Primer contratiempo legal de la administración de Donald Trump. El juez de distrito federal John Coughenour, de Seattle, ha bloqueado de forma cautelar, durante dos semanas, la orden ejecutiva que pone fin al derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados, un derecho reconocido por la decimocuarta enmienda de la Constitución.
La decisión, que tiene efecto inmediato y se aplica a todo el país, ha llegado como respuesta a la demanda presentada por los fiscales generales de cuatro estados (Washington, Arizona, Illinois y Oregón) que argumentaron que el decreto, una de las decenas de órdenes ejecutivas firmadas por Trump en su primer día en el despacho oval, es inconstitucional.
El juez no deja dudas al afirmar que la orden de Trump es “descaradamente inconstitucional” y por ello ha decidido bloquearla de inmediato. “Llevo en el banquillo más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara”, ha afirmado en la audiencia Coughenour, que fue nombrado por Ronald Reagan y se ha mostrado “asombrado” porque los asesores de Trump hayan considerado que su decreto es constitucional.
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Este caso es una de las múltiples demandas que se han presentado en desafío a esta orden ejecutiva, la más polémica de todas las que aprobó, dirigidas a frenar lo que considera una “invasión” del país, en un lenguaje alineado con la teoría de la conspiración del Gran Reemplazo. Otro grupo de 18 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda similar en Massachusetts y otros tres grupos de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU), han presentado otros desafíos legales por separado.
El decreto de Trump estipuló que su administración dejará de reconocer de manera automática la ciudadanía a los niños nacidos en suelo americano de padres en situación irregular o con visados temporales de trabajo, estudiante o turista.
La decimocuarta enmienda estipula que son ciudadanos todos los “nacidos o naturalizados en EE.UU.”
Los estados que presentaron la demanda calcularon que esta orden ejecutiva afectaría al menos a unos 153.000 hijos de indocumentados que nacen cada año en el país. Su derecho a la ciudadanía fue establecido en 1868, con la promulgación de la decimocuarta enmienda, que establece en su Sección 1 que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Trump interpretó a su manera esta cláusula al considerar que, como los padres están en el país ilegalmente, no están “sujetos a la jurisdicción” del gobierno de EE.UU., y por tanto sus hijos no merecen la ciudadanía. Sin embargo, todo el precedente legal en los últimos 150 años ha interpretado que la enmienda aplica a “todos” los bebés nacidos en el país.
En su demanda, Washington, Arizona, Illinois y Oregón alegaron que la orden ejecutiva condena a algunos de estos hijos de inmigrantes a ser “apátridas”: “Los individuos que sean despojados de su ciudadanía estadounidense quedarán indocumentados, sujetos a expulsión o detención, y muchos serán apátridas, es decir, ciudadanos de ningún país en absoluto”. De este modo, “serán puestos en situación de inestabilidad e inseguridad de por vida como parte de una nueva clase marginada en los Estados Unidos”.