La derecha que gobierna Italia ha apoyado al líder ultraderechista y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, después de que la Fiscalía haya pedido 6 años de cárcel por el bloqueo del barco humanitario Open Arms en 2019. Mientras, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) ha denunciado “presiones” desde la política.
“Se han dirigido contra representantes del Estado de la Fiscalía insinuaciones de uso político de la justicia y reacciones desmesuradas, también por parte de exponentes políticos y del Gobierno”, denunció la ANM en un comunicado en los medios.
Juzgará con “independencia”
La Asociación Nacional de Magistrados agregó lo siguiente: “Son declaraciones graves, impropias de las funciones ejercidas, en abierta violación del principio de separación de poderes, indiferentes a las reglas que regulan el juicio, que minan la confianza en las instituciones democráticas y que constituyen indebidas formas de presión a los magistrados que juzgan”.
La asociación, que a nivel nacional reúne al 96 % de los magistrados del país, aseguró que el Tribunal juzgará “con independencia” y “guiado por el escrupuloso respeto” de la ley.
“La plena igualdad de todos ante la ley es la auténtica esencia de la democracia, más allá del cargo o la importancia política, y el proceso que tiene lugar en Palermo es en sí mismo un momento de fundamental democracia”, defendió la ANM.
Los hechos juzgados
Salvini está siendo juzgado en el Tribunal de Palermo (sur) por haber bloqueado el desembarco de inmigrantes de la nave de la ONG española Open Arms en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior, en el marco de su férrea política de puertos cerrados a la inmigración irregular.
La Fiscalía reclamó ayer sábado la pena de seis años de cárcel, lo que sacudió la política del país, sobre todo a la derecha, ya que la Liga de Matteo Salvini es uno de los tres partidos de la coalición de Gobierno de la actual primera ministra Giorgia Meloni.
Esta expresó en sus redes sociales su “total solidaridad” con su vicepresidente y tachó de “increíble” que un ministro “corra el riesgo de acabar seis años en la cárcel por haber desempeñado su propio trabajo defendiendo los confines de la Nación, como pedía el mandato recibido de los ciudadanos”, subrayó.
A su parecer, “transformar en un crimen el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo”.
La posición de los Hermanos de Italia
A las críticas también se ha sumado este domingo el presidente del Senado, Ignazio La Russa, quien acusó a los fiscales de querer “interpretar” las normas en unas declaraciones en un acto de su partido, los ultraderechistas Hermanos de Italia de Meloni.
“Tengo total confianza en la justicia, pero pienso que a menudo el Ministerio Público, en juicios como este, hace prevalecer la tesis de querer confiar al fiscal el deber de interpretar las normas. La justicia, según ellos, debería interpretar y corregir las normas pero no es su deber, ni siquiera cuando estén equivocadas”, criticó La Russa, segundo cargo del Estado tras el presidente de la República.
El actual ministro el Interior, Matteo Piantedosi, antiguo jefe de Gabinete de Salvini, también le ha transmitido su solidaridad en un comunicado en el que tacha de “macroscópica distorsión y la injusticia para el país” la petición de la Fiscalía.