El Gobierno italiano ha dado luz verde para que la empresa Medihopes, encargada de la gestión de los centros para inmigrantes de Albania, retire a casi todo su personal. El freno de la justicia a la utilización de estos centros para procesar las solicitudes de asilo había dejado con los brazos cruzados al personal civil, que ahora ha regresado a casa. En Albania queda un retén que incluye a policías italianos y trabajadores albaneses. El Gobierno, aun así, insiste en que los centros “siguen abiertos y operativos”.
La verdad es que solo 18 inmigrantes han pasado por ellos desde su apertura. Además, ninguno ha permanecido en los centros de Gjader y Shengjin más de 48 horas.
La justicia debe decidir si los jueces o el Gobierno determinan si un país de origen es seguro
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que violan el derecho internacional porque implica detener en alta mar a personas que necesitan protección.
El tribunal de Roma, especializado en cuestiones migratorias, considera que no se puede devolver a los inmigrantes a países que no son seguros. El criterio de seguridad, según su argumento, lo fija la UE. Para que un país sea seguro debe demostrar que ni persigue ni tortura a los procesados, a los que, además, se les debe garantizar un juicio justo. Egipto y Bangladesh, países de origen de los migrantes enviados a Albania, no pasan estas exigencias.
Hace un mes, el Gobierno Meloni publicó su lista de países seguros, entre los que incluye a Egipto y Bangladesh. La semana pasada, además, presentó una propuesta legislativa para retirar al tribunal de Roma la potestad de decidir si un país es o no seguro.
La semana próxima, el Tribunal de Casación, máxima institución judicial, determinará si la decisión de país seguro corresponde o no a los jueces. En todo caso, el tribunal de Roma ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que clarifique si un Estado puede establecer su propio criterio sobre la seguridad de un país. Su veredicto será el que prevalezca, pero puede demorarse durante meses. Queda la duda de qué hará Meloni si Casación le da la razón.
La operación Albania consiste en externalizar el procedimiento para la petición de asilo. Los hombres rescatados en aguas internacionales se envían a los centros albaneses. Desde allí se conectan por videoconferencia con el tribunal de Roma que tramita la solicitud. Varios países europeos están interesados en imitar esta iniciativa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también cree que puede ser una buena solución.
Medihopes tenía en Albania a cerca de 400 trabajadores, y el 75% habría regresado ya a Italia. Entre los repatriados hay médicos y enfermeras, psicólogos, sociólogos, cocineros, camareros, conductores y policías. Los centros están formados por módulos habitacionales de doce metros cuadrados y están rodeados por una valla vigilada.
El presupuesto anual del mantenimiento de estos dos centros supera los 130 millones de euros. La oposición socialdemócrata considera que es un despilfarro.
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