco páginas, por lo que “no es suficiente” para mantener la suspensión. O'Toole, que fue nombrado en 1995 por el expresidente demócrata Bill Clinton, autoriza a la Casa Blanca a establecer un nuevo plazo límite para que los funcionarios acepten su oferta de renuncia diferida.
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El hecho de que el juez no se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión abre la puerta a que se presenten nuevos desafíos legales para un plan cuyos críticos consideran que invade la autoridad del legislativo. La demanda, presentada por la organización sin ánimo de lucro Democracy Forward y por tres sindicatos gubernamentales –la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, y la Asociación Nacional de Empleados del Gobierno– argumentaba que la oferta era ilegal porque el Congreso no había asignado aún los fondos necesarios para compensar a los trabajadores que aceptaron la oferta.
Por este motivo, varios legisladores demócratas llevan semanas advirtiendo a los funcionarios que no deberían aceptarla, porque no hay certeza de que vayan a recibir los ocho meses de sueldo prometidos. Los sindicatos han respondido que ya están planteando los próximos pasos a seguir, aunque asumen que “la sentencia de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la equidad de los funcionarios públicos”, señala Everett Kelley, presidente de uno de los tres sindicatos.
El Congreso está en estos momentos negociando los presupuestos para el próximo año fiscal, que deberán aprobar antes del 14 de marzo, fecha en la que expira la financiación del gobierno. Si los republicanos de ambas cámaras no superan sus divisiones y alcanzan la mayoría necesaria antes de esa fecha, ocurrirá un cierre de gobierno, que, entre otras consecuencias, implica que los funcionarios dejarán de percibir su sueldo.